El último juicio del ‘caso Carioca’ se despide con simples multas para la mayoría y una petición de pena de cuatro años para el principal procesado

Errores del bulto en la redacción del escrito de la Fiscalía, que había sido modificado para introducir las ventajosas penas pactadas con cuatro de los cinco acusados, alargaron mucho más de lo esperado la segunda y última sesión del juicio que faltaba en Lugo para liquidar, tras 16 años, la Operación Carioca. Las fiscalas encargadas de esta última pieza (del medio centenar en que el Ministerio Público desguazó el macrosumario contra el proxenetismo para digerirlo) necesitaron las horas de la comida para enmendar el entuerto. Y hasta después de las seis de la tarde no se conocieron las penas recogidas en su escrito reformulado. En la primera sesión, el martes de esta semana, cuatro de los cinco acusados reconocieron los hechos a cambio de una rebaja en la petición de condenas por parte de la acusación: los tres proxenetas no tendrán que pagar más que multas y el principal procesado, el cabo Armando Lorenzo Torre, ha visto reducidos los 21 años de prisión que suponían sus delitos a solo cuatro y tres meses que no llegará a cumplir por su estado de salud, acreditado con informes por su abogado. Para el jefe directo de Lorenzo, el subteniente Julio Baquero, que sigue declarándose inocente, también la pena final reclamada por las fiscales ha menguado de 19 a solo nueve meses a causa de las dilaciones indebidas “muy cualificadas”.

José Manuel García Adán (responsable de los clubes lucenses Queen’s y Colina y verdadero cabecilla de la trama, ya en prisión por otras piezas juzgadas), Marcos Grandío Ascariz (dueño del Eros) y Jesús González Varela (jefe del Eclipse) llegaban a juicio enfrentándose a castigos de año y medio o un año de cárcel. Finalmente solo tendrán que pagar multas de entre 1.000 y 2.000 euros por cometer delitos de cohecho pasivo (pagar mordidas a los agentes a cambio de soplos y protección). Armando Lorenzo, acusado de los delitos de revelación de secretos, cohecho, favorecimiento de la prostitución, tentativa de extorsión, solicitud de favores sexuales por parte de funcionario de las fuerzas del orden, abuso sexual y agresión sexual, también tendrá que pagar una indemnización. Fue precisamente la denuncia contra él de una mujer de origen brasileño la que destapó la que enseguida se convirtió en la mayor causa contra la trata jamás investigada en el país, bajo las órdenes de la magistrada Pilar de Lara en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo. Baquero era el jefe de Armando Lorenzo en el grupo Emume (Equipo de Mujer y Menor) en la Comandancia de Lugo. Según la Fiscalía y la acusación particular, los agentes protegían, avisaban de las redadas, daban cobertura a los proxenetas y tramitaban permisos de residencia a mujeres a cambio de dinero, de copas y de servicios sexuales.

El brigada Baquero, que es el único que no quiso sellar el martes el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ha negado durante su declaración este miércoles haber cometido los delitos de solicitud de favores sexuales por funcionario público y omisión del deber de perseguir delitos. Esta segunda acusación está relacionada con la no investigación de un matrimonio de conveniencia entre un vecino de la provincia con una supuesta discapacidad y una extranjera prostituida a la que, según la Fiscalía, Baquero quería proteger. El acusado ha negado incluso tener “nada que ver con la Carioca”. Ha dicho que ni conocía a los dueños de los burdeles y ha defendido que solo vio una vez a la mujer que lo señaló en las diligencias. “Yo no tengo ni nunca tuve nada que ver con la Carioca ni con los clubes de alterne”, proclamó, “hacer un comentario criticando a la jueza instructora fue mi sentencia”.

El matrimonio fraudulento entre una mujer de Brasil y un vecino de As Nogais (Lugo) acabó siendo destapado por compañeros de Baquero y Lorenzo y fue anulado por el juzgado. El otro hecho del que se le considera responsable es el haber reclamado favores sexuales a la trabajadora de un club a la que conoció en una redada y siguió supuestamente acosando después. Esta presunta víctima del guardia civil, ya retirado, debía haber declarado desde Brasil por videoconferencia este miércoles pero no fue posible. En su lugar, se leyeron dos declaraciones realizadas por ella durante la investigación y queda en manos de los magistrados de la Audiencia tenerlas en cuenta o no a la hora de dictar sentencia. Según el agente, el relato de ella es “mentira”, porque solo vio a la mujer durante una redada y nunca contactó con ella después. El abogado de Baquero, César Lodos, llamó la atención sobre el hecho de que en la primera declaración la testigo no citase a su defendido y en la segunda, medio mes más tarde, sí.

A lo largo de la mañana declararon otros guardias civiles, compañeros de Baquero y Lorenzo unos, e investigadores de la trama Carioca otros. Un miembro de Asuntos Internos describió cómo en los registros, en el despacho de Baquero, hallaron una carpeta con el título Pilinguis, donde guardaban datos, fotos y pasaportes de mujeres prostituidas en clubes de Lugo. Eran, según el testigo, las mismas que Armando Lorenzo “asesoraba para regularizar su situación en España” pese a que el cabo no pertenecía al servicio de Extranjería, sino al Emume. El agente de Asuntos Internos de la Guardia Civil citó una grabación telefónica en la que se escuchaba al principal acusado diciéndole a una mujer que estuviese “tranquila” porque tenía garantizada “su protección y la de Baquero”.

Pena “muy decepcionantes”

“Me da mucha pena que este señor se haya tenido que enfrentar durante 14 años a una pena de banquillo. Se ha manchado su honor sin ninguna prueba. No entiendo cómo no se ha dictado una sentencia absolutoria”, lamentó en su turno en las conclusiones el abogado de Julio Baquero. Este guardia civil es uno de los primeros personajes, pero no uno de los principales (como sí lo son el proxeneta Adán y el cabo Lorenzo) de un sumario que acumula 274 tomos más 36 de pinchazos telefónicos, fotografías, vídeos, un centenar de imputados y unos 400 testigos.

Integrantes de la plataforma ciudadana Impunidade Carioca estuvieron presentes en la sala durante el juicio y, al salir, calificaron de “muy decepcionantes” las penas solicitadas por las representantes del Ministerio Fiscal. “Las personas que cometieron delitos tan graves deberían tener otro castigo. Esperamos que esto no vuelva a suceder y podamos vivir en una ciudad en donde la Fiscalía sí que hace su trabajo, que es perseguir el delito y proteger a las víctimas”, declararon sus portavoces en el exterior del edificio de la Audiencia de Lugo, donde el caso quedó visto para sentencia.