El cierre de una fundación deja en el paro a 27 discapacitados en plena pandemia

El pasado día 15, fiesta de San Isidro en Madrid, no lo era en Alcalá de Henares. Los 35 trabajadores de la Fundación número 1 fueron llamados al Centro Especial de Empleo, en un polígono industrial que no habían pisado desde que a mediados de marzo se declaró el estado de alarma. De cinco en cinco, con mascarillas y guantes, fueron pasando al interior de la oficina para recoger su carta de despido.

La fundación es una “entidad sin ánimo de lucro y de carácter benéfico cuyo objetivo es favorecer la integración social y laboral de personas con discapacidad (física, psíquica y/o sensorial) mediante la formación y la creación de empleo digno y estable para este colectivo”, según sus estatutos. El 77% de sus trabajadores, 27 en total, son discapacitados: 15 psíquicos y diez físicos, además de dos sordos. Todos están diagnosticados por la Seguridad Social con diversos grados de discapacidad, uno de ellos con síndrome de Down.

En la carta de despido no se les califica de minusválidos, sino de “personas con diversidad funcional”; y a la fundación la denomina eufemísticamente “la Empresa”. La empresa, dice, “no cubre los gastos normales de funcionamiento”, sufre pérdidas, tiene “escasa liquidez e insolvencia” y atraviesa una “situación financiera crítica” que aboca a su liquidación definitiva.

La fundación se dedicaba al embalado y estuchado de productos diversos, desde medicamentos a perfumes, un sector sometido a la competencia feroz de la economía sumergida.

Lola Zayas, de 61 años, trabaja allí desde que abrió sus puertas, en 2011, y para ella es su segundo hogar. Tiene un 35% de minusvalía por poliomielitis, ha sido jefa de producción y en los últimos años de almacén. Reconoce que hacía falta un plan de viabilidad, que algunos contratos podían pasar a ser a tiempo parcial e incluso asumirse despidos, todo con tal de salvar la fundación. Pero no entiende que los 62.000 euros que perdió el año pasado justifiquen el cerrojazo.

“No conforme”

Zayas ha escrito “no conforme” en la carta de despido. “La Empresa” reconoce que le debe parte de la nómina de febrero, además de marzo, abril y mayo, el finiquito y una indemnización de 20 días por año, el mínimo legal. Pero le advierte de que no puede pagarle y no sabe cuándo lo hará, pues se ha declarado en quiebra y sus empleados deben sumarse a la lista de acreedores.

Juan Ramón Rodríguez, de 54 años, tiene un 39% de minusvalía por insuficiencia hipofisaria y diabetes insulinodependiente. Como todos los operarios, salvo los cinco encargados, cobraba el salario mínimo: 950 euros desde enero pasado. Tiene una hija de 16 años y su esposa no trabaja. Su salario era el único que entraba en casa y en estos meses ha tenido que pedir ayuda a sus vecinos, a Cáritas e incluso al banco de alimentos para dar de comer a su familia.

El alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez Palacios, asegura que el cierre de la Fundación es la decisión más dura que ha tenido que tomar desde que asumió el cargo en 2015, pero sostiene que no había alternativa: el negocio era inviable y, si el Ayuntamiento hubiera puesto más dinero, habría estado legalmente obligado a convertirla en empresa municipal. En diciembre pasado, el patronato, presidido por el propio alcalde y con representación de los grupos municipales, declaró preconcurso de acreedores y tres meses después, en plena pandemia, su liquidación.

Los intentos de hallar una fundación externa que ayudara a reflotarla han fracasado y la negativa de Bankia a renegociar el crédito hipotecario con el que se construyó su sede le han dado la puntilla, según el alcalde. Ni siquiera puede pagar los salarios adeudados, alega, porque el dinero se lo quedaría el banco.

Tras haberse reunido con los trabajadores en octubre pasado, cuando les anunció su intención de buscar un plan de viabilidad, el alcalde no ha vuelto a recibirlos: argumenta que se presentaron acompañados de un abogado (que fue teniente de alcalde de la localidad por IU) y que eso “rompió las reglas del juego”.

La mayoría de los empleados de la Fundación número 1 no entiende los farragosos argumentos económicos desgranados a lo largo de los siete folios de su carta de despido. El sábado deambulaban ante la sede de su antiguo centro de trabajo preguntándose quién se preocupará por ellos ahora.

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