Absuelto el guardia civil acusado en el ‘caso Carioca’ que no quiso pactar con la Fiscalía

El único de los principales acusados del caso Carioca que no quiso pactar penas con la Fiscalía en el juicio finalizado en junio pasado ha sido absuelto. La Audiencia Provincial de Lugo ha exculpado al subteniente de la Guardia Civil Julio Baquero de los delitos de solicitud de favores sexuales y abuso sexual porque la víctima, una mujer brasileña prostituida a la que conoció en una redada, no pudo declarar en el juicio. Lo iba a hacer por videoconferencia desde su país de origen más de 15 años después de los hechos denunciados, pero no fue posible. Como era su palabra contra la de él, el tribunal considera que se vulneraría el derecho a la defensa del agente si se asume la declaración que hizo la mujer durante la instrucción sin que el letrado del guardia haya podido interrogarla. También es absuelto Baquero de la omisión de perseguir delitos. Estaba acusado de hacer la vista gorda con un matrimonio que se suponía ilegal, pero la Audiencia alega que finalmente la unión fue validada por los tribunales y, por tanto, no hubo delito.

La sentencia impone finalmente al guardia civil Armando Lorenzo Torre, el principal acusado, una pena de cinco años y nueve meses de cárcel, una multa de 7.408 euros y una inhabilitación para empleo o cargo público de cinco años y 11 meses. El subordinado de Baquero cometió durante años en Lugo casi una decena de delitos en los que las mujeres prostituidas fueron las víctimas y los dueños de los burdeles, los beneficiados: cohecho continuado, agresión sexual, cohecho propio activo (también continuado), revelación de secretos (también continuado), y omisión de perseguir delitos (también continuado) en concurso con tres de favorecimiento de la prostitución y uno de extorsión. La condena de la Audiencia a Lorenzo supone un año y seis meses más de la que se divulgó tras el pacto con la Fiscalía, pero no irá a prisión debido a su estado de salud. Por los delitos que perpetró debería pasar entre rejas teóricamente más de 20 años, pero el castigo se ha visto reducido al mínimo por las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación económica del daño. Los tres proxenetas que se sentaron en el banquillo, José Manuel García Adán, Marcos Grandío Ascariz y Jesús González Varela, han sido condenados como autores de un delito de cohecho pasivo por el que solo abonarán multas (dos de ellos de 2.000 euros y el tercero de 1.000).

La sentencia de la pieza central del mayor sumario contra la trata instruido en España, una investigación judicial que acumuló 274 tomos, 90 imputados y 370 testigos, considera probado que el cabo Armando Lorenzo ofreció ayuda para arreglar los papeles a mujeres migrantes en situación irregular a cambio de que mantuvieran relaciones sexuales con él. A una de ellas la violó. Los proxenetas, por su parte, realizaban pagos directos al guardia civil o le brindaban otros beneficios (incluidas copas gratis en sus prostíbulos) para “evitar el perjuicio derivado de los controles e inspecciones policiales de extranjería”. Estas visitas a los locales que realizaba el guardia civil provocaban pérdidas económicas a sus dueños cuando se detectaba que las mujeres estaban en situación irregular, por lo que Lorenzo se confabuló con ellos para que no tuvieran consecuencias.