El subdirector de Emergencias revela ante la jueza de la dana que la alerta se retrasó porque Pradas quiso corregir el texto en valenciano

Cada nueva declaración judicial de los gestores de la mayor catástrofe natural del siglo -la dana que dejó 230 muertos en Valencia en octubre de 2024- aflora la cadena de fallos que condujo a disparar la magnitud de la desgracia. El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha confirmado este jueves ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la tromba que el envío de la alerta masiva a móviles se retrasó porque la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que es la principal imputada en la causa, pidió corregir la versión en valenciano del texto. Así lo indican a EL PAÍS fuentes presentes en la comparecencia de Suárez, que ha declarado en calidad de testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.

La revelación de Suárez es clave. La alerta masiva a móviles, denominada Es Alert, se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. La notificación se remitió a las 20.11 horas, cuando, al menos, 155 víctimas ya habían fallecido. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra sostiene que, de haberse activado antes, se habrían salvado vidas.

Pradas, según el testigo, demoró el aviso para cambiar el acento del término Valencia y las denominaciones de “este” y “tipo”. “Busqué a la señora Pradas y le dije que ya tenía el mensaje. Ella viene con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y no sé con quién más. La consellera hace una segunda lectura. Y ahí cambia “se solicita suspender” por “se ruega evitar”, ha apuntado. A su juicio, Pradas y Mompó “hicieron cambiar cosas [del mensaje] por tema lingüístico, acentos y demás”. Y la exconsejera pidió ver la redacción definitiva de la notificación antes de su envío.

El mando, que encadena 12 años como jefe de gestión de catástrofes, ha agregado que los responsables de coordinar la crisis desoyeron también su petición de que el mensaje incluyera una mención a subir a las zonas altas. Más de la mitad de los fallecidos por la riada fueron ancianos y personas con movilidad reducida que residían en plantas bajas o fueron sorprendidos por la inundación en garajes. La instructora ha criticado en decenas de autos que la notificación no contemplara la apreciación de abandonar los bajos. “Escribí unas notas en las que pedía que, con carácter inmediato, había que enviar un mensaje [a la población] para subir a zonas altas. Sería a las 17.45 horas”, ha relatado.

Suárez ha reconocido que la magnitud del riesgo comenzó a palparse a partir de las 17.00 horas tras la convocatoria del Cecopi, el órgano que gestionó la crisis en L’Eliana (Valencia). Ha explicado que la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, le pasó un WhatsApp a las 17.38 sobre el peligro de la presa de Forata [una infraestructura en Yátova (Valencia) que, de haberse desbordado, podría haber causado 8.000 muertos]. “Había poblaciones en las que el agua podía llegar a seis o siete metros de altura”, ha indicado.

Pieza crucial en la gestión de la tragedia, el subdirector de Emergencias también ha reconocido que el aviso se planteó más de dos horas antes de su envío. “A las 17.38 horas se vuelve a poner encima de la mesa que se puede utilizar el Es Alert”, ha agregado, según las mismas fuentes.

El testigo ha explicado que el que fuera durante la riada el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, ya jubilado, advirtió de que el envío de la alerta podría generar “alarmismo”. Basset ya se situó en el epicentro de la polémica al reconocer que sus efectivos se retiraron del barranco del Poyo, génesis de la inundación, a las 15.00 horas –menos de dos horas antes del desbordamiento- “porque había ganas de comer”.

El testigo desmiente a Mazón

Suárez ha desmentido al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que en la comisión de investigación de la dana en el Congreso aseguró que tuvo conocimiento de las primeras muertes a las cinco de la madrugada del día siguiente a la tragedia. “A las 20.30 horas [del 29 de octubre de 2024], estoy casi seguro de que el jefe de bomberos dijo que se había levantado algún cadáver”, ha apuntado el responsable de Emergencias, según las mismas fuentes.

Una de las grandes incógnitas que planea en la causa -¿Por qué no se adelantó el Cecopi?-ha quedado sin respuesta. El testigo se ha negado a contestar a la pregunta sobre este asunto formulada por una de las acusaciones particulares. El órgano que gestionó la mayor tragedia natural del siglo arrancó a las 17.00 horas del 29 de octubre de 2024, después de la declaración de las alertas hidrológicas del Júcar y del barranco del Poyo. Y tras el desbordamiento de esta última rambla a la altura de Chiva y Cheste, tal y como revelaron las decenas de llamadas del 112, la centralita telefónica de la Generalitat.

Además, ha precisado que, entre las 17.00, cuando arranca el Cecopi, y las 21.30 horas, el dispositivo de crisis dejó de analizar el flujo de llamadas del 112, que el día de la desgracia recibió más de 19.000 comunicaciones. “Había mucha tensión esa sala en la sala del 112. Sé por experiencia qué está pasando. Estás escuchando la muerte”, ha apuntado ante la instructora.

Fuentes próximas a la exconsejera Pradas critican la apreciación de Suárez de que el Es Alert se envió con retraso por las correcciones en valenciano. “Hay que fastidiarse. Yo que uso el Salt [traductor de castellano a valenciano]. Ahora resulta que soy filóloga. En fin...”, señalan.

El mando de Emergencias ha declarado ante la instructora en calidad de testigo, una condición que le obliga a decir la verdad. Su relato se ha revelado esclarecedor. Suárez participó en los momentos clave del Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana (Valencia), donde se gestionó la crisis. Fue testigo directo del episodio que sobresaltó el dispositivo, tras las declaraciones de las alertas hidrológicas del río Júcar y del barranco del Poyo, detonante de la tragedia. Y asistió a la toma de decisiones en el Cecopi —donde se decidió el envío de la alerta masiva a móviles— junto a los dos investigados en la causa: la exconsejera Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso.