Consell, sindicatos y patronal piden al Gobierno de España que apruebe el FLA extraordinario

El Gobierno valenciano y los agentes económicos y sociales de la Comunidad Valenciana ―Confederación Empresarial Valenciana y los sindicatos CC OO y UGT― han coincidido este miércoles en exigir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario con urgencia, una decisión que depende exclusivamente de ella y que debería producirse según el Consell el 7 de julio como muy tarde para poder resolver el pago a proveedores.

La consejera de Hacienda, Ruth Merino, ha explicado tras la reunión de la mesa de diálogo social -que no se reunía desde el pasado mes de enero-, que ha presidido en el Palau de la Generalitat el president Carlos Mazón, que si se aprueba ese fondo extraordinario de 1.900 millones el próximo 7 de julio en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, habría tres semanas para cargar las facturas y revisarlas por parte del Ministerio antes de hacer efectivo el pago a los proveedores en agosto.

Desde la patronal CEV, su presidente, Salvador Navarro, ha “rogado” a la ministra que envíe el FLA “cuanto antes”, pues depende de ella “exclusivamente”, una exigencia que han compartido los dos sindicatos presentes en la mesa de diálogo social, CC OO PV y UGT-PV.

Los sindicatos han aprovechado, no obstante, para cuestionar la política fiscal del Gobierno de Mazón, porque entienden que ha tenido un impacto en la recaudación y ha impedido que la Generalitat disponga de más ingresos.

La Generalitat ya ha informado a diferentes proveedores, por ejemplo a los colegios de farmacéuticos, que la factura del mes de mayo se pagará con retraso por problemas puntuales de liquidez, de los que culpan al Gobierno de España por no haber aprobado y transferido el FLA de este año. La factura ascendería a unos 1.800 millones de euros.

Por otro lado, los sindicatos y la patronal han propuesto al Consell un borrador de pacto “por el desarrollo de la Comunitat Valenciana”, en el que trabajar en los próximos años desde el diálogo social, sobre cuestiones como la reindustrialización y los servicios públicos.