La Xunta amenaza con sanciones a inspectores que denunciaron posibles chivatazos a residencias de mayores

La Consellería de Política Social de la Xunta ha abierto una investigación interna que puede acabar en un expediente disciplinario contra varios funcionarios que pertenecen a una asociación crítica con el sistema de inspecciones a residencias de mayores. Se llama Asociación Galega de Inspectores de Servizos Sociais (AGISS) y el pasado agosto denunció en un comunicado que el método utilizado por el Gobierno gallego para realizar visitas sorpresa a estos centros tiene brechas que pueden dar lugar a chivatazos. Dos meses después, un instructor ha empezado a tomar declaración a los 14 funcionarios que ejercen labores de inspección para pedirles pruebas de las posibles filtraciones de las que alerta AGISS. El colectivo denunciante, que ha puesto el caso en manos de sus asesores legales, considera que la medida es una represalia por haber aireado el problema. “Se busca imponer un castigo a los funcionarios que pertenecen a AGISS por ejercer el derecho constitucional de asociación”, critica. La Xunta, por su parte, niega que las pesquisas vayan “contra ningún funcionario”, aunque este periódico ha tenido acceso al documento oficial que comunica a los afectados el inicio de “actuaciones previas” a un procedimiento disciplinario.

La AGISS emitió un comunicado el pasado agosto en el que avisaba de que la programación de las inspecciones a los geriátricos facilitaba que los centros recibieran chivatazos. Según su relato, hace seis meses, alertaron del problema a varios responsables del departamento autonómico que dirige la popular Fabiola García, quienes decidieron atender su demanda y modificaron el sistema. En vez de que fuera la jefa de servicio la encargada de fijar día y hora de la visita a las residencias con una semana de antelación, un calendario al que tenía acceso toda la cúpula de la consellería, se empezó a asignar cada centro a un inspector concreto, encargado de elegir cuándo acudir a los recintos que tenía a su cargo. Este funcionario comunicaría la inspección a la jefa de servicio en el momento de acceder a las instalaciones, “todo ello con la finalidad de garantizar la máxima confidencialidad”. Sin embargo, el pasado julio se comunicó a los inspectores que se volvía al modelo antiguo “sin aclarar los motivos y sin justificación alguna”, explica AGISS. Fuentes de la consellería esgrimen que “se probó un método experimental” pero se decidió volver al anterior porque “trajo disfunciones”.

El comunicado de la asociación hacía alusiones a denuncias de otros colectivos que situaban un posible foco de filtraciones en lo más alto del organigrama de la consellería: “Resulta curioso que de alguna filtración fuese acusada la propia conselleira, a la que, como a muchos otros cargos de libre designación o de personal de confianza de Fabiola García, le llega con mucha antelación el programa de visitas de las inspecciones, por lo que se puede filtrar la fecha y hora de la inspección y tener avisados a los centros para tapar solo durante la visita las irregularidades e ilegalidades”.

El asunto provocó una comparecencia de la conselleira en el Parlamento gallego a mediados de septiembre. García tachó el comunicado de “falsas acusaciones” y afirmó que no había pruebas. En aquel momento, las diligencias previas ya estaban en marcha. Se abrieron solo cinco días después del comunicado. Fuentes Política Social evitan hablar de sanciones y sostiene que se trata de una “investigación interna con todo el equipo de inspección para descartar posibles irregularidades en el servicio como las que se denunciaron en un comunicado el pasado mes de agosto”. “El Gobierno gallego es el máximo interesado en saber si hay algún problema en el funcionamiento del servicio y, por eso, es necesario que los demandantes [en alusión a los funcionarios, no a la asociación], ante unas acusaciones tan graves, aporten las pruebas pertinentes”, explican fuentes de Política Social. Por el momento, apuntan estas mismas fuentes, no se han hallado indicios de que “sea cierto lo que se afirma en el comunicado”. “Pero seguiremos investigando para esclarecerlo”, añade la consellería.

El presidente de la Federación Gallega de Usuarios y Familias de Residencias REDE, Paulino Campos, considera “grave” el paso dado por la Xunta de llamar a declarar a los inspectores y lo interpreta como “una caza de brujas”, una medida que atenta “contra la libertad de expresión y la transparencia”, según ha expresado este jueves en un mensaje en la red social X. Campos sostiene que la inspección de las residencias de mayores en Galicia es un “fraude absoluto”, porque los inspectores son “boicoteados por sus propios jefes administrativos y cargos políticos que avisan a las empresas cuando van a ser visitadas”. Además critica que el acta y el informe que realizan no sean públicos como en otros países y reclama que deje de ser así.