Familiares de mayores en residencias piden un modelo de centros “más humanos”

Casi un centenar de ciudadanos vinculados al movimiento Marea de Residencias conmemoraron este domingo en la Puerta del Sol un año de reivindicaciones por un modelo de centros “más humanos”. Mejorar la gestión de la pandemia es ahora una parte crucial en sus reivindicaciones: hasta julio hubo casi 6.000 muertes oficiales por covid-19 entre las 474 residencias de mayores activas en la Comunidad de Madrid. Pero la plataforma también reclama desde antes de la crisis del coronavirus mejorar el ratio de cuidadores y la atención  sanitaria en los propios centros.

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A José Sereno González, octogenario, le duele que no exista un protocolo en tiempos de pandemia que le permita poder acompañar a su esposa más que unos minutos a la semana. “Está hecha un vegetal, consumidita, y no puedo más que verla un día a la semana 20 minutos y escoltado”, dice.

“En esta segunda ola ya no asustan las cifras, nos hemos acostumbrado, pero detrás de cada cifra hay una vida, nombres y apellidos, una historia personal, una familia destrozada. No podemos seguir viendo a nuestros seres queridos encerrados y exigimos una solución para que vuelvan a vivir, a sentir la luz de las calles, sin estar aislados de sus familias, eso es morir también”, señaló en la lectura del manifiesto María Jesús Valero, miembro de la plataforma. Durante los peores momentos de la crisis del coronavirus las visitas de familiares llegaron a estar prohibidas. Ahora se llevan a cabo con estrictos protocolos con el objetivo de evitar contagios.

Carmen López, presidenta de la Asociación de Familiares de la Residencia de Los Frailes, perdió a su madre por covid el 1 de mayo. Hasta entonces asegura que su estado de salud era bueno. “Solo pedimos a la Comunidad de Madrid que se diriman responsabilidades y que no conculquen los derechos de las personas que viven en las residencias porque son ciudadanos de pleno derecho y no se les puede mantener muertos en vida como están haciendo. Están prohibiendo las visitas a los familiares y sin embargo no se están tomando medidas reales de seguridad para proteger a los trabajadores, que son los vehículos principales que entran y salen de las residencias”, consideró.

Carmen Martín, que paseaba vendiendo mascarillas azules con el logo de la plataforma, siente impotencia por alguna de las carencias que constata en la residencia en la que está ingresada su madre.  “No se está cumpliendo el protocolo de la Comunidad de Madrid ni en visitas ni en cuidados. No hay fisioterapeutas las horas que tiene que haber, no se cumple la ratio de personal, los trabajadores están sobrecargados de trabajo y desprotegidos, los abuelos han perdido de cinco a 20 kilos porque no se les están dando las comidas con los nutrientes necesarios, no se les hidrata y cogen muchas infecciones por la falta de higiene”, afirma.

Según datos a los que accedió EL PAÍS en octubre de 2019, en respuesta a una petición hecha por la vía de la transparencia, una quinta parte de los centros autorizados en la región había sido sancionada entre 2014 y 2019. El listado incluía centros de atención social (la gran mayoría destinados a ancianos) y se trataba de motivos como falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento. En total, 130 centros sociales fueron sancionados, de los que 96 eran residencias de ancianos autorizadas y seis eran centros de día. El resto eran 12 centros ilegales, como residencias clandestinas en chalés que fueron cerradas tras ser descubiertas y un pequeño número de centros para personas con discapacidad.

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Los interiores son más peligrosos, pero es posible minimizar los riesgos si se ponen en juego todas las medidas disponibles para combatir el contagio por aerosoles. Estas son las probabilidades de infección en estos tres escenarios cotidianos dependiendo de la ventilación, las mascarillas y la duración del encuentro.