Desahucios

Suspendido el desahucio a una mujer de 70 años con problemas cardiovasculares y síntomas de covid-19

La presión vecinal logra parar por tercera vez un desalojo en Alcalá de Henares en el que, según el abogado de la afectada, hay muchas incongruencias

Concentración vecinal ante la vivienda de Araceli para parar su desahucio.
Concentración vecinal ante la vivienda de Araceli para parar su desahucio. PAH Corredor de Henares

Araceli López Hoyas, con 70 años, neumonía crónica y posiblemente covid, está viviendo una pesadilla. Ella y su familia se enfrentan al desahucio de un hogar en el que han vivido durante más de 40 años. Este lunes ha sido la tercera ocasión en la que el Ivima, organismo público de la Comunidad de Madrid propietario de la vivienda actualmente, intentaba desalojar a esta familia de Alcalá de Henares sin que, según denuncian, les haya dado una alternativa habitacional. Pero Araceli no está sola. En la casa viven 10 personas: las cuatro habituales más un hijo, su mujer y sus cuatro críos. El vecindario, volcado con su drama, ha conseguido parar el desahucio una vez más.

El abogado de la familia, Óscar Tejeda, no da crédito al contar la historia que comienza en 2007 con la muerte del marido de Araceli. “Tenían un contrato de alquiler con Ivima. En 2012, recibieron una carta en la que decían que no estaba a su nombre”. En ese momento comenzó el largo litigio. Tejeda intentó en todo momento regular la situación de Araceli, pero el organismo pronto consiguió una orden de desahucio y no hizo caso a los expedientes de regulación de vivienda. “La familia intentó pagar lo que se debe y eso que son muy pobres. Esta mujer no recibe ni ayudas ni pensión de jubilación”. Además, el abogado critica que la notificación de desalojo es del Ivima, no del juzgado. Esta situación no es la primera vez que ocurre. Según el abogado, el organismo público tiene casi la mitad de viviendas del barrio y ha echado a más personas, por lo que se teme que su objetivo es hacer un proyecto urbanístico tirando el barrio abajo.

El 30 de julio tuvo lugar el primer intento de desalojo. ”Se llevó a cabo sin comunicarlo a las partes ni a los moradores, pero la presión de unas 60 personas hizo que los inspectores dijeran que se suspendía para retomar los trámites el 7 de septiembre”, dice Tejeda. Sin embargo, pronto les llegó una carta en la que se les informaba de un cambio de fecha: el desahucio se produciría el 24 de agosto. El abogado no pudo recabar muchos apoyos ni hablar con el Ivima al ser verano. “Les dije a los inspectores que iba a denunciar por prevaricación a los que se implicasen en el desalojo por no respetar el acuerdo firmado”, añade el abogado.

Ante la inminente fecha, Araceli empezó a buscar una vivienda a la que agarrarse por si el desahucio se efectuaba. “Al salir de su casa en contra de la recomendación médica, ahora presenta sintomatología compatible con la covid”, asegura el abogado. Le han realizado una PCR, cuyo resultado no recibirá hasta el martes. “Lo que tienen que hacer es estar en cuarentena y no dejarlos en la calle”, alega el abogado. De no ser así, se puede incurrir en un delito mayor. “Seguir con el desalojo podría significar que la Administración esté llevando a cabo un delito contra la salud pública”, defiende el abogado.

La labor de los vecinos ha sido fundamental para que Araceli siga viviendo en su piso junto a su familia. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Corredor de Henares, Nani Martinez, ha explicado que convocaron a todo el vecindario a las siete de la mañana, dos horas antes de la hora del desahucio. “Cuando llegamos nos encontramos ya a 20 policías y seis secretas que nos impedían acercarnos a la vivienda”. Poco a poco llegó la gente y al final han conseguido pararlo por tercera vez.

Desde Ivima han asegurado de que no eran conscientes del posible contagio de covid de Araceli y al conocerse se ha parado el desahucio. Además, han insistido en que ellos no han visto ningún expediente de regulación antes de la orden de desahucio. “Remitimos los expedientes al juzgado y allí deciden que hacer. La policía actúa a requerimiento de un juez y no nuestra”. Han recalcado que ellos tienen la obligación legal de recuperar todas viviendas de titularidad pública, porque hay familias que necesitan estas viviendas, reúnen los requisitos y si han cumplido con la ley. Actualmente hay 600 expedientes similares a los de Araceli.

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