Rebelión en el PSOE de Santiago: Ferraz expulsa a cuatro de sus seis concejales pero ellos se niegan a irse

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha comunicado este martes la expulsión definitiva e inmediata del partido a cuatro concejales críticos de Santiago y la respuesta de ellos ha sido clara: se quedan. Los ediles han enviado un comunicado en el que anuncian que el grupo municipal socialista de la capital gallega “no experimentará cambio alguno en su composición”. Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez esgrimen que la resolución de Ferraz eleva a definitivo el castigo provisional pero “no es firme”, ya que cabe recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en un plazo de 10 días hábiles. La dirección provincial de la formación admite que los expedientados aún disponen de esa bala, pero advierte de que no cambia nada porque, según el reglamento interno, la medida disciplinaria es de “inmediato cumplimiento”.

La crisis socialista se agudiza así en la capital de Galicia. La expulsión de los cuatro ediles deja a los socialistas con solos dos representantes en la corporación de una ciudad que hasta hace poco fue un feudo del puño y la rosa, gobernada por un alcalde de este partido durante 31 de los 45 años de democracia, aunque actualmente está en manos del BNG. La sanción de Ferraz llega después de que los concejales se negasen a acatar la designación de un nuevo portavoz municipal. Los sancionados alegan que son víctimas de represalias por parte del aparato. Sostienen que está en marcha una operación para abrir hueco en el Ayuntamiento al actual líder local, Aitor Bouza, que tomó las riendas tras el fiasco electoral de 2023 en el que los socialistas perdieron el gobierno compostelano y cayeron de primera a tercera fuerza.

El PSOE esgrime el artículo 342.2 del reglamento federal del partido: “La interposición de recursos no supondrá la suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora”. Su aplicación, sostiene, hace que la expulsión sea “de inmediato cumplimiento, a pesar de que las personas sancionadas tengan la posibilidad de interponer los recursos que consideren ante la Comisión Federal de Ética y Garantías”. Los concejales díscolos, por su parte, apelan a un informe elaborado por la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Santiago que dictamina que “no tendrán la condición de ‘no adscritos’ los concejales que no fuesen sancionados con la expulsión firme del partido con el que concurrieron a las elecciones”. “Admitir la posibilidad de que la decisión disciplinaria no firme o temporal de una formación política afectase a la organización de una Administración territorial como son los ayuntamientos supondría dejar a la voluntad de los partidos políticos la afectación al funcionamiento de esa Administración, obviando su configuración constitucional y legal”, aduce el documento.

El conflicto estalló hace unas semanas, cuando uno de los concejales, Gonzalo Muíños, que era el portavoz municipal del grupo socialista, fue suspendido de militancia durante un periodo de 18 meses por “indisciplina reiterada”, acusado de una decena de incumplimientos de la normativa del partido. Fue relevado por la dirección local que encabeza Bouza, pero Muíños se negó al cese con el apoyo de sus tres compañeras y los cuatro fueron expedientados.

Entre los concejales que se han rebelado contra la expulsión decretada por Ferraz está Mercedes Rosón, que lleva más de 20 años como edil del PSdeG-PSOE en Santiago y durante el pasado mandato fue la número dos del gobierno encabezado por el histórico regidor compostelano Xosé Sánchez Bugallo. El exalcalde, que es presidente del PSOE provincial de A Coruña, se ha pronunciado durante esta crisis en contra de las medidas disciplinarias impulsadas por Ferraz. “Siempre he creído, y sigo creyendo, que es leninista y no socialista otorgar el poder al aparato partidista por encima de la representación elegida por los ciudadanos”, escribió Bugallo en la red social X.

Los cuatro concejales socialistas fueron expulsados provisionalmente de la formación el pasado 24 de enero, pero presentaron alegaciones con supuestas pruebas de su inocencia. Sin embargo, no han sido tenidas en cuenta por el instructor, que aprecia en su comportamiento “faltas graves y muy graves” de la normativa interna del PSOE, fundamentalmente “la obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido” y “actuación, por acción u omisión, en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido que afecten a las instituciones”. En el caso de Muíños Sánchez, el portavoz municipal que se rebeló contra su cese, también se le sanciona por “desempeñar cargos públicos o asimilados sin la autorización expresa de los órganos competentes”. Los sancionados sostienen que todo responde a una “voluntad poco democrática de modificar arbitrariamente a los representantes institucionales”.