Bruselas cuestiona la legalidad del blindaje de peajes que ejecutó Aznar en la principal autopista de Galicia

La Comisión Europea ha abierto este jueves una posible vía jurídica para liberar de peaje la AP-9, la principal infraestructura terrestre de Galicia, que recorre la franja atlántica de Ferrol a Tui a cambio de más de 22 euros. Bruselas ha abierto expediente contra España porque considera que la prórroga de la concesión que el Gobierno de José María Aznar otorgó a la empresa Audasa en 2000 y que demoró la liberalización de la vía de peajes de 2023 a 2048 incumplió las normas comunitarias sobre contratación pública.

El procedimiento sancionador de Bruselas se produce después de la denuncia que presentó la asociación de usuarios de la autopista En Colectivo en julio de 2019. La Comisión sostiene que España incumplió la directiva 93/37/CEE al otorgar a Audasa en 2000 una prórroga de 25 años a cambio de construir un tramo de nueve kilómetros de vía para unir las localidades de Fene y Ferrol. Las autoridades europeas consideran que el Gobierno de Aznar debería haber convocado un concurso público. El Gobierno español dispone ahora de dos meses para responder a la Comisión.

La asociación En Colectivo presentó la denuncia ante la Comisión Europea inspirándose en un caso similar ocurrido en Italia sobre el que las autoridades comunitarias ya emitieron un dictamen. El Tribunal de Justicia de la Unión Europeo dictaminó que el Gobierno italiano incumplió la normativa europea al prorrogar la concesión de una autopista sin publicar un anuncio de licitación y vulnerar así “el derecho a la igualdad de trato”, explicaron en su día los denunciantes.

La concesión de la AP-9, que debía expirar originalmente en 2013, ha sufrido dos prórrogas a lo largo de su historia. La primera fue en 1994, con el PSOE en el Gobierno, hasta 2023 y la segunda, la más extensa, con el PP en 2000 hasta 2048. En Colectivo cree que ambas equivalían a una nueva concesión y tenían que haber salido a concurso porque “no hacerlo impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la prestación de servicios”, señala la entidad.

En Colectivo sostiene que el blindaje de peajes que hizo Aznar también vulnera el Libro Verde de la Contratación Pública en la UE al introducir “cambios sustanciales” en el procedimiento sin someterse a licitación pública. La entidad denunciante aspira a que el expediente abierto por Bruselas contra España suponga un paso hacia la “gratuidad” de la AP-9.