Pedanías, el voto más alejado y marginado del centro (geográfico)

Los vecinos de la partida rural de Fontcalent (Alicante, 696 habitantes según los datos del INE de 2002 que maneja la Diputación Provincial) llevan más de una década luchando contra los vertidos ilegales de escombros y todo tipo de materiales en su entorno, una zona de terrenos agrícolas protegida por tres sierras, con agua abundante y situada a apenas seis kilómetros de la capital provincial y, por tanto, del mar. También batallan contra la sobresaturación, a su juicio, de la planta de residuos municipal, cuya capacidad disminuye aceleradamente porque “no se separan los materiales vertidos”, consideran. “La política no se ha preocupado de estos asuntos, los partidos vienen, lo ven y no hacen nada”, cuenta Cayetano González, presidente de la asociación vecinal. El Partido Popular, que gobierna el ayuntamiento alicantino, “ni ha venido”, asegura. “Para la playa siempre hay dinero”, apostilla Encarni Navarro, ganadera que también forma parte de la asociación, “pero para el pulmón de Alicante, nada”.

Lo que tendría que ser un paraíso de tranquilidad ofrece una imagen dantesca. La basura, los escombros y los contenedores vacíos se reparten por todos lados, sin control, flanqueados por montañas que están siendo explotadas, legalmente, por las canteras de varias fábricas de cemento. “Nuestra principal demanda es la limpieza de los macrovertidos ilegales y el precinto de la planta municipal”, continúa González. Pero no es su único problema. “Carecemos de cualquier tipo de servicios”, afirma. La pedanía no tiene dotación ninguna, lo que obliga a sus habitantes a desplazarse a San Vicente del Raspeig, situado a unos cinco kilómetros, para cubrir sus necesidades, desde las compras a los colegios para los niños. “Ni siquiera nos desbrozan los caminos”, lamenta Navarro.

La partida de Fontcalent, que también combate “el estigma” de la prisión de Alicante, que no está en su término pero cuyo nombre comparten, precisamente, por el de la sierra que las separa, capitaneó el pasado 13 de mayo un encuentro de asociaciones vecinales de las partidas de Alicante, que cuenta con 11 pedanías, incluida la isla de Tabarca, situada a 20 kilómetros de distancia. La avalancha de vertidos centró el debate de una reunión, apoyada por la asociación Unir Alacant, que también abordó la necesidad de equipamientos en otras zonas, como un nuevo colegio y un centro médico en la Cañada del Fenollar o los centros sociales de El Moralet o El Verdegás. Quieren que se les escuche, “conocer la posición de cada partido político y qué soluciones nos proponen”, indica González.

No son los únicos. En la provincia de Alicante hay 152 entidades singulares de población, que, según las define la Diputación Provincial, son áreas “habitadas o excepcionalmente deshabitadas” de un término municipal, “claramente diferenciadas” y con “una denominación específica que las identifica sin posibilidad de confusión”. Su población fluctúa desde los tres habitantes de la Sierra de Salinas (Villena), a los 24.137 de Orihuela Costa, quizá la única pedanía que “ha tenido cierta influencia en el Gobierno municipal” del término al que pertenece, señala Enrique Conejero, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. En el litoral oriolano, el partido CLARO, que aglutinaba las demandas del nutrido censo extranjero de la zona, llegó a decidir la composición del ayuntamiento. Pero en el resto de pedanías, principalmente las de Alicante, Elche y Orihuela, “el voto siempre es desafecto y contestatario, siempre se sienten desatendidos por los gobiernos municipales, consideran que están olvidados”. Son pocos para influir en el voto municipal, sostiene Conejero, “pero sí pueden tener importancia, sobre todo las zonas rurales oriolanas, en las elecciones autonómicas”. Su voto se dirige, habitualmente, hacia partidos de “derecha o extrema derecha”, remarca el experto.

A 30 kilómetros por carretera de Orihuela, en la esquina fronteriza con Murcia, se encuentra Barbarroja, una partida rural dedicada históricamente a la agricultura de secano en la que “no hay nada”, cuenta por teléfono Antonio Galiana, un vecino que trabaja en Alicante. “No hay tiendas, ni farmacia, ni bares, colegio, bancos o cementerio”. “El centro social cerró hace cuatro años y tienen que reformarlo para habilitar una cocina, pero el ayuntamiento”, que esta legislatura ha cambiado de manos del PP al PSOE, pero cuyas competencias en pedanías recaen en Ciudadanos, “dice que no tiene presupuesto”. La vida de sus 101 habitantes, según el padrón de 2022, se desarrolla entre Aspe y, sobre todo, Hondón de los Frailes, municipios pertenecientes a otra comarca, el Medio Vinalopó. “El médico viene los miércoles por la mañana, pero si tienes una urgencia tienes que ir a Aspe”, asevera Galiana, “y tenemos un cajero automático, pero como cobra comisiones, preferimos ir a otro que hay en Hondón”. Tampoco hay enlace de transporte con Orihuela, “solo un autobús que va a Aspe”, pese a que el papeleo hay que hacerlo en la capital del término municipal. “Los políticos no piensan en las pedanías”, dice también Galiana, “en cuatro años no nos han puesto ni un metro de asfalto ni han arreglado un solo camino”. Y, pese a sus continuas quejas por inseguridad, “a la Policía Local, ni la vemos, y la Guardia Civil tiene que venir de Aspe”. Galiana calcula que los vecinos con derecho a voto son “unos 50″.

Muy diferente es la situación de la pedanía ilicitana de La Marina, la más alejada, a 16 kilómetros, del núcleo urbano de Elche, que gobierna el PSOE. Sus 2.261 habitantes (INE, 2022) disfrutan de “un entorno privilegiado, de gran tranquilidad, con playas”, reconoce Carolina Sánchez, secretaria de la asociación vecinal Pinomar-La Marina. Coincide Marga Candela, que trabaja en un restaurante a pie de playa: “No cambio esto por vivir embutida en una ciudad”. O Philip McCormick y Sara Cunningham, una pareja de británicos que lleva “17 años viviendo aquí” y que destacan “la limpieza, el transporte con San Fulgencio”, donde hay un centro comercial, “y los extraordinarios restaurantes”. Aun así, “el ayuntamiento escurre el bulto” cuando los ciudadanos de la pedanía plantean sus problemas, subraya Sánchez. “La remodelación del pabellón deportivo lleva cuatro años sin hacerse”, enumera, “hay poca vivienda, no hay buena conexión por transporte público” y las playas y las pinadas que las rodean necesitan mantenimiento y regeneración. Solo con mucha insistencia han logrado “que el centro de salud abra el próximo mes de septiembre”. “Eso sí”, ironiza Sánchez, “en campaña, parece que lo que se tenía que hacer en cuatro años, se va a hacer en tres meses”.

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