Lamela siempre vuelve
El exconsejero de Sanidad de Aguirre se ofrece ahora a empresas privadas, también del sector, para litigar con el Estado por las pérdidas de la pandemia
Hubo un tiempo en el que Manuel Lamela (Burgos, 1962) lo tenía todo. Esperanza Aguirre decía que había que erigirle una estatua por su labor como consejero de Sanidad. Mariano Rajoy, que era “uno de los hombres más importantes del PP”. Ya no. Ha pasado más de un decenio desde que este abogado del Estado abandonó la política por la puerta de atrás y entró sin complejos por el portón de la actividad privada. Primero quiso “potenciar el turismo sanitario de primer nivel” en Madrid. Luego, construir un complejo sanitario privado. Y ahora sigue haciendo de puente entre los dos mundos: ofrece los servicios jurídicos de su despacho para intentar que las Administraciones públicas indemnicen a las empresas que han sufrido pérdidas por las decisiones del Estado en la pandemia, o han tenido que ceder sus recursos, avanzó la SER.
“Es un ejemplo de puerta autogiratoria, fabricada por uno mismo: Lamela no tenía nada que ver con la sanidad, y a partir de ser consejero, la sanidad pasó a ser su negocio”, argumenta José Manuel Freire, antiguo consejero del ramo en el País Vasco y hoy diputado del PSOE en la Asamblea. “¿Y cuál es su negocio?”, se pregunta. “El aprovechar los contactos que hizo entonces”, se responde. “Su valor de mercado es ese; que de un lado es abogado del Estado en excedencia, con lo cual peleará judicialmente contra colegas; y de otro, que también pleiteará, en Madrid, contra Lasquetty, que fue su compañero de Gobierno con Aguirre y hoy es consejero con Díaz Ayuso”, elabora. “Es un conflicto de intereses”.
Lamela no acabó siendo consejero de Sanidad entre 2003 y 2007 por su experiencia en el área. Al contrario, llegó al cargo por el mismo motivo por el que luego ocupó el de Transportes entre 2007 y 2008. Su sello profesional, decía, era resolver crisis.
Su negocio son los contactos que hizo en política”, dice Freire, del PSOE
Este es el historial que le aupó en el PP. Como subsecretario de Agricultura se enfrentó al inicio de la crisis de las vacas locas, a la de las subvenciones fraudulentas del lino, o a la de la aparición de un cancerígeno en el aceite de orujo exportado a la República Checa. Cuando llegó a Madrid, Aguirre le encargó reducir las listas de espera —lo logró orquestando un sistema de medición que acabó con la región fuera de la estadística nacional— y construir ocho hospitales. Aquella operación fue la cumbre de su obra política y sentó las bases que cimentan ahora su actividad privada.
“Es el artífice de las primeras privatizaciones”, recuerdan en UGT
“Es el artífice y la mano ejecutora de las primeras medidas privatizadoras que se dieron en la Comunidad”, fotografía Julián Ordoñez, de UGT. “Puso en marcha el nuevo modelo de hospitales, donde todos los servicios no sanitarios son privados, y sobre los que se intentó la macrooperación de venta a la privada unos años después”, recuerda sobre el exconsejero, investigado en el caso Púnica. “Para que los profesionales y la población no adivinaran la envergadura de lo que estaba comenzando, se inventó un conflicto donde no existía, el caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés”.
Fue el caso Montes: un denunciante anónimo acusó a 15 médicos de cometer 400 “homicidios” en el servicio de urgencias de ese centro. Lamela le dio credibilidad, firmó ocho destituciones y lo denunció ante la fiscalía. Años después, los juzgados no hallaron ningún indicio de mala praxis. Lamela nunca se retractó. El fin del caso le descubrió esquiando. “Volvería a hacerlo”, dijo.
La indiferencia con la que trató el punto final a una polémica que sacudió a la sociedad española, y que reunió a 10.000 personas en una manifestación en su contra, forma parte del retrato de un abogado que hoy ve en la covid una oportunidad de negocio.
“Lamela es cortés. Cultivado. Pero nunca piensa en el bien del otro. Jamás. Es de una crueldad fría”, describe el doctor Lucas Fernández, exportavoz de Sanidad del PSOE (1987-2010). “En lo de Leganés fue tremendamente cruel. No midió sus fuerzas, y eso acabó con su carrera política”, añade. “Desde entonces, busca una plusvalía a su paso por la política, y aprovecharse de lo generado con empresarios”, opina. “Aprovecha muy bien las cosas que pasan al vuelo. Por eso se ha metido en este fregado”.
En un webinar de su despacho, Lamela habla de la responsabilidad del Estado por las decisiones tomadas por el mando único en el estado de alarma. Y sostiene que las “incautaciones y requisas de material sanitario durante la crisis” son “expropiaciones” que “deben ser indemnizadas sí o sí”.
“Como todos los despachos de nuestra dimensión y cartera de servicios, hemos intentado atender las necesidades de nuestros clientes durante esta durísima crisis”, explican en el despacho de Lamela, que declinó atender a EL PAÍS aduciendo problemas de agenda. “Al día de la fecha [miércoles 9] no hay ningún cliente del sector salud que haya encargado trabajo profesional alguno a Acountax en relación con la convid-19”, detalla la firma en un escrito que especifica que parte de su trabajo está centrado en “supuestos de daños indemnizables para situaciones como la vivida al amparo del estado de alarma” y en “la previsibilidad, y la evitabilidad o reducción, de los daños producidos en bienes y personas por la covid-19 y su incidencia jurídica en materia de responsabilidad patrimonial del Estado”.
“Aceptamos la propuesta para ofrecérsela a quien quisiera entrar en esa posible reclamación, al margen de cualquier connotación del pasado político del socio director [Lamela] que no tiene ninguna vinculación”, explica Armando Rodríguez, presidente de la confederación del comercio especializado de Madrid. “Van a éxito, con un 8% de lo logrado”.
El despacho no es la única tarea de Lamela. Ostenta casi una veintena de cargos en una decena de sociedades. Y lidera una fundación dedicada a promover planes formativos para impulsar los sectores sanitario y agroalimentario. Justo las dos áreas en las que se desempeñó en el sector público.
Sobre la firma
