563 millones de euros en el limbo: las consecuencias económicas de una repetición electoral en Extremadura

La falta de acuerdo entre el PP y Vox puede llevar a Extremadura a una repetición electoral. De llevarse a cabo, 563 millones de euros estarían en juego en la región, según datos aportados a EL PAÍS por la Consejería de Hacienda extremeña. Este presupuesto afectaría a proyectos como el Hospital Don Benito-Villanueva, la facultad de Medicina de Badajoz, y numerosas infraestructuras hidráulicas de Cáceres y Badajoz. “El Ejecutivo se queda muy constreñido en su actuación, prácticamente supone una paralización”, alerta por teléfono la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales.

Con la constitución de la Asamblea el pasado martes, la cuenta atrás para que los extremeños acudan de nuevo a votar ya está activada. La líder popular y aspirante a presidir la Junta extremeña, María Guardiola, mantuvo firme su posición de rechazar la entrada de los ultras de Vox en su gabinete. Tanto, que este martes, en una comparecencia desde la Asamblea extremeña, respondía así a la amenaza de los de Santiago Abascal de regresar a las urnas:

—No regalo consejerías. Si hay que ir a nuevas elecciones, se va.

Por tanto, si Vox sigue exigiendo formar parte del Ejecutivo en las próximas semanas como precio por votar a favor de que Guardiola sea presidenta de la Junta, ella forzará la repetición de elecciones. Sería la primera vez que un hecho de estas características se produzca en esta región de más de un millón de habitantes. De producirse, la fecha que baraja el presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara (PSOE), sería el domingo 19 de noviembre. “Y como mucho, una semana antes, no más (12 de noviembre)”, explica él mismo en una conversación telefónica con EL PAÍS. El calendario lo marca el propio reglamento autonómico, que indica que, una vez constituido el Parlamento —como sucedió el pasado martes— ahora es el turno para que la nueva presidenta de la Asamblea, Blanca Martín (PSOE), llame a los grupos y proponga a un candidato. La fecha límite es el 5 de julio.

Inmediatamente comenzará la cuenta atrás para la designación y el posterior debate de investidura que, según el Estatuto autonómico extremeño, será dentro de los 15 días siguientes. Es decir, antes del 20 de julio, a solo tres días de las elecciones generales. Vara confirmó este miércoles que se presentará a la investidura. Guardiola, sin embargo, descartó esta posibilidad si no cuenta con los apoyos de Vox, como es el caso, por ahora. El pasado 28-M dio como ganador de las elecciones al PSOE, con 28 escaños. El PP también obtuvo los mismos, 28. Cinco fueron para Vox, y cuatro, finalmente, para Podemos. La mayoría absoluta está en 33 diputados, es decir, la suma del bloque conservador. La izquierda alcanza los 32.

Vara, por tanto, tiene muy pocas opciones de ser reelegido presidente. Necesita que PP o Vox se abstengan y que, además, Podemos vote a favor. Esto último sería lo más probable. En el caso de no ser reelegido, se activa la maquinaria para la repetición electoral. Tras la primera votación, que como muy tarde será el 20 de julio, habría otros dos meses para elegir a un presidente. De lo contrario, se producirá una disolución del Parlamento y una nueva convocatoria de elecciones que, si se apuran estos plazos, sería el 19 de noviembre.

Llegados a este punto, lo más probable es que no hubiera un nuevo gobierno en Extremadura hasta primeros de enero de 2024, porque habría que conformar un nuevo Parlamento, con una nueva presidencia de la Asamblea y con una nueva sesión de investidura. Es decir, que Extremadura estaría en funciones como mínimo ocho meses.

Sin embargo, las funciones del Ejecutivo presidido por Vara están muy limitadas porque hace ocho años, en 2015, durante el mandato del popular José Antonio Monago (2011-2015), se aprobó una ley que lleva por título “regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura”. Este periódico se ha puesto en contacto con Monago para conocer los motivos de aquella ley que lleva su firma, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

Esta regulación impide a los gobiernos en funciones extremeños suscribir convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la hacienda pública de Extremadura y aprobarse expedientes de contratación, entre otras cuestiones, tal y como se indica en el artículo 5. Es decir, que en funciones únicamente se podrían aprobar decretos leyes y siempre en supuestos excepcionales.

“Ir a elecciones es una irresponsabilidad”, afirma por teléfono la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. “Se paraliza la administración en todo lo que no sea la gestión ordinaria”. Blanco-Morales se refiere fundamentalmente a los fondos de política de cohesión y a los fondos europeos, que requieren de acuerdos con los ayuntamientos para su posterior ejecución. Una palanca que no se activaría con un Ejecutivo en funciones. “La limitación es muy significativa y la capacidad de hacer cosas también”, alertaba también este miércoles Vara durante una comparecencia con preguntas en Mérida.

Los proyectos afectados por la repetición electoral

Los 563 millones de euros que se quedarían en el limbo se dividen en dos partes. 413 corresponden a los fondos del Programa Operativo 2014-2010, que, según ha podido saber EL PAÍS, afectaría a proyectos como la primera fase de construcción del Hospital Don Benito-Villanueva, a la facultad de Medicina de Badajoz, y a numerosas infraestructuras hidráulicas de la región. Los otros 150 millones corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se activarían inmediatamente con la toma de posesión del nuevo Gobierno. En este ámbito, se encuentran proyectos de energías renovables con un presupuesto de 61 millones, ocho centros para personas mayores en situación de dependencia con un coste de 45,6 millones, y diversos planes de empleo y movilidad sostenible, entre otros.

A esta limitación legislativa se sumaría, también, el Presupuesto de 2024 de Extremadura, que en condiciones normales se estaría dirimiendo en el último trimestre de 2023. Ahora, en el caso de una repetición electoral, se vería obligado a una prórroga presupuestaria de las cuentas de 2022. El coste de la repetición electoral es de 2,5 millones de euros.

De acudir a nuevas elecciones, el Ejecutivo en funciones socialista estaría solo con ocho de sus 11 miembros. La consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, la de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y el portavoz, Juan Antonio González, dimitieron de sus funciones hace días para cumplir con el reglamento de la ley electoral, dado que acudirán a las listas al Congreso por Cáceres y Badajoz.