El efecto Ossorio o el miedo de los padres a ir a la cárcel

Cuando Carlos Delgado empezó a recibir llamadas en su despacho de abogados no sabía que el consejero de Educación, Enrique Ossorio, acababa de lanzar una advertencia a los padres que dudaban si llevar a los niños al colegio: “Se enfrentan a penas entre uno y tres años de cárcel”. Lo soltó a las 11 de la mañana del miércoles en Radio Nacional de España. No sabe si una cosa fue consecuencia de la otra, pero sí constata que cada cinco minutos el teléfono empezó a sonar en Alcántara Delgado Abogados con una consulta nueva hasta el momento: si acabarían en prisión. Delgado, especialista en derecho educativo, lleva varias semanas respondiendo las consultas de padres temerosos por la situación sanitaria y las consecuencias que puede tener en sus familias el regreso a las aulas. “Conforme se acercaba el inicio del curso, se incrementaban esas llamadas”. Calcula que ha respondido a decenas de padres de Madrid, y que con todos ha hecho un llamamiento a la calma. Para empezar, porque Ossorio erró en algo fundamental: la pena por absentismo. “Ni uno, ni tres años. Eso es una barbaridad”.

El Código Civil en su artículo 154 asegura que los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. Eso significa que se hallan bajo su responsabilidad parental que, entre otras obligaciones, incluye educarlos y procurarles una formación integral. Por tanto, es obligación de los padres procurar la escolarización de los menores entre los 6 y los 16 años y que asistan con regularidad al centro escolar. El artículo 226 del Código Penal advierte de que, en caso de incumplimiento de esos deberes, el progenitor será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a una multa de seis a doce meses, por delito de abandono de familia.

Ossorio infló las penas, pero no significa que los padres no estén obligados a llevar a sus hijos al colegio, según estipula la ley. También lo recordó el jueves la ministra de Educación, Isabel Celaá, en su rueda de prensa, ambos unidos, por una vez, en una misma idea, el del derecho universal del menor a la educación. Pero la pregunta que se hacen algunos progenitores es si, en una época de pandemia, no están en realidad protegiendo a sus hijos de un mal mayor.

Teresa L. V. es médico especialista en enfermedades infecciosas, trabaja en uno de los hospitales públicos más grande de Madrid y también es madre de tres hijos (de 1, 3 y 6 años). Solo uno de ellos tiene edad de escolarización obligatoria. Pero ella, que ve, trata y combate la covid-19 todos los días, se niega a llevar a ninguno. “Es una locura que abran los colegios. Va a ser una escabechina”, asegura. La doctora se ha dedicado a organizar circuitos de entrada y salida en el hospital para evitar que unas zonas se contaminen con otras y asegura que trasladar algo parecido a los centros escolares, en 10 días, “es imposible”. “Semejante improvisación en Madrid me indigna. Mandamos a los niños a un contagio seguro. A ellos y a los profesores”.

Es una locura que abran los colegios. Va a ser una escabechina”

Teresa L. V., médico especialista en enfermedades infecciosas

Los mismos argumentos plantea Cristina Urosa, médico de atención primaria en un centro de salud en Torrelodones y madre de dos niños, uno de 5 y otro de 10 años. “El plan presentado por Ossorio en el papel no está mal, pero me cuesta creerlo. Para empezar porque lo veo en mi trabajo, donde se están incumpliendo los contratos de limpieza todos los días”, añade. Según está ahora mismo la situación sanitaria, “las ratio de los menores no debería subir de 10 en los más pequeñines, y para los más mayores, de 15”. Es justo lo que la Plataforma por la Escuela Pública pide: un máximo de 15 alumnos por aula. “Parece una tontería pero no es lo mismo 15 que 20 en una misma clase. Porque esas burbujas son ficticias. Los niños tienen hermanos y familia y cuando uno dé positivo, hay que hacerles pruebas a todos. Es mejor que el grupo original sea lo más reducido. Mira en Alemania, son clases de 15 y los más pequeños de 10”.

Parece una tontería, pero no es lo mismo 15 que 20 en una misma clase”

Cristina Urosa, médico de atención primaria

En el otro lado, la opinión del responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias nacional, Fernando Simón, que intentó ayer lanzar un mensaje de calma. “Yo creo que ahora mismo los riesgos con las medidas que se están proponiendo en los colegios para nuestros hijos son muy bajos. No quiere decir que no vaya a haber ningún brote, pero la probabilidad es relativamente pequeña”.

Urosa solo tendría la obligación legal de mandar al colegio al mayor de sus hijos, pero asegura que le basta con lo que ve cada día en las urgencias de su centro de salud para tomar una decisión. “En el clínico hay cuatro plantas solo para Covid. Esto que van a hacer es un suicidio”.

Las dos doctoras se plantean contratar a profesores particulares entre dos o tres familias para que sus hijos sigan las clases, aunque ambas temen perder la plaza de sus centros educativos. “También entiendo que eso no se lo puede permitir todo el mundo”, admite la especialista en enfermedades infecciosas.

Carlos Delgado, el abogado, confirma que los padres que le llaman suelen tener ese perfil: clase media-alta que pueden permitirse pagar un profesor particular. Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, explica, se refiere en su artículo 18 a las situaciones de desamparo por incumplimiento de los deberes de protección. Pero también se señala, en el artículo 13.2, la obligatoriedad “para cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, de ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización”. Y en esa justificación él encuentra la clave.

Delgado asegura que entre las personas que le llaman hay familias que viven con los abuelos, ya muy mayores, o con algún familiar con alguna enfermedad, como cáncer. El miedo durante una pandemia es difícil de cuantificar y duda que se produzcan sentencias condenatorias contra estos padres. “Les digo que primero hay que esperar a ver qué dicen las instrucciones de la Comunidad y luego ver cómo se organizan los centros. Es lo más sensato. Muchos vienen con la idea de matricularlos en el CIDEAD para eludir una posible sanción, pero eso es muy complicado”.

El CIDEAD es el Centro de Innovación y Desarrollo a distancia del Ministerio de Educación, que imparte clases desde primaria en adelante y, efectivamente, los alumnos deben cumplir unos requisitos concretos para su admisión. Está destinado a ciudadanos españoles en el exterior y a aquellas personas que se ven imposibilitadas para recibir enseñanza a través del régimen ordinario, como los deportistas de élite o personas con una enfermedad rara. La matrícula se cerró el 20 de julio.

Que un caso por absentismo acabe en la Fiscalía del Menor tampoco es fácil. Maria Eugenia Alcántara, inspectora educativa en la Comunidad de Madrid, explica un proceso lento “que puede llevar meses”. Primero el propio colegio debe dar un parte a la Comisión de Absentismo, un organismo que está presidido generalmente por un inspector y formado por un representante de la policía local y personal de servicios sociales. “Se hace intervenciones al domicilio y si finalmente se considera oportuno lo pasa a fiscalía de menores, que luego decide si sigue adelante”. La condena no suele pasar de una multa que ronda los 600 o los 700 euros.

Aunque Celaá ha encargado un informe jurídico que será puesto a disposición de las comunidades, los padres con miedo como Teresa L. V. sienten que se les criminaliza por su postura pero tienen claro lo que van a hacer. “Yo no quiero mandar a mis hijos al colegio y al mes siguiente estar enterrando a mis padres”.

Los primeros en faltar la clase: la comunidad china

Antes de que se suspendieran las clases, en marzo, los directores de los centros madrileños advirtieron que los padres de nacionalidad china empezaron a mandar cartas explicando las razones de por qué tomaban la decisión unilateral de no llevar a sus hijos al colegio. En un primer momento pareció una reacción exagerada, pero no quisieron tomar cartas en el asunto porque entendían algo que se mantiene: el miedo.

Chanyi Qian, un empresario de Getafe que lleva en viviendo Madrid 30 años, fue uno de ellos. Tiene un hijo de cuatro años al que sacó de las aulas entonces y no lo va a devolver ahora. “Estamos en la misma situación que hace meses. Lo peor es que el trabajo que se ha hecho no ha servido para nada”, lamenta. Sabe que con la edad de su hijo no tiene la obligación legal de llevarlo al colegio, aunque teme por la temeridad que supone que otros sí lo hagan. “En la puerta del centro nos juntamos todos los padres, no se guarda ni distancia de seguridad. Yo no lo voy a llevar, pero sé de muchos que tampoco. Ni chinos ni españoles. De hecho, no he oído a nadie que me haya dicho que sí”.