La empresa del hermano de Ximo Puig defiende la legalidad de la gestión de las subvenciones recibidas

El grupo Comunicacions dels Ports, del que es responsable el hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha defendido a las acusaciones de la Fiscalía que considera que cometió los presuntos delitos de falsedad y estafa en la gestión de subvenciones públicas concedidas a sus empresas. En un comunicado, el grupo asegura que todas sus actuaciones “han estado marcadas siempre por la más absoluta legalidad y el más escrupuloso cumplimiento de la normativa que rige estas ayudas”.

La Fiscalía considera que mercantil no ha cometido fraude en las subvenciones, tal y como acusaba el PP, pero que sí hay indicios sobre los presuntos delitos de estafa y falsedad.

En las alegaciones presentadas al escrito de la fiscal, la empresa responde a la sospecha de que una de las sociedades, según la representante del ministerio público, “puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental”. La sociedad responde que acaba de cumplir 20 años, “por lo que no puede ser una entidad instrumental y ficticia para unas ayudas reguladas muchos años después”. Sobre las acusaciones por la domiciliación de una de las empresas en la provincia de Teruel, cuando era las administraciones de Cataluña y Comunidad Valenciana las que otorgaban ayudas para el fomento del valenciano, en su contestación, la sociedad hace referencia a la diferenciación entre la sede de una empresa y los diferentes centros de trabajo, que pueden ubicarse en cualquier provincia.

Comunicacions dels Ports recuerda además que es un pequeño grupo de comunicación que, desde hace 36 años, “con el apoyo de más de un centenar de socios, ha mantenido y dado vida a un espacio comunicativo único, propio, plural e íntegramente en valenciano en una zona del interior de la Castellón afectada por la despoblación”. Así, señala al PP como responsable de una “persecución destructiva, con el único afán de obtener tajada electoral y a costa de perder jirones de credibilidad en la comarca de Els Ports y en Morella”.

En el escrito de alegaciones ante el juez, Comunicacions esgrime una sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de compensar determinados gastos posterior al momento en el que ocurrieron los hechos, con lo que esta práctica en esos años “era perfectamente legal”.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia imputó a Francis Puig, empresario y hermano del expresidente en 2022, en una causa abierta por un supuesto delito de fraude de subvenciones recibidas para el fomento del valenciano. Ahora, el juez habrá de decidir si lo procesa y lo sienta en el banquillo o sobresee la causa, como pide la defensa.