Los Bello Lafuente, la familia de A Coruña que desafía a la corrupción en Filipinas para esclarecer el asesinato de su hijo

Cada seis meses, un matrimonio de artesanos de A Coruña y un abogado amigo de la familia emprenden un viaje de 12.000 kilómetros a Filipinas. Ya en Manila, la pareja formada por Pilar Lafuente y Alberto Bello protagoniza ruedas de prensa, se reúne con altas autoridades, y hasta aguarda pacientemente en la puerta de una de las cárceles más peligrosas del mundo con el propósito de verles la cara a tres policías acusados de asesinato. Esos agentes encerrados en la sórdida Manila City Jail acribillaron a tiros a su hijo Diego en la isla surfera de Siargao y están siendo juzgados por falsear pruebas para intentar justificar el crimen simulando que el coruñés era un capo del narcotráfico. Ocurrió el 8 de enero de 2020, a las puertas de la pandemia mundial que eclipsó casi todo, pero la tenacidad de esta familia y su letrado ha conseguido que la tragedia que marcó su vida para siempre se convierta en Filipinas en un asunto judicial, político y diplomático de primer orden.

¿Qué son 12.000 kilómetros, tres policías corruptos y un sistema judicial en las antípodas cuando alguien se propone atrapar a los asesinos de su hijo y limpiar su nombre? Es lo que se pregunta Pilar Lafuente sentada en una cafetería de la playa de Riazor de A Coruña. “Miedo ninguno”, asevera. “Somos conscientes de que el tiempo será largo, pero vamos a estar ahí. Cuando te pasa algo así es como si te desconectaran, te desinflas… pero cuando coges aire otra vez, tienes más fuerza que nunca”. La presión que han mantenido los allegados a Bello durante estos cuatro años ha logrado que su asesinato se sitúe en el centro de las estrechas y delicadas relaciones entre España y Filipinas y esté encima de la mesa en las reuniones al más alto nivel entre mandatarios europeos y filipinos. “La presión internacional es muy importante y lo notamos cada vez que vamos allí. Para España, resolver este caso es el principal asunto pendiente relacionado con Filipinas. Nuestro mejor apoyo es el cónsul [Javier Martín]”, explica su abogado, Guillermo Mosquera.

Bello, surfista y empresario de 32 años que residía en Siargao desde 2017, fue asesinado en plena guerra del narco del expresidente Rodrigo Duterte, una sangrienta oleada de supuestas operaciones antidroga con miles de muertos que ha sido muy cuestionada por observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos. Se sospecha que encubrió ejecuciones extrajudiciales ajenas al tráfico de drogas o contrarias a las leyes del país, y hay medio centenar de casos que podrían acabar ante el Tribunal Penal Internacional. El caso de este coruñés es el único bajo la lupa de la justicia filipina que afecta a un ciudadano europeo.

Los tres policías que lo acribillaron a tiros en la puerta de su casa -el capitán Wise Vicente Panuelos, los sargentos Ronel Pazo y Nido Boy Cortes- aseguraron que Bello era un capo de la droga y que cuando fueron a detenerlo la emprendió a tiros con ellos e intentó huir. Sin embargo, el informe oficial realizado por la Oficina Nacional de Investigación, equivalente a la Fiscalía, desmontó esa versión gracias a los testimonios de testigos, el análisis de los archivos policiales y la revisión de la escena del crimen. Ahora esos agentes están acusados de asesinato y falsificación de pruebas.

“Lo más doloroso fue perder a Diego”, explica su madre, pero también pesó “la mala fe de manchar su nombre”. En el abisal agujero al que cayeron cuando se enteraron que habían perdido a su hijo, los padres de Bello ya sintieron la necesidad de “gritar a los cuatro vientos que Diego no era eso que decían”. Nunca dudaron que la primera versión oficial era una farsa, tal y como demostró luego la investigación. Ellos visitaban a su hijo en Siargao, conocían el ambiente en el que se movía. “Nada encajaba”, recuerda Lafuente. Por si fuera poco, se enteraron de que el capitán que ahora duerme en la prisión de Manila se jactaba en la isla “con chulería” de que a él y sus compañeros “no les iba a pasar nada”. Los testimonios que desvinculan a Bello del narcotráfico son rotundos. Entre ellos, está la propia Agencia de Control de Drogas de Filipinas: ni el coruñés estaba en sus archivos como traficante ni sus responsables ordenaron ningún operativo para capturarlo.

Un bufete de A Cubela para moverse en Manila

El bufete que el abogado Guillermo Mosquera regenta en el barrio coruñés de A Cubela manejaba asuntos de derecho laboral, sucesiones y penal sin sangre hasta el 8 de enero de 2020. Desde ese día, este letrado, amigo del hermano del joven asesinado, se ha sumergido en los usos y costumbres de Filipinas y ha estudiado en profundidad su Código Penal, la normativa que obliga a sus autoridades y unos cuantos manuales sobre la diplomacia y sus intríngulis. “Tenemos que saber cómo funciona todo para ver por dónde ir y eso implica muchas horas y mucho estudio. Tienes que saber, por ejemplo, que los filipinos nunca te van a decir que no, pero en función de cómo te digan el sí, sabes si es un sí o un no”, ilustra él. “La última semana que estuvimos allí”, apunta la madre de Bello sobre Mosquera, “se pasó una noche sin dormir releyendo el Código Penal para entender una cosa que acababa de surgir. Lo de Guillermo no es de 10, es de más, de lo máximo que se pueda dar, como amigo, como persona y como profesional”.

Hasta ahora se han celebrado ocho vistas judiciales. Mosquera calcula que queda aún por delante más de un año de juicio. En esta parte del proceso se está dirimiendo si se acepta o no la petición de los tres acusados de poder salir de prisión pagando una fianza. Por las peculiares características del sistema judicial filipino, lo que ocurra en estas sesiones es crucial. Para tomar la decisión, el tribunal está analizando si las pruebas contra los policías son sólidas y lo que dictamine al respecto ya no se volverá a juzgar.

De momento, los agentes porfían y niegan haber urdido un montaje contra Bello. La familia de la víctima, sin embargo, mantiene la esperanza de que la penosa estancia de Panuelos, Pazo y Boy Cortes en la cárcel de Manila socave su ánimo y alguno acabe cantando. Antes de esa mazmorra, los tres estuvieron recluidos en una prisión especial para policías que es “como un hotel”. Pero esos privilegios se les han ido agotando. En su última estancia en el archipiélago, los padres de Bello han recabado el apoyo del Defensor del Pueblo filipino, una autoridad que en ese país también vigila los procedimientos judiciales. Delante de ellos, este mandatario telefoneó incluso al fiscal general para afearle el retraso del ministerio público en intervenir en la causa contra los agentes.

El esclarecimiento del asesinato Bello ha superado hasta la fuga de los tres acusados. Estuvieron huidos un año y reaparecieron casualmente después de una visita de una delegación de senadores filipinos a Bruselas en 2022. Entre ellos estaba la hermana del actual presidente Ferdinand Marcos Jr e hija del dictador Ferdinand Marcos y su esposa Imelda. Gracias a las gestiones de la familia ante la embajada de la UE en Filipinas, los representantes comunitarios le sacaron a Imee Marcos el caso del joven coruñés. La dejaron descolocada, cuenta Mosquera. Dos meses después del mal rato de la senadora Marcos, los agentes se entregaron.

La causa ha pasado por dos jueces y en breve la asumirá un tercero. También han sido dos cónsules españoles los que han asistido a la familia y pronto llegará uno nuevo. Los acusados llegaron a intentar colarle a la familia un certificado falso para fingir que habían sido trasladados ya al infierno penitenciario de Manila City Jail. “Habiendo pasado todo esto, que ellos estén detenidos y que se hayan celebrado la mitad de las vistas es un logro que ni en nuestros mejores sueños imaginamos cuando todo empezó”, celebra Mosquera.

¿Quién ordenó matarlo?

Los padres de Bello cuentan con el apoyo de un bufete filipino que les costó encontrar. Fueron muchos los despachos que se echaron para atrás por las implicaciones locales del caso. Para financiar los gastos legales y los continuos viajes a la otra punta del planeta, la familia vende ropa y complementos de Mamon, la marca de surf creada por su hijo. Se puede comprar por Internet o en los puestos que montan en los eventos a los que les invitan. Este verano volverán a instalar un punto de venta en Barrañán (Arteixo), la playa en la que Bello aprendió a nadar y surfear. “Estamos infinitamente agradecidos. Es emocionante ver por Coruña a la gente llevando algo de Mamon”, expresa su madre.

Lafuente avisa de que su lucha por esclarecer el asesinato de su hijo no se va a quedar en los tres policías que ya están sentados en el banquillo. La familia cree que el crimen fue ordenado por alguien poderoso que tenía algo personal contra Bello. Los tres agentes acusados, incide su madre, “tienen buenos abogados que viajan dos veces al mes de Siargao a Manila para acudir a las vistas”. “¿Están asumiendo ellos ese gasto con sus sueldos normales de policías?”, se pregunta.

Una de las incógnitas del caso es el choque que el coruñés tuvo cinco meses antes del crimen con Miguz Villafuerte, miembro de una influyente familia de políticos y gobernador de la provincia de origen del capitán Panuelos. Está recogido en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, la primera entidad que cuestionó la versión de los policías. Villafuerte se presentó en el restaurante de Bello para quejarse del ruido y amenazó a su socio: “¿No sabes quién soy? ¡Puedo dispararos y haceros desaparecer arrojándoos al manglar!”.