Los promotores valencianos aplauden el nuevo decreto de vivienda protegida tras las críticas de los socialistas

La Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) ha valorado el nuevo decreto de Vivienda Protegida de la Comunidad Valenciana ya que estiman que su entrada en vigor “desbloqueará” proyectos y suelo para alrededor de 1.500 inmuebles en València y su área metropolitana.

La Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) ha aplaudido el nuevo decreto de Vivienda Protegida de la Comunidad Valenciana ya que estiman que su entrada en vigor “desbloqueará” proyectos y suelo para alrededor de 1.500 inmuebles en Valencia y su área metropolitana.

La loa a la iniciativa del gobierno que lidera el popular Carlos Mazón llegó ayer, justo al día siguiente de que los socialistas denunciaran que el nuevo reglamento creará “un marco para especular con la vivienda protegida”. El proyecto de decreto modificará el reglamento aprobado en 2023 por el anterior gobierno de la Generalitat, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.

Sin embargo, para los promotores, esta es una normativa “muy esperada y demandada” por el sector, ya que contempla una subida del precio máximo a 2.400 euros el metro cuadrado útil y un sistema variable, que adaptará el precio en aquellas zonas con más desequilibrio entre oferta y demanda en función del coste de la construcción y el de vivienda libre. El decreto se encuentra en exposición pública y los promotores estudian realizar propuestas adicionales al texto.

Desde Aprova subrayan que se ha pedido “reiteradamente” cambios en la legislación actualmente vigente, al considerar que suponía un “freno” para la promoción de viviendas. “La derogación del anterior decreto de VPO es una buena noticia, ya que es necesario un marco jurídico que nos permita producir viviendas y atender a la gran necesidad y demanda de los jóvenes”, han señalado y han añadido que el sector venía denunciando que era “inviable” construir viviendas para jóvenes por debajo de su coste de producción.

La socialista María José Salvador, que fue consejera de Vivienda, considera en cambio que los cambios “rompen con el criterio de la permanencia en la calificación de la vivienda protegida de iniciativa privada, y deja en manos de la Administración cuando dejarán de ser protegidas, una semana, un mes o un año”.

Batalla política

“Está creando un marco para especular con la vivienda protegida”, sostuvo Salvador en referencia a Carlos Mazón. Ante estas palabras, la patronal ha pedido “respeto” por el sector a todos los partidos y exige “que no se intente hacer batalla política con un asunto tan importante como la necesidad de vivienda”. En este sentido, rechazan las acusaciones de “especuladores” sobre el sector promotor, que es “una pieza clave para reducir o minimizar el problema nacional de vivienda” y que subrayan que ha estado “abierto a colaborar con las administraciones públicas, realizando propuestas para aportar soluciones para paliar la falta de vivienda”, según apuntan en un comunicado.

Según Aprova, para bajar el precio de la vivienda, “cabe también la posibilidad de reducir los impuestos”. En este sentido, apunta que hay estudios que cifran entre el 25 y el 28% el peso de los impuestos y tasas en el precio final de una vivienda. Por ello, apuntan que los jóvenes españoles “se ven obligados a abonar el 10% en concepto de IVA de su vivienda”. Además, hacen referencia a las recientes manifestaciones de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) para señalar que el nivel de exigencias técnicas energéticas para una vivienda “digna” para jóvenes debería ser “más flexible”.

Los promotores defienden también que la simplificación de los trámites administrativos es favorable para el sector. “Si reducimos el tiempo necesario para producir las viviendas, necesitaremos menos tiempo para la financiación correspondiente y, en consecuencia, se produciría un notable ahorro en gastos financieros que repercutiría en una bajada del precio”. Además, destacan el valor del suelo, que supone un “importante peso específico” en los costes de una vivienda.