El juzgado frena la mudanza de los Franco en el pazo de Meirás

Milagritos-Evangelina Belso, la juez sustituta al frente del Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, ha bloqueado provisionalmente el trasiego de las “cosas, bienes y objetos” que decoran las estancias del pazo de Meirás, muchas desde hace más de un siglo, cuando lo habitaba Emilia Pardo Bazán. A través de una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia, su juzgado ha puesto freno a la salida de camiones de mudanzas contratados ya por los nietos de Francisco Franco para vaciar por completo las torres.

Se suspende así el plazo de un mes que había pedido la familia porque se han admitido a trámite los recursos de reposición presentados por las Administraciones personadas en la demanda por la devolución del pazo. El Estado, la Xunta, los Ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial se revolvieron la semana pasada contra la diligencia judicial del 28 de abril que daba vía libre a los nietos para llevárselo todo. El jueves pasado, solo un día después de que Gobierno central presentase su recurso, la operación de mudanza estuvo a punto de comenzar. Según relató el abogado de los Franco, un equipo contratado por la familia trató de entrar en el palacete del municipio de Sada (A Coruña), pero los vigilantes de seguridad puestos por el Estado se lo impidieron.

Fotogalería: Así es el pazo de Meirás

Ahora es el propio juzgado el que impide el vaciado mientras no se concluyan los incidentes abiertos actualmente sobre los bienes que deben quedarse y los que pueden marchar, y también mientras la juez no resuelva los recursos de reposición. Contra esta nueva resolución cabe interponer recurso, pero el reloj se vuelve a parar. Y los objetos continúan en el pazo mientras el Gobierno gallego todavía no ha materializado el acuerdo de todos los grupos parlamentarios gallegos, que aprobaron extender el blindaje como Bien de Interés Cultural del inmueble a su contenido. La Xunta intenta responsabilizar al Gobierno central de esta tarea, porque asegura que tiene “competencias”. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo (PP) asegura que una semana después de plantear al central un convenio de colaboración no tiene respuesta. Según la Administración gallega, este “permitiría resolver las discrepancias jurídicas existentes entre los letrados” de ambos gobiernos y “con la firma del acuerdo la Xunta estaría habilitada para “realizar la ampliación do BIC”, algo que no puede demorarse “ni un minuto más”.

En la carrera por impedir la marcha de algunos elementos que ya cuentan, por sí mismos, con la protección como bienes de interés cultural —las dos estatuas del taller del Maestro Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán—, la Consellería de Cultura ha reclamado varios documentos a los Franco. La familia solicitó autorización a este departamento autonómico responsable de los BIC para llevarse de Galicia los objetos, y la Xunta les exige que detallen las “condiciones de conservación, de seguridad y de protección” que planean establecer para las esculturas y los libros.

Desde hace ya dos semanas, Cultura insiste en que cuenta con tres meses para decidir sobre estos BIC y en que ha pedido informes a las principales instituciones culturales de Galicia “para disponer de una argumentación sólida”. El propio consejero, Román Rodríguez, ha repetido varias veces que su “intención” es impedir que los Franco se lleven de la comunidad autónoma estos tesoros.

La magistrada que releva al frente de las actuaciones a la que en septiembre sentenció que la mansión era de titularidad pública, Marta Canales (ahora en la Audiencia Provincial en Santiago), ha firmado también hoy un auto en el que requiere al Estado a depositar, en el plazo máximo de un mes, “toda la documentación e información que justifique la necesidad de las obras” que se están realizando en el pazo. Esta es una petición formulada por la representación legal de los Franco, a la que sin embargo ha denegado la posibilidad de que entren en el recinto unos técnicos designados por ellos para inspeccionar los trabajos.

El Gobierno central deberá justificar con una memoria la declaración de emergencia que aprobó para contratar las obras. Y especificar, con su precio, qué trabajos ya realizó, cuáles está ejecutando y aquellos otros que aún “proyecta ejecutar”. Cuando comenzaron las tareas, el Ejecutivo explicó que eran reparaciones necesarias para “garantizar la seguridad” debido al “deterioro” que encontró al recibir las llaves de Meirás el pasado diciembre. Hasta que estas obras estuviesen concluidas, no se podría abrir el lugar a las visitas, algo que no ocurrió en marzo, como se anunciaba al principio.

La vieja instalación eléctrica

La juez exige ahora todos los detalles de los trabajos, también los de jardinería, y un estudio sobre la situación en la que se encontraba la instalación eléctrica. El pazo fue parcialmente rehabilitado por la familia Franco dos décadas después de un incendio que arrasó gran parte del inmueble. La causa oficial de aquel fuego que se declaró en la noche del 18 al 19 de febrero 1978 fue precisamente un cortocircuito del cableado oculto sobre el falso techo del comedor.

El auto de la juez Belso niega a los Franco su deseo de supervisar las tareas en una propiedad que al menos de forma provisional ya no es suya. Y explica que en el caso de que fuera estimado en el Supremo el recurso de casación contra la sentencia que otorga la propiedad del inmueble al Estado y la familia pretendiera reclamar el coste de los trabajos realizados por su carácter necesario, “la carga de la prueba correspondería a la Administración”: “Es por ello la máxima interesada en poder acreditar el estado real del inmueble antes de iniciar las obras”.