Un funcionario de Hacienda afronta 13 años de prisión por cobrar devoluciones de la renta

La Fiscalía de A Coruña acusa de los delitos de estafa y falsificación continuada en documentos mercantiles y públicos, blanqueo de capitales y otros cinco delitos de acceso no autorizado al sistema de información por parte de funcionario público a un técnico informático de la delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Santiago de Compostela. El acusado supuestamente cobró devoluciones de la declaración de la renta y créditos utilizando datos confidenciales de contribuyentes por importe de más de 80.000 euros y afronta por ello una condena de 12 años y 11 meses de prisión, una multa de 160.000 euros y tendrá que devolver 11.900 euros a la hacienda pública al haber modificado declaraciones fiscales de empresas y particulares.

Además, la Fiscalía, que también pide para el acusado 29 años de inhabilitación para cargo público, solicita al tribunal que el hombre indemnice a la entidad financiera Cofidis, una cantidad que se determinará en la sentencia, por haber gestionado con ella varios préstamos utilizando la identidad de terceras personas, entre ellas la de un compañero de trabajo por importe de 35.000 euros que no devolvió. El juicio contra este empleado público arranca este miércoles en la sección sexta de la Audiencia de A Coruña con sede en Santiago.

Según el escrito de acusación del ministerio público, el acusado comenzó a perpetrar estos supuestos delitos en diciembre de 2014, cuando creó un perfil falso con el que abrió dos cuentas bancarias y tres líneas de teléfono. La Fiscalía sostiene que se valió de sus credenciales para acceder a varios expedientes tributarios que se tramitaban en la citada delegación de la AEAT. Así, cobró cinco devoluciones de declaraciones de la renta de distintas empresas por un total de 11.900 euros y pidió un crédito de 31.000 euros. Todas estas cuantías fueron abonadas en la cuenta bancaria que para este fin había creado el acusado, según relata el fiscal.

En concreto, entre diciembre del 2014 y julio del 2015, el acusado supuestamente modificó las declaraciones presentadas por tres empresas radicadas en Santiago y dos particulares que habían solicitado devoluciones, cantidades que fueron a parar en su cuenta bancaria para luego hacer transferencias periódicas para blanquear el dinero. En este período y hasta 2018 movió más de 51.000 euros.

El fiscal también relata en su escrito que en septiembre de 2017, el acusado utilizó la identidad falsa que había creado para solicitar a través de la banca electrónica de la citada entidad financiera estafada un préstamo mercantil por valor de 31.000 euros. El acusado, supuestamente empleó datos y documentos de un compañero de trabajo, y llegó a falsificar su firma para pedir otros dos créditos por valor de 24.000 y 9.500 euros.

La Fiscalía entiende que el acusado es responsable de un delito continuado de estafa en concurso medial con otro de falsificación en documentos mercantiles y públicos por el que le reclama siete años de cárcel y 5.040 euros de multa. También le pide otros cinco años de prisión y multa de 154.423,56 euros por blanqueo de capitales y once meses más por cinco accesos no autorizados al sistema de información por parte de funcionario público.