La Guardia Civil señala la falta de “avisos” de la Confederación del Júcar en momentos críticos de la crecida del barranco del Poyo

La cronología de la dana remitida por la Guardia Civil a la jueza de Catarroja que instruye la causa penal, Nuria Ruiz Tobarra, incide especialmente en la falta de avisos en momentos clave de la crecida del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó 192 de los 228 muertos por las inundaciones del 29 de octubre en la provincia de Valencia. Y apunta a la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). También señala a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

“Destaca sobremanera la inexistencia de avisos como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16.15 horas, momento en que se rebasa el umbral 1, las 17.00 horas en que se rebasa el umbral 2 y las 17.25 horas en que se rebasa el umbral 3. Sin embargo, hasta las 18.43 horas no se realiza comunicación alguna del ascenso de caudal con un dato sin duda extraordinario como fueron los 1.686.8 metros cúbicos por segundo de caudal circulante”, afirma el informe que fue solicitado por la magistrada.

“Llegados a este punto, cabría preguntar en este caso a los responsables de la CHJ, cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendada esas funciones durante la tarde del día 29 de octubre, y que sin duda denotaron una aparente ausencia del control sobre el dispositivo de registro de la rambla del Poyo, justo en el peor de los momentos”, prosigue la cronología, a la que ha tenido acceso este periódico.

Estas afirmaciones contrastan con un informe enviado por la CHJ a la jueza y con uno de los pronunciamientos de la magistrada. El organismo dependiente del ministerio de Transición Ecológica contabilizó el envío de 18 correos electrónicos entre las 16.13 (dos minutos antes de la hora referida por la informe de la Guardia) y las 18.43 en los que alertaba de que los umbrales de lluvia se estaban sobrepasando en la cuenca del Poyo. Dos de ellos hacían referencia al caudal, sobre la que se ha centrado la cronología en el apartado de la CHJ. Al respecto, la jueza manifestó en marzo en uno de sus autos: “No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo”. El SAIH es el Sistema Automático de Información Hidrológica, que en el caso de los registros de los caudales debe ser validado por un técnico.

La cronología de la Guardia Civil agrega que es “evidente” que la información “que se transmitió y aquella que se debió transmitir” por parte de la CHJ basándose en los datos recogidos por el SAIH, “no es la única de la que disponía el Centro de Coordinación y Emergencia para la gestión de la catástrofe del día 29 de octubre”, ya que contaba con los avisos de Aemet y las propias llamadas de los ciudadanos. No obstante, entiende que “al menos en este episodio de inundaciones y dada las extraordinarias precipitaciones que se estaban registrando, era fundamental que esa información se transmitiera en tiempo para conocer la situación real de los volúmenes de agua que circulaban por los cauces de los cursos fluviales con dispositivos del SAIH, en este caso en el barranco del Poyo”.

La Generalitat Valenciana, presidida por Carlos Mazón (PP) responsabiliza principalmente a la CHJ de no haber sido advertida del grave peligro de desbordamiento del barranco del Poyo para justificar su envío “tardío y errado”, según la magistrada, del mensaje masivo ES Alert a la ciudadanía, que lo recibió a partir de las 20.11 de aquel fatídico día. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha manifestado este viernes que el informe “avala” la postura de la Generalitat.

El informe de 220 páginas de la Guardia Civil recoge información de distinta índole, a partir, principalmente, de datos remitidos por las instituciones competentes. En él también destaca que la Aemet no remitiera “en tiempo real” al Cecopi, el organismo que gestionaba la emergencia, dirigido por la consejera Salomé Pradas, “los registros pluviométricos que se estaban recogiendo y que podrían haber aportado una imagen más real de la verdadera entidad del episodio meteorológico extraordinario que se estaba produciendo”.

La Aemet transmitía avisos de predicción de lo que podía ocurrir y cambiaba sus alertas en función de la intensidad y peligro de las mismas. El primer aviso rojo, por riesgo extremo, se emitió a las 7.31 de la mañana. Con la información previa ofrecida por la Aemet, la Universidad de Valencia decidió el 28 de octubre suspender sus clases y mandó en la mañana del 29 a sus trabajadores a casa.

En este apartado sobre la Aemet, la Guardia civil señala que “los datos que se han expuesto sobre comunicaciones se refieren a (boletines de aviso) realizados por los canales protocolarizados de comunicación de estas situaciones de emergencia efectuadas a Protección Civil, no tomándose otras comunicaciones “complementarias, no obligatorias” que se hubieran realizado, según se las conceptúa en el informe remitido al juzgado por la propia Agencia".

En un informe remitido a la jueza de la dana, la Aemet constató 23 llamadas telefónicas que realizó el 29 de octubre a Protección Civil, desde las 7.31 hasta las 18.10, y a las 22.02.a los Bomberos de Castellón, transmitiendo la situación de emergencia y cómo iba evolucionando. Algunas de esas llamadas, sin embargo, fueron improductivas porque o bien no se oía al interlocutor o se colgaba desde Protección Civil, lo que refleja la dificultad de las comunicaciones aquel día. La Aemet informó a la Generalitat del riesgo extraordinario a través de cinco canales de comunicación distintos, añade este informe.

En la cronología de la Guardia Civil de las llamadas ciudadanas del 29 de octubre al 112, referidas a los desbordamientos de ríos y barrancos, el informe incide en que los avisos empezaron a llegar mucho antes del envío del mensaje de ES-Alert a la población, aportando una “visión global de la magnitud de la magnitud de la emergencia”. Sin embargo, esa visión o no fue trasladada al Cecopi, que estaba reunida muy cerca de la sala de Emergencias del 112, o este organismo hizo caso omiso de ella.

La cronología no hace mención expresa a la Generalitat como competente en la emergencia, según marca la normativa autonómica y el propio Estatuto de Autonomía. Dice el informe: “(...) La situación real, grave y de carácter extraordinario que se estaba produciendo en parte de la provincia, no solamente llegaba a los máximos dirigentes de Emergencias a través de estas comunicaciones”. Y se recuerda el informe emitido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial el 21 de mayo de 2025 a requerimiento del Juzgado donde se hacía referencia las denominadas Agencias integradas entre las que se encontraban fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de emergencias como por ejemplo cuerpos de bomberos, ayuntamientos, etcétera que “sin duda y a través de los sistemas de comunicación habilitados y que son distintos al teléfono 112, debía estar reportando situaciones de emergencia que se estaban produciendo y de las cuales tenían conocimiento por llamadas o por actuaciones directas de sus integrantes”.