La Fiscalía destapa al PP tras el juego sucio de la campaña electoral valenciana

La campaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo en la Comunidad Valenciana fue sucia. Más allá de la dialéctica de los contendientes políticos, las calles de las tres capitales, Valencia, Alicante y Castellón, sobre todo, se llenaron de pintadas, panfletos y vallas contra el PSOE, que entonces gobernaba tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Castellón, además de dirigir el Gobierno de España. Los señalamientos se sucedieron durante la campaña de las generales, en julio y más allá.

Los socialistas optaron por acudir a los tribunales ante la creencia de que el PP estaba detrás de ese juego sucio y la consideración de que no se debía normalizar este tipo de estrategias que además, en algunos casos, injuriaban a sus responsables, según denunciaron ante la Fiscalía. La investigación de esas acciones denunciadas ha validado las sospechas. Dos cargos del PP de Valencia y Castellón aparecen detrás de dos de estas acciones.

En marzo aparecieron las primeras octavillas que hablaban de “Los negocios de Ximo Puig”, en las que se mezclaban casos investigados por la justicia con el señalamiento al entonces presidente de la Generalitat, pese a que él no está imputado en ninguna causa. “Reparto de millones para la familia, amigos y el partido de Ximo Puig”, acusaban los panfletos que, para los socialistas, tenían el “único fin injurioso” de desprestigiar el honor del presidente de la Generalitat, tal como expuso el secretario de organización del PSPV, José Muñoz, en su denuncia ante la Fiscalía. Este ya sospechaba que el PP estaba detrás de las octavillas que aparecieron en buzones de viviendas de Alicante y Valencia por el tipo de letra y las imágenes utilizadas, iguales que las que los populares utilizaron en su campaña oficial. El presidente del PP valenciano y ahora de la Generalitat, Carlos Mazón, negó que el estuviera detrás de esa campaña contra Puig.

Las pesquisas tras la denuncia ante la Fiscalía han desvelado que el encargado de la confección y distribución de los panfletos fue Carlos Navarro Ahicart, secretario de marketing digital del PP de Valencia, que reconoció la autoría cuando fue llamado a declarar. Según dijo, también ideó el texto con “ánimo de crítica política y sin intención de dañar el honor y la dignidad del presidente de la Generalitat ni de su partido”, tal como recoge una resolución de la Fiscalía. Navarro dijo además estar arrepentido de “haber obrado sin haber consultado antes al comité del partido ya que su intención no era injuriar ni calumniar a nadie”.

En su resolución, la Fiscalía apunta a la confrontación de dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho al honor e indica que el Tribunal Constitucional ha otorgado tradicionalmente una mayor prevalencia a la liberta de expresión. Además, sostiene que los personajes públicos “por su propia actividad, han de soportar una protección más laxa de su derecho al honor”, por lo que archiva la causa al concluir que no ve indicios de delito.

El segundo caso en el que el PP ha sido señalado es en el de las pintadas que aparecieron por toda la ciudad de Castellón, tanto en paredes como en las propias vallas publicitarias del PSOE local con los lemas “CorruPSOE” y “GolPSOE de Estado”. El grupo municipal socialista también acudió a la Fiscalía con una denuncia que amplió después de que el secretario de Organización de los socialistas de Castellón, José Luis López, descubriera una furgoneta al lado de una de las pintadas y un hombre con la cara tapada. Según declaró ante la Fiscalía, era las doce y media de la noche cuando en una rotonda bajo un puente vio a un individuo “con la cara tapada por algún tipo de prenda” que se subía en el vehículo del que pudo coger la matrícula. En su investigación, la policía rastreó la furgoneta, que fue alquilada por el actual concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, entonces candidato del PP. De momento, la Fiscalía mantiene la causa abierta.

Antecedentes

Los socialistas han acudido a la justicia en otra ocasión, aunque en este el PP no se tapó. Fue después de las elecciones, con la publicación de un vídeo en sus perfiles de redes sociales en el que señalaban con nombres y fotos a los diputados valencianos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. “Estos son los diputados que han votado SÍ a la ruptura de España y a la desigualdad entre españoles”, indicaba el video sobre cuya publicación se han abierto diligencias ante un posible delito de odio después de que varios diputados fueran atacados, insultados e increpados cerca del Congreso tras ser identificado como miembros del PSOE horas antes de la votación.