La jueza de la dana sostiene que la declaración de Mazón en el Congreso no coincide con el sumario y recuerda que mentir es delito

La jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la dana —la catástrofe que dejó 229 muertos el 29 de octubre de 2024 en Valencia— sostiene que la declaración de este lunes del presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, del PP, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la desgracia “no se corresponde con el contenido de la instrucción”.

Advierte la magistrada Nuria Ruiz Tobarra que mentir en una comisión de investigación comporta penas de prisión. El Código Penal recoge en su artículo 502.3 cárcel de seis meses a un año o multa de seis a doce meses por incurrir en falso testimonio en este foro. “La comparecencia en cualquier comisión parlamentaria se sujeta a la obligación de decir la verdad, el Código Penal tipifica el delito de falso testimonio”, avisa la instructora.

En un demoledor auto, la jueza pone como ejemplo de las contradicciones del barón popular que defendiera que se enteró de que la tragedia había dejado víctimas mortales a las cinco de la madrugada del día siguiente. El propio Mazón aseguró a las 0.35 horas de esa jornada, en una comparecencia en el edificio donde se celebró el Cecopi —el órgano que coordinó la crisis— en L’Eliana (Valencia), que, a consecuencia de la riada, “había cuerpos sin vida”. Subraya que, desde las 20.33 horas, la Generalitat sabía que la tromba había provocado muertos. Y que el Cecopi pidió la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Valencia a esa hora con el argumento de que ya existían fallecidos en una solicitud firmada por el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

Destaca también que Mazón no ha comparecido voluntariamente como investigado en el juzgado de Catarroja. La instructora le ha ofrecido esta posibilidad tres veces en un año. Y el dirigente, se ha negado. Al ser aforado, el jefe del Consell en funciones solo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) tras el razonamiento de la magistrada.

La jueza afea que el mandatario jugara con el lenguaje en el Congreso de los Diputados para explicar por qué no cogió las llamadas la tarde de la tragedia a la entonces consejera de Justicia e Interior, responsable de la emergencia, y principal imputada en la causa, Salomé Pradas. “No es lo mismo llamadas canceladas, el receptor no las admite, que llamadas perdidas”, matiza la instructora.

Desde el restaurante de Valencia El Ventorro, donde pasó casi cuatro horas (15.00-18-45) con la periodista Maribel Vilaplana, Mazón “canceló” una llamada de Pradas (16.29). Y, a su salida, recuerda la magistrada, no le cogió el móvil en dos ocasiones (19.10 y 19.43). La primera coincide con los 37 enigmáticos minutos (18.57-19.34) en los que el entonces jefe del Consell estuvo incomunicado e ilocalizable. Entre tanto, se fraguó el desbordado el barranco del Poyo, génesis de la desgracia que causó la gran ola que sepultó municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.

La instructora recuerda que Mazón es la “máxima autoridad de la Generalitat Valenciana” y que, por este motivo, tiene atribuidas “funciones directivas y de coordinación”. Para desgranar el discurso del president, la jueza pide incorporar al sumario las grabaciones de Mazón en las comisiones de investigación de las Cortes Valencianas del pasado 11 de noviembre y de este lunes en el Congreso de los Diputados. En esta última, el presidente expuso un rosario de ideas que contradicen los 42 tomos de sumario que instruye la magistrada.

En su corolario de falsedades, Mazón defendió haber dado explicaciones sobre su papel en la tragedia. Sin embargo, el dirigente ha cambiado de versión varias veces sobre su recorrido la tarde de la dana. Y se desconoce el contenido de sus conversaciones con los gestores directos de la crisis, como la exconsejera Salomé Pradas. Mazón también sostuvo que no había información sobre el peligro del barranco del Poyo, cuando su consejera de Justicia e Interior manejaba este riesgo desde mediodía.

La jueza desmonta la principal tesis de defensa de Mazón: la teoría del apagón informativo. Una idea a la que se han aferrado el barón popular, el Ejecutivo autonómico y el PP que sostiene que, si la Generalitat no actuó antes y mejor, fue porque organismos del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (Chj), no reportaron con antelación la magnitud de la desgracia. La magistrada reitera que la administración autonómica conoció por diversas fuentes el peligro de la mayor catástrofe natural del siglo. “Había información sobre la gravísima situación, las previsiones meteorológicas, llamada al 112 (centralita de emergencias de la Generalitat)”, argumenta.

Este martes, el PSPV-PSOE ha anunciado que presentará una querella contra el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por haber faltado a la verdad en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana. El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, ha explicado que su formación lo está estudiando: “Los servicios jurídicos van a estudiar si tiene relevancia penal porque es grave que venga a mentir descaradamente”, ha indicado en rueda de prensa en la Cámara baja.