Los trabajadores sociales, ante la doble crisis de los que ya estaban en crisis

En esta guerra sin balas, el gran protagonista es el frente sanitario contra el coronavirus pero, detrás, hay toda una línea de defensa social, profesionales de los servicios sociales que tratan de contener la avalancha de dramas asociados al virus. Son realidades muy duras que se han visto agravadas por la crisis sanitaria. “Estamos en una situación de emergencia total. Los médicos deciden quién vive y quién muere, pero nosotras, quién recibe ayuda para comer y quién no. Tenemos que priorizar y los que tienen cero ingresos van por delante de los que tienen 200 euros por desempleo”, se lamenta la trabajadora social Sonia Lastra, de uno de los tres centros del distrito de Latina de la capital.

“La demanda está siendo brutal, casi todas las peticiones son de comida, hay muchas personas que se han quedado sin ingresos y no tienen derecho a prestaciones”, explica Lastra. En su zona, han superado ya las 300 tarjetas de Carrefour para la compra de alimentos repartidas “y hay lista de espera”.

La capital, que atendió a más de 400.000 personas en 2019 con un presupuesto de 256 millones, tiene 38 centros de servicios sociales con mil empleados en total. Del 19 de marzo al 5 de abril, el teléfono de atención 010 ha recibido 12.250 llamadas de auxilio, un 44% para pedir comida a domicilio y otro 40%, ayuda económica. En respuesta, el Ayuntamiento de Madrid envía comida a 3.133 ancianos y a 500 niños de escuelas infantiles, a los que se suman el reparto a 600 familias por parte del chef José Andrés, Banco de Alimentos y bomberos, un plan para alimentar a 10.000 personas al día de CESAL y World Central Kitchen y 8.342 comidas más de los distritos. Con la colaboración de CaixaBank y Corte Inglés, el Ayuntamiento ha entregado 2.500 tarjetas prepago para alimentos y productos de primera necesidad.

La situación de la capital se reproduce en los municipios, con especial incidencia en el sur, constata Mar Ureña, decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, que tiene a 1.100 de sus 5.000 colegiadas ―el 90% son mujeres― trabajando en ayuntamientos con educadores, psicólogos y terapeutas. No tiene cifras, pero afirma que el “crecimiento de las solicitudes es espectacular”.

Como estas trabajadoras, en Tres Cantos y Móstoles es tanta la urgencia que se está atendiendo sin valoraciones ni formularios, por lo que no hay datos. En Parla sí han echado cuentas y reciben más del doble de casos al día desde que se decretó el estado de alarma, según Antonio Gallego, su director de servicios sociales, que detalla que el año pasado tuvieron 7.900 casos y en 28 días, del 16 de marzo al 12 de abril, ya llevan 1.508.

Gallego, con 50 profesionales y seis millones anuales compartidos con violencia de género y vivienda, detalla que su programa Escudo Social contra la Covid-19 ha movilizado 150.000 euros extra para trasferencias directas, 700 tarjetas de alimentación y 100 servicios de comida a domicilio. “De momento estamos pudiendo cubrir lo que nos llega”, sostiene, aunque admite que es difícil detectar situaciones ocultas.

Silvia Núñez, directora de Servicios Sociales de Móstoles, con 70 empleados y un millón y medio de presupuesto, apunta a que las necesidades “se han multiplicado por 10”. Llevan 21.145 euros extra en ayudas inmediatas, han dado 289 nuevas altas de comida a domicilio y se ha ampliado el centro de noche para sin techo hasta el 15 de mayo. Están “viendo de todo”, desde un aumento de la violencia de género a niños bajo tutela devueltos a sus padres por lo extraordinario de la situación.

Aunque en menor medida, el problema alcanza a los municipios más ricos del norte, como cuenta David Cano, educador social de Tres Cantos, con 19 empleados. “La respuesta ha sido muy rápida, estamos gestionando ayudas por teléfono y mail, hemos activado una red de voluntarios y a todas las auxiliares para atender a mayores y prestamos apoyo psicológico a familias en crisis”. Además, entregan 60 comidas a personas vulnerables y completan el menú de Telepizza y Rodilla que la Comunidad da a los niños que tenían la beca comedor con fruta, verdura y un plato de comida casera.

“Tenemos mayores angustiados, un esquizofrénico al que acaban de dar el alta en una casa confinada, crisis familiares graves, mujeres que no han denunciado viviendo con su agresor, pisos patera con tres familias, una mujer que tiene a su nieto en acogimiento con 5 euros para lo que queda de mes, una niña que quiere estudiar pero no tiene ni móvil...”, detalla Cano.

Muchas localidades comparten esfuerzos y recursos, como la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este, que atiende a 19.099 vecinos de Ambite, Campo Real, Loeches, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey y Villar del Olmo. “La demanda de ayuda se ha disparado en un 100%”, ahonda su director, Daniel Sanz. “Estamos desbordados”, añade Gema Miguel, trabajadora social en Loeches. La primera semana contactaron con los más vulnerables, 400 casos, a los que hacen seguimiento diario.

Por ahora, están pudiendo “dar cobertura” porque la mancomunidad ha sido “muy ágil” a la hora de tramitar ayudas extraordinarias y un nuevo servicio de comida a domicilio con 89 servicios, pero Miguel se pregunta qué pasará cuando se acaben las moratorias de hipotecas y de suministros.

No se están detectando nuevos perfiles asociados a la pandemia, pero ha empeorado la situación de los que vivían en precario. “Lo mismo que en lo sanitario el virus ataca a los que tienen patologías previas, en lo social se ceba con los débiles”, apunta la decana. “Son los mismos perfiles golpeados dos veces”, resume Tres Cantos. “Está llevando al límite a familias con hijos que estaban la cuerda floja y a mayores que iban tirando con teleasistencia o ayuda a domicilio”, añade Parla.

Es más, la pandemia ha alcanzado a familias con “estructuras normalizadas” que “nunca habían tenido contacto con servicios sociales”. “La familia que era vulnerable ahora lo es mucho más y la que no lo era, se ve de repente en situación precaria”. A juicio de Belén Novillo, otra trabajadora de Tres Cantos, el virus “va a destapar mucha exclusión, va a traer mucho empobrecimiento, va a dejar a las personas solas mucho más aisladas y va a acentuar la diferencia norte-sur”. También señalan entre los más perjudicados a las familias monomarentales, los sin papeles, los demandantes de asilo y los sin techo.

“Lo que más preocupa es cuando esto acabe, lo que vemos es la punta del iceberg”, advierte Móstoles. “No ha hecho más que empezar. Ahora la gente está confinada pero, en cuanto puedan salir, van a venir en tromba”, se suma Madrid. “Hay que pensar en planes de contingencia, es la tormenta perfecta”, vaticina Parla. "Nos espera un medio plazo duro. La crisis sanitaria es muy alarmante y visible y con muchos datos, pero la social es invisible”, alerta la mancomunidad.

Los presupuestos municipales se van agotando, por lo que demandan que “los fondos de refuerzo", 300 millones que el Gobierno repartirá a las autonomías, se entreguen cuanto antes. “Las medidas van en la buena dirección, pero hay que concretar la letra pequeña y que lleguen con rapidez”, reclama Parla. “Hay que fortalecer los servicios sociales, la década pasada demuestra que no son gastos, son inversiones”, pide la decana, que ha presentado al Gobierno regional sus propuestas para hacer frente a la emergencia. “Se está gestando una crisis social grave y esperamos poder pararla”, concluye.

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