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OPINIÓN
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Cómo se destruye una ciudad: Alicante

Si hoy es la ciudad que los promotores inmobiliarios han impuesto, también es la que los alicantinos han consentido

Fachada de la Librería 80 Mundos de Alicante, cerrada.

No creo que la suspensión de licencias para viviendas y apartamentos turísticos, que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Alicante, vaya a resolver los problemas de la ciudad. La medida llega dos semanas después de que la prensa informara del posible cierre o traslado de la librería 80 Mundos -una referencia en el ambiente cultural alicantino- tras la venta del edificio donde está ubicada a una empresa de apartamentos turísticos. La coincidencia de estos sucesos puede llevarnos a pensar que la situación actual de Alicante es el resultado de la proliferación de estos alojamientos, que tanto han alterado la vida cotidiana, pero sería un error atribuirlo únicamente a eso. Suspender las licencias puede ofrecer un respiro temporal, pero no resolverá los problemas de fondo de la población.

Hace más de treinta años que Alicante es una ciudad sin rumbo, es decir, sin proyecto. El Alicante actual, incluida la proliferación de edificios turísticos, no ha surgido de la noche a la mañana, como algunos se empeñan en hacernos creer. Es el resultado de decisiones políticas tomadas tiempo atrás. En la historia reciente de Alicante hay un suceso que explica la ciudad en que nos hemos convertido: el despido del arquitecto Luis Cantallops por el alcalde Díaz Alperi. Frente al proyecto que presentó el arquitecto, que pretendía poner orden en el urbanismo para mejorar la vida de los ciudadanos, Díaz Alperi se doblegó a los intereses de los promotores inmobiliarios. Despedido Cantallops, Alicante quedó en manos del mercado que impuso su criterio. Las consecuencias de aquella decisión las tenemos hoy a la vista.

Pero nos equivocaríamos si descargásemos toda la responsabilidad sobre las espaldas del Partido Popular. El proyecto de privatizar la dársena del puerto para convertirla en un inmenso aparcamiento de yates, hurtándola a los ciudadanos, lo impulsó un socialista, Ángel Cuesta, presidente de la Autoridad Portuaria. Cuesta actuó con total libertad y el PSOE de aquel momento no objetó sus decisiones; ahí están los resultados, que no se pueden ocultar. No nos engañemos, a los socialistas alicantinos les ha importado ganar las elecciones y obtener la alcaldía, pero no les ha importado Alicante. Para el PSOE, esta ciudad ha sido una plaza electoral, no un proyecto del que desearan ocuparse y cuidar.

Si Alicante es hoy la ciudad que los promotores inmobiliarios han impuesto, también es la que los alicantinos han consentido. Las repetidas elecciones ganadas por el Partido Popular así lo demuestran. Por diversos motivos, Alicante no ha contado con un movimiento ciudadano fuerte, reivindicativo, capaz de parar los pies a los promotores inmobiliarios y exigir a los políticos otro comportamiento, más allá de sus propios intereses. Debo hacer una excepción: la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas que, entre otras acciones, logró la paralización del Plan Rabasa. Durante veinte años, la Plataforma aportó un soplo de aire fresco y reivindicativo en una ciudad adormilada. Por desgracia, su trabajo no encontró continuidad tras el retiro de estas personas.

¿Qué futuro aguarda a Alicante? Para imaginarlo, debemos atender a las palabras de la profesora Carmen Herrero que, en un artículo publicado en la prensa meses atrás, escribía: “Alicante ha apostado por un turismo en el que parece que lo único que cuenta son los grandes números: cuántos turistas más nos visitan cada año; cuántas pernoctaciones más; cuántos cruceros adicionales invaden el centro de la ciudad. Pero no nos preocupamos del gasto que realizan estos turistas en nuestras ciudades, y, menos aún, de las externalidades negativas (suciedad, deterioro de las infraestructuras), o la presión habitacional que suponen”.

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