La alarma ya existía en las residencias de mayores antes del coronavirus

Hace un año por estas fechas, la Asamblea de Madrid debatía una proposición de ley de residencias que presenté ante esa institución con el apoyo de trabajadoras y familiares. Conocíamos ya que la situación dentro de estos centros para mayores era muy complicada, pues a los problemas de falta de personal y de instalaciones poco adecuadas se le sumaba el de una privatización casi total de este servicio: en Madrid, el 88% de las residencias son privadas.

Expusimos incontables argumentos y testimonios directos que acreditaban la situación límite en estos centros, pero la respuesta del Gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos, fue rotunda: no hace falta una ley. Los ratios de personal son correctos. Las residencias van bien. Solo creáis alarma social. Ha tenido que llegar una pandemia en forma de coronavirus para que la olla a presión de la atención residencial a personas mayores esté a punto de explotar.

Las trabajadoras (sí, en femenino, porque el 90% del personal de residencias son mujeres) no dan abasto: no hay materiales para su protección y en muchos casos se lo fabrican ellas mismas hasta con bolsas de basura. Las bajas son constantes porque, como en los hospitales, las que atienden directamente a las personas mayores también contraen la enfermedad. Y los medios con los que cuentan son extremadamente precarios, antes y ahora, porque las residencias no se han convertido en centros sociosanitarios, como debería haber ocurrido hace ya tiempo.

El drama de las personas mayores que enferman y mueren sin poder ser atendidos en condiciones y de sus familiares que no pueden verlos por la cuarentena y el confinamiento son fáciles de imaginar, pero imposibles de aceptar sin indignarse.

Buena parte de estos problemas ocurren por haber convertido estos centros en pasto para el negocio de los fondos de capital riesgo y de empresas sin escrúpulos que, sin experiencia alguna en esta materia, gestionan residencias solo para ganar dinero. Cuando lo más importante es eso, en un sector cuya única rentabilidad debería ser la social, se acumulan polvos que en crisis como la que sufrimos se acaban convirtiendo en viscosos lodos.

El estado de alarma ya existía en las residencias desde hace tiempo. A corto plazo, el Gobierno debería hacerse con el control efectivo de todas las residencias, destinar personal médico y de atención directa suficiente según necesidades y procurar salvarle la vida al máximo número posible de personas mayores, sin más criterio que el de la atención humanitaria. A medio plazo, este sector nunca más puede dejarse en manos de aquellos cuyo único criterio se basa en la rentabilidad económica. Nuestras personas mayores y nuestras trabajadoras valen mucho más que sus beneficios.

Raúl Camargo es exdiputado por Podemos en la Asamblea de Madrid.

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