La fiscalía pide 15 años de prisión para el Rey del Cachopo

El que será uno de los juicios más mediáticos de los próximos años comienza a tomar forma. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 15 años de prisión para César Román Viruete, conocido como El Rey del Cachopo, por el asesinato de su pareja, una mujer de origen hondureño, en el verano de 2018. El juicio del empresario que desapareció y cerró todos sus negocios de hostelería en Madrid tras haber cometido supuestamente el crimen debía celebrarse en octubre de este año, pero el retraso en la instrucción y la paralización en la actividad judicial durante la pandemia ha pospuesto la vista, que podría aplazarse hasta 2021.

La fiscalía le imputa dos delitos, uno de homicidio y otro de profanación de cadáver. La policía, por el momento, solo ha encontrado el torso de la víctima, Heidi Paz, de 25 años, que apareció dentro de una maleta escondida en una nave industrial en llamas. El responsable de su muerte trataba de deshacerse del cadáver. El ministerio público pide una indemnización de 300.000 euros para los dos hijos de Paz, que viven en Honduras. La acusación particular, que ejerce un abogado en nombre de la madre de la víctima, solicita más de 25 años de cárcel para Román al incluir otros delitos que la fiscalía no contempla como el de violencia de género.

Desde que fuera detenido en Zaragoza hace casi dos años, donde trabajaba en la cocina de un pequeño restaurante haciéndose pasar por un aprendiz del maestro cocinero Arzak, permanece ingresado en el módulo 5 de la cárcel de Soto del Real. Román, de 48 años, ha alterado la rutina de los funcionarios. A menudo exige el mismo trato que otros presos como el extesorero del PP Luis Bárcenas o los acusados del procés. Él es de los pocos que puede utilizar un pen drive para revisar el sumario de su caso, que conoce al dedillo. Asesora, además, a otros presos que han cometido delitos similares al suyo.

Hace poco, víctima de lo que él consideró un malentendido, fue sancionado. Román le gritó “viva España” en la cara a un miembro de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el sector más combativo de los Comités de Defensa de la República (CDR). Cuando los carceleros acudieron a separarlos, el Rey del Cachopo dijo que eran amigos y que se trataba de una broma. En su juventud, el empresario fue miembro activo de Falange Española.

En el escrito de acusación se dice que Román y Paz se conocieron a principios de abril de 2018, cuando ella empezó a trabajar en una de las sidrerías que él regentaba. En esa época él tenía fecha para su boda con otra pareja y, junto a otros cuatro socios y el apoyo de un banco, ideaba la creación de una franquicia de sidrerías asturianas cuyo plato principal sería el cachopo. La nave en la que más tarde apareció el busto de la joven era la primera piedra del proceso industrial con el que planeaba inundar Madrid de sus platos de comida. Poco después de conocerse, la pareja se fue a vivir junta. Ella, en junio, empezó a dudar de la relación amorosa, y se marchó de la casa dejando una nota: “Necesito unos días para pensar”.

La madrugada del 5 de agosto mantuvieron una conversación telefónica. Después ella fue a casa de Román. Entre las 5.52, cuando estaba a punto de amanecer, y las 16.21, Román la asesinó, según la fiscalía, que cree que él no aceptaba el hecho de que una mujer cortara la relación. “Después, sin importarle el ultraje y la deshonra que ello suponía para el cuerpo sin vida de Heidi, seccionó, separando del cuerpo la cabeza y los miembros superiores e inferiores, y se deshizo de ellos, sin que se haya podido determinar la forma en que lo hizo”, se lee en la acusación.

A partir de aquí, Román toma una decisión que pesa como una losa sobre su inocencia. En teoría, guardó el cadáver descuartizado en bolsas de basura negras y las introdujo en una maleta. Llamó a Tele Taxi y en poco tiempo un coche fue a recogerle. Ese taxista recuerda a un hombre de baja estatura (Román mide un metro y medio justo) arrastrando una maleta muy grande. El conductor le trasladó de su casa a la nave, alquilada por Delice Experience S. L, la franquicia de la que él es gerente. Allí, de acuerdo a la acusación, continuó con la disección del cadáver: “Lo rocío con sosa cáustica y valiéndose de un cuchillo, le cortó los senos, que tenían unos implantes de silicona, y junto con un colgante y otros efectos personales, el 13 de agosto de 2018 intentó quemarlos, haciendo un fuego en la plataforma del montacargas de la planta del sótano de la nave industrial”.

Ese mismo día, tras enterarse de que los bomberos habían encontrado el busto al acudir al aviso de un incendio, desapareció sin dejar rastro. Dejó de contestar al teléfono, él, alguien que se pasaba la vida con el móvil en la oreja. En Zaragoza, donde en el pasado había trabado amistad con gente de círculos de extrema derecha, consiguió una identidad falsa, la de un venezolano que había residido unos años en España, alquiló una habitación en un barrio de mayoría inmigrante y consiguió un empleo como pinche de cocina. La dueña del restaurante donde trabajaba reconoció su rostro en los programas matinales de televisión que se obsesionaron durante semanas con su historia y llamó a la policía. Lo detuvieron en la pequeña cocina del lugar, donde asomaba la cabeza a través de un ventanuco para servir los platos. Desde entonces permanece en prisión. Un jurado popular decidirá si es culpable o inocente.