Golpe a los trabajadores precarios de la sanidad gallega: “Se niegan a pagarnos lo que dice la justicia”

Cerca de 20.000 trabajadores precarios de la sanidad pública están en vilo en Galicia por su futuro salarial. Son médicos, enfermeras, celadores y administrativos temporales que cubren huecos aquí y allá, que viven pegados al móvil y que pueden llegar a encadenar durante años cientos de contratos de un día o de una semana. Varias sentencias firmes del Tribunal Supremo les han reconocido que tienen derecho a beneficiarse de la carrera profesional, es decir, que la Xunta debe pagarles a ellos también las mejoras salariales que ya reciben desde 2019 sus compañeros fijos por los años acumulados de experiencia y formación. Sin embargo, cuánto y cuándo cobrarán está en el aire. El Gobierno gallego alega que extender los pluses tal y como están diseñados a todos el personal del sistema sanitario y con carácter retroactivo, es inviable económicamente. Y negocia una salida con los sindicatos.

“La Xunta se queja de que no tiene médicos ni enfermeras. ¿Cómo van a tenerlos si los castigan?”, se pregunta Silvana Muñoz, enfermera del Sergas que ha pasado 19 años rubricando contratos de un día o de una semana, saltando de un servicio a otro, en inestabilidad permanente. El pasado marzo logró por fin ocupar una plaza que quedó vacante y ha mitigado “un pelín” su precariedad: ya no es eventual, sino interina, y seguirá en ese puesto mientras nadie lo reclame. Con todo, Muñoz ha emprendido un pleito con la Xunta para que le reconozca las mejoras salariales de la carrera profesional que disfrutan sus compañeros fijos porque su “experiencia está más que demostrada”. “El sistema sanitario se sustenta sobre los hombros de los trabajadores eventuales”, afirma esta integrante del colectivo Enfermeiras en Loita, “y es un abuso y una injusticia que ahora la Xunta quiera cambiar las normas de la carrera profesional que ella misma creó”. El golpe, lamenta, llega tras el sobreesfuerzo de la pandemia, después de que los trabajadores temporales “hayan luchado como jabatos”. “Hay enfermeras eventuales que sacaron adelante UCIs casi sin saber”, recuerda sobre la época de los aplausos en las ventanas.

Las mejoras salariales de la carrera profesional en Galicia deben ser solicitadas por cada trabajador, demostrando que cumple una serie de requisitos de antigüedad y formación. Está dividida en grados y, cada vez que se avanza uno, supone un incremento de sueldo que ronda los 300 euros brutos para los médicos, los 150 para las enfermeras, los 75 para los administrativos y los 70 para los celadores. El procedimiento fue paralizado en 2012 por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en nombre de la austeridad. Tuvo que pasar un lustro y llegar una huelga para que fuera reactivado. En 2017 los sindicatos aceptaron desconvocar un paro en todo el sistema sanitario a cambio de recuperar estos complementos. Pese a que ya había sentencias en España y normativa europea que lo cuestionaban, la Xunta aprobó una orden en 2018 que dejó fuera de estos pluses a los trabajadores temporales con el beneplácito de la mayoría de las centrales.

CC OO y el Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública (Prosagap) llevaron el asunto a los tribunales y el Supremo zanjó la batalla judicial en abril, avalando lo que ya había sentenciado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: estos aumentos de sueldo no pueden discriminar a los trabajadores temporales. La Consejería de Sanidad evita poner números al desembolso total que según sus cálculos supone el dictamen judicial, pero la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, avanzó en una entrevista en La Voz de Galicia que su ejecución “obliga a revisar” el modelo de carrera profesional porque es “inviable” económicamente.

En contra de lo que defiende Prosagap, el Gobierno gallego sostiene que el Supremo “no ha condenado al pago de atraso alguno” y no piensa abonar el complemento desde el 1 de enero de 2019, cuando entró en vigor para el resto de la plantilla. “Nadie ha pedido en sus demandas colectivas medidas de carácter retroactivo”, esgrime la consejería, que pretende una incorporación progresiva de los eventuales a estos pluses con un “fraccionamiento del pago”. Propone que en enero empiecen a percibirlos 9.000 empleados, con un coste de 14,4 millones para las arcas autonómicas.

Eli Dosil es enfermera de la sanidad pública gallega y fue temporal durante 14 años. En ese tiempo firmó más de 500 contratos. La semana pasada intentó calcular su pensión con una aplicación y la máquina le respondió que su vida laboral era “demasiado complicada” para darle un resultado, cuenta. Es consciente de que la precariedad que ha sufrido durante tanto tiempo la perjudicará en su jubilación. “El Sergas está racaneándonos lo que nos pertenece a trabajadores que no hemos podido tener una vida normal y la mayoría somos mujeres. Habla de que quiere fidelizar al personal, pero sigue dándole patadas en el culo y obligándolo a marchar”, critica. Dosil es portavoz del sindicato Prosagap y sostiene que cuando hace cuatro años la Xunta excluyó a los temporales de este complemento salarial ya sabía que iba en contra de la jurisprudencia: “Fue un ‘si cuela, cuela’. Saben que si luego hay que hacer reclamaciones individuales en los tribunales, mucha gente se quedará por el camino. Con eso juegan”.

Las negociaciones con los sindicatos sobre cómo cumplir la sentencia están de momento “en pañales”, pese a que el tiempo apremia para que las subidas salariales puedan aplicarse ya el año que viene, explica Javier González, de CC OO. El Sergas ha advertido a los representantes de los trabajadores que si no hay acuerdo volverá a suspender la carrera profesional para todo el personal, como ya hizo en 2012, una medida que catalizaría el malestar en una plantilla que aún arrastra el agotamiento de los peores momentos de la pandemia. La propuesta para fraccionar los primeros pagos ya ha sido rechazada por las centrales. “No puede ser que el Sergas no pague los atrasos y también pretenda fraccionar los primeros cobros. Nosotros planteamos un sistema en el que nadie pierda y en el que nadie tenga que pleitear”, afirma González.

El descontento ante las pegas que pone la Xunta para incluir a los temporales en estas mejoras se extiende entre los afectados. Médicos, enfermeras, celadores y administrativos con contratos temporales se han movilizado esta semana para recoger en todas las áreas sanitarias de Galicia apoyos a un manifiesto que cuestiona la legalidad del plan de la Xunta. En el texto que están repartiendo advierten de que “serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”. Si la Administración considera que el fallo causa un “trastorno grave a su hacienda”, añade el manifiesto, deberá acudir al juez para que sea este quien busque una ejecución lo menos gravosa posible.

Antonio es uno de los médicos afectados y pide hablar con nombre supuesto. Es facultativo especialista del Sergas desde hace 20 años y durante una década firmó un contrato cada dos meses. “El Sergas se siente por encima del bien y del mal, un particular no puede decir que no puede pagar una sanción”, critica. Explica que la retroactividad desde 2019 que la Xunta no quiere pagarles supone para él más de 10.000 euros brutos. “La sociedad nos ve como unos privilegiados, pero nuestro sueldo lo ganamos a base de mucho sacrificio, de trabajar mañanas, tardes y noches. En una guardia cobramos nueve euros netos la hora y no cotizan”, explica.

Julio, también con nombre supuesto, ejerce de celador de quirófano en el hospital de A Coruña y ha sido temporal durante 12 años. En los días más oscuros de la pandemia trabajó en la UCI con enfermos de covid “pasándolo muy mal”. Cobra 1.200 euros y las subidas que le “escatima” la Xunta son “importantes” para una nómina como la suya. El “nerviosimo y la desazón” cunden entre sus compañeros, añade. “La sanidad pública es insostenible sin los temporales y esto llega en un contexto de abuso continuo. En la pandemia nos hemos volcado y ahora el Sergas se niega a pagarnos algo que nos corresponde por ley, lo dice el Supremo”, protesta Antonio. Este facultativo remarca lo que considera un sinsentido: al tiempo que alega que no tiene dinero ni médicos o enfermeras a quienes contratar, la Consejería de Sanidad ha anunciado “proyectos faraónicos” para ampliar los hospitales de Santiago y A Coruña.