Alcorcón lleva ante el juez a Waiter Music, vinculada a la trama Púnica

El Ayuntamiento de Alcorcón, con gobierno del PSOE y de Ganar Alcorcón, ha acudido a los juzgados de la localidad para que se esclarezca si hubo contrataciones ilegales durante las fiestas patronales organizadas en el periodo que estaba al frente del Consistorio el PP. Algunos artistas contratados para los conciertos a través de la empresa Waiter Music anunciaron su participación en los festejos antes de que se adjudicaran por parte del equipo de gobierno.

Cuando estaba en la oposición, el PSOE denunció estas posibles contrataciones fraudulentas en 2014 durante el periodo de mandato del anterior alcalde y actual consejero de la Vivienda y de Ordenación Territorial, David Pérez, ante la Audiencia Nacional. La empresa Waiter Music había sido investigada por la Audiencia Nacional, al ser una de las implicadas en la trama Púnica, por supuesta financiación ilegal del PP. La denuncia mantenía que se contrató a Waiter Music y su máximo responsable José Luis Huerta Valbuena a través de varios contratos por procedimientos negociados sin publicidad en 2011 y 2012 y en 2013 a través de la Fundación del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), pese a no tener actividad. Tan solo en 2014 la mesa de contratación municipal excluyó a Waiter Music de una licitación “por incumplimiento de requisitos”, según la denuncia de los socialistas.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha devuelto la causa a los socialistas a través de un auto fechado el pasado 10 de septiembre: “Se comprueba que el supuesto hecho, por el tipo de contratación, resulta similar al acaecido en otros Ayuntamientos, lo que, unido a que se empezase a contratar con el cambio de gobierno local, ofrece importantes indicios de posible amaño en la contratación. Ahora bien, al igual que se ha expuesto en relación a otros Ayuntamientos, concurren las mismas razones [exceso en el ámbito temporal para la investigación en la Audiencia] para entender que los hechos de la presente denuncia pueden, y deben ser, en su caso objeto de instrucción ante el juzgado de instrucción competente”. En este caso, se trata de los juzgados de Alcorcón y, en el caso del Ayuntamiento, como acusación particular para defender los intereses del propio Consistorio y de los ciudadanos.

Un informe de la asesoría jurídica municipal, al que ha tenido acceso este periódico, destaca que el objeto de investigación realizado por el magistrado de la Audiencia Nacional se circunscribe a contratos firmados entre 2007 y 2010: “Fue cuando la empresa empezaba a trabajar, y la necesidad de colaboración de Francisco Granados [consejero de la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre] para darla a conocer era más fuerte”, recoge el auto de García-Castellón. “Entendemos que una investigación en relación a tal contratación [la del Ayuntamiento de Alcorcón], con los indicios que se aportan resultaría prospectiva y, en todo caso, sin conexión con la presente pieza”, añade el juez de la Audiencia Nacional.

Los abogados municipales entienden que, si se existe “un importante indicio de posible amaño en la contratación” —como dice el auto de la Audiencia Nacional—, “se tiene que actuar en su función de sujeto cualificado y perjudicado del posible ilícito penal”. “No se puede esquivar que se ha determinado por la instrucción llevada por el Juzgado Central de Instrucción que existen indicios racionales de criminalidad en determinados contratos públicos del Ayuntamiento de Alcorcón”, añaden los letrados.

“Posible amaño”

Los abogados entienden que se tienen que defender los intereses municipales para luchar contra “el posible amaño en la contratación”. De ahí, que sea necesaria la personación del Ayuntamiento de Alcorcón en la causa abierta.

La actual alcaldesa, Natalia de Andrés, se ha mostrado satisfecha con la decisión, porque, pese al tiempo transcurrido, se van a investigar los posibles contratos ilegales de Waiter Music. “Nosotros denunciamos esta situación hace años. Hicimos la primera denuncia en 2014. La justicia es lenta, pero está avanzando de forma clara en este asunto, como indica la inhibición a un juzgado de Alcorcón”, destacó De Andrés. Un caso similar se ha dado en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, según recuerda García-Castellón en su auto.