Los empresarios confirman que Liñares cobraba mordidas por cada obra adjudicada

Ocho contra dos. La mayoría de los empresarios que se sientan en el banquillo de los acusados en el juicio que inaugura los de la macrocausa Pokémon de Lugo reconocieron que pagaban por la adjudicación de obras, en la primera sesión de esta mañana. Francisco Fernández Liñares, exedil socialista de Lugo en tiempos del alcalde Orozco y presidente que estrenó en 2009 la flamante Confederación Hidrográfica Miño-Sil, negó sin embargo haber cobrado esas mordidas. Y solo uno de los nueve empresarios procesados se alineó con él. Las cantidades pagadas “en mano” (y reconocidas en la sala) por los contratistas que pescaban obras en unas cuencas (las del Miño, el Sil y el Limia) irrigadas por infinidad de ríos necesitados de limpiezas, desbroces y “acondicionamientos”, rondaban los 15.000, 20.000 o 25.000 euros. El fiscal del caso habla en sus conclusiones provisionales de hasta 35.000. Unos fajos que Liñares recibía, supuestamente, en metálico para invertirlos luego en propiedades o en diversas participaciones empresariales.

Evaristo Nogueira, el abogado del político, aspiraba a que la Audiencia de Lugo anulase en la primera sesión todo el procedimiento contra su defendido, pero no lo logró. Apeló a la doctrina de los frutos del árbol envenenado, habló de “efecto dominó” y “nulidad piramidal”. Aseguró que la causa instruida por la juez Pilar de Lara tenía “múltiples vicios” impropios de un “estado de derecho” y que se habían “traspasado” las “líneas rojas” de los derechos fundamentales. El letrado se basaba en que la detención de Liñares, a partir del 20 de septiembre de 2021, “sobrepasó y no poco el límite de las 72 horas” y que sus sucesivas declaraciones las prestó “en situación irregular” de arresto y después cadena provisional.

De hecho, pocos meses después la Audiencia provincial había declarado nulo el auto de prisión y ordenado su puesta en libertad. Por eso hoy el tribunal, después de retirarse a deliberar, acordó anular todas aquellas declaraciones de Liñares en las que admitió los hechos investigados y que tuvieron lugar a partir del 23 de septiembre, una vez cumplidas las 72 horas. Pero los magistrados no han accedido al resto de pretensiones de Nogueira, que recordaba incluso que en ese tiempo, mientras se llevaban a cabo los registros (el día 21), los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera le obligaron a firmar una confesión “encerrado” en “la trastienda de una tasca de Santa Comba”. En su turno de declaración, el último en la primera jornada de las cuatro previstas para zanjar este juicio por cohecho continuado, Liñares insistió en aquella declaración “nefasta” en el bar. Y aseguró que dijo lo que dijo porque se sintió amenazado: creyó que le iban a “tirar la casa” con una pala y hasta llegó a ver “la máquina” en el lugar.

Francisco Félix Fernández Liñares fue colocado al frente de una de las dos Hidrográficas en las que se partió la Confederación del Norte con el Ejecutivo de Zapatero y del lucense José Blanco. Llegó al gobierno de los ríos infinitos de Galicia (y parte de Asturias y Castilla y León) después de acaparar las principales áreas en el Ayuntamiento de Lugo, esa etapa política aún sin fecha de juicio por la que empezó a crecer el caso Pokémon. Según la fiscalía, que pide para él cinco años de prisión y 10 de inhabilitación para cargos públicos, en el organismo recién creado, con sede principal en Ourense, “continuó con las mismas prácticas delictivas y otorgó los contratos de obras a sociedades con cuyos representantes se había puesto de acuerdo”. A cambio, sostiene el fiscal, los empresarios tenían que entregarle miles de euros o prestar servicios en sus propiedades, como trabajos de desbroce y reforestación con eucaliptos. “A Liñares le gustaban mucho los árboles”, justificó en el juicio el responsable de una de esas firmas contratadas. Otras veces también cuidaban la relación con el presidente de la Hidrográfica regalándole “piezas de caza”.

Salvo un empresario coruñés y el propio Fernández Liñares, todos los acusados confirman los sobornos y algunos los califican de “detalles”. Según avanzó El Progreso de Lugo, estos ocho procesados han llegado a un acuerdo previo con la fiscalía para reducir sus respectivas penas de cinco años a solo uno y tres meses que se quedarán en multa. Según explicaron en la sala, uno tras otro, era el propio presidente de la Confederación Hidrográfica el que los avisaba de las contrataciones que se adjudicaban por la vía del procedimiento negociado (las de presupuesto inferior al millón de euros).

Estas adjudicaciones no son sometidas a la mesa de contratación, sino que la propia entidad pública invita a un mínimo de tres empresas para que hagan sus ofertas. Los profesionales acusados aseguran que contactaba con ellos Liñares personalmente, y que no sabían de las otras dos empresas. Supuestamente estaba ya pactado a quién se le otorgarían los trabajos, mientras que las que perdían se presentaban a sabiendas para “hacer bulto” o “cubrir el expediente”, describen. Entre ellas, se iban rotando las adjudicaciones bajo el control de Liñares, que luego cobraba su correspondiente “sobre en mano”.

Estos contratistas que desmontan la versión de Liñares quisieron contestar este martes solo a las preguntas del fiscal. “Si había una obra había que darle dinero, si no ya no te la daba”, comentó en su declaración un empresario que admite que, además de entregarle “20.000 euros”, también agasajó a Liñares con “conejos de monte”, truchas y reforestaciones de eucaliptos. Otro justificó estos pagos en el hecho de que el político socialista decía que “tenía muchos gastos”: “Se hacía eso para conseguir contratos”, reconoció, “yo le pedía [a Liñares] si nos podía mandar a alguna obra porque entonces no teníamos trabajo”.

“No, absolutamente no”, clamó en cambio un locuaz expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil cuando le tocó declarar después de desfilar todos los empresarios. Según Liñares, su primera confesión la hizo bajo “coacción”, pero ahora niega haber cobrado nada y haber concertado cada procedimiento negociado con tres empresas de las que una era adjudicataria y las otras hacían bulto. “Había un servicio de contratación, yo no era el encargado de las adjudicaciones. En mi despacho nunca había un expediente”, relató.

Según él, tampoco son suyas las anotaciones sobre contratas que fueron incautadas en los registros de tres inmuebles de su propiedad. “Son fotocopias de fotocopias, no reconozco mi letra”, dijo. Su “deficiente capacidad tecnológica”, detalló, le hubiera impedido mandar invitaciones para las contratas a los empresarios, porque no tiene “correo electrónico ni WhatsApp”. Pero no le “extrañaba”, concluyó, que a sus espaldas hubiera conciertos entre empresarios, como efecto “negativo” del “portal de transparencia”. “Yo no estaba nada en el tema de contratación”, insistió Liñares, pero “por lo que sospecho, podía haber ciertos convenios entre ellos”.