La Xunta prohíbe a los Franco llevarse de Meirás las estatuas de la catedral de Santiago
La condición de Bien de Interés Cultural obliga a los propietarios a someter cualquier plan de traslado o venta al dictamen del Gobierno gallego
La Xunta retendrá en Meirás las esculturas de la catedral de Santiago mientras el juzgado que inventaría los bienes del pazo no resuelva cuáles pueden cargar los nietos del dictador Francisco Franco en el camión de la mudanza. La Consellería de Cultura les ha prohibido llevarse a cualquier otro inmueble de la familia las estatuas originarias del taller del Maestro Mateo, que actualmente se conservan ancladas con hierro a una pared lateral de la capilla del pazo. Este departamento ha informado de su decisión después de recibir, explica, una solicitud de los titulares, que el 10 de diciembre deben reintegrar al Estado el inmueble enclavado en el municipio coruñés de Sada tras la sentencia (todavía no firme) de la juez de A Coruña Marta Canales. Las dos joyas del siglo XII que se cree que representan al patriarca Abraham y a su hijo Isaac (o bien a los profetas Jeremías y Ezequiel), formaban parte de la estructura que protegía el Pórtico de la Gloria antes de desaparecer la fachada románica de la basílica.
El Gobierno autónomo justifica el veto en las medidas cautelares dictadas por el auto del pasado lunes en el que la juez de Primera Instancia 1 de A Coruña negaba a la familia la posibilidad de hacer la mudanza hasta conocer, con un inventario oficial, todos y cada uno de los objetos que integran tanto el jardín como los edificios de Meirás. El miércoles, la magistrada fijó en 20 días naturales (pero prorrogables) el tiempo del que disponen los técnicos de Xunta y de Patrimonio Nacional para completar su informe. Las estatuas de Abraham e Isaac, recuerda la consellería, tienen la “máxima protección” por haber sido declaradas en 2018 Bien de Interés Cultural, y entre los “deberes legales” que vinculan desde entonces a los propietarios está la de comunicar cualquier traslado o cualquier propósito de venta, ante la cual la Administración gallega tendrá derecho de tanteo.
También el miércoles pasado se reunió por primera vez la comisión de expertos convocada por la Xunta en coordinación con el Ayuntamiento de Santiago para explorar las vías de recuperación que existen para estas figuras. Es el mismo modo de proceder que cuando se estudiaban los caminos legales para recuperar sin coste público el pazo que habitaron sucesivamente Emilia Pardo Bazán y Francisco Franco.
La consellería recuerda que "nueva documentación existente”, como la recabada recientemente por el investigador Francisco Prado Vilar, arroja luz sobre la forma en la que el dictador y su esposa lograron que el gobierno local compostelano les regalase los profetas (que entonces lucían en la entrada del Ayuntamiento) en la década de los cincuenta. Las esculturas fueron trasladadas a Meirás, aunque años más tarde fueron transportadas hasta A Coruña, donde los Franco también poseen otro palacete que han puesto a la venta y que quiere reclamar el Gobierno municipal: la Casa Cornide.
Los libros de Pardo Bazán
Mientras tanto, la Xunta recuerda que "se avanza en la protección de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán”. La Real Academia Galega presentó la semana pasada su informe para que este conjunto de casi 11.200 volúmenes sea declarado Bien de Interés Cultural. Este lunes, tras una reunión de más de tres horas entre Núñez Feijóo y el presidente de la RAG, Víctor Freixanes, el propio mandatario gallego anunció que se iniciaba por vía urgente el proceso. Los libros estuvieron en el pazo de Meirás hasta el incendio que devoró parte del inmueble en 1978.
En ese momento, con la mediación del Ministerio de Cultura, la Real Academia Galega logró que unos 8.000 ejemplares quedasen bajo su custodia en la sede de la rúa Tabernas de A Coruña (antigua casa de Pardo Bazán). Pero los restantes quedaron atrapados entre los enseres propiedad de los Franco, y solo hace unos años un equipo de investigadoras de la RAG logró acceder para catalogarlos. Ahora se sabe que son 3.200 y la institución que vela por la lengua gallega aspira a reunificar la biblioteca de la escritora. Desde el momento en que se incoa el expediente de un BIC, el elemento al que se refiere queda protegido mientras el Gobierno gallego no resuelve la declaración.
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