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Los agricultores critican que la Generalitat “derroche 795.000 euros para juicios” contra los expropiados por la gigafactoría de Sagunto

Asaja y La Unió piden por carta a Ximo Puig “un punto de encuentro que permita una solución beneficiosa para los propietarios de los terrenos”

Terrenos en el término municipal de Sagunto donde está prevista la gigafactoría.
Terrenos en el término municipal de Sagunto donde está prevista la gigafactoría.Mònica Torres

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Unió Llauradora i Ramadera han cargado contra la Generalitat por “derrochar 795.000 euros para los juicios contra los expropiados” de Parc Sagunt II, los terrenos sobre los que se proyecta la gigafactoría de celdas de baterías de PowerCo, filial de Volkswagen.

Hay unos 800 agricultores afectados que han recurrido los expedientes al Jurado provincial por no estar de acuerdo con las valoraciones de Espais Econòmics Empresarials, empresa pública de la Generalitat y Sepides al 50 %, que ha presentado recursos contencioso administrativos contra ellos. Según informó AVA, debido al cambio de la legislación (en 2007 entró en vigor la llamada Ley del Suelo que limitó el justiprecio de una parcela en función de la productividad o la localización), las indemnizaciones que se pagaron en las primeras expropiaciones de Parc Sagunt II fueron, en líneas generales, la mitad de las que se abonaron en las expropiaciones de Parc Sagunt I (en torno a 40 euros por metro cuadrado).

Ahora, en la actual fase de ampliación, el Gobierno aún ha ofrecido menos dinero a los propietarios (entre 10 y 15 euros por metro cuadrado, según parcelas), por lo que la gran mayoría optó por acudir al jurado provincial y solicitar una valoración alternativa más ajustada al valor real de los terrenos, y el jurado marcó cifras situadas entre las dos propuestas. No obstante, la Administración sigue considerando la cantidad excesivamente elevada y está presentando recursos.

Las organizaciones agrarias han criticado en un comunicado que Espais Econòmics Empresarials (EEE) haya publicado una licitación con un valor estimado de 700.000 euros para contratar los servicios de asesoramiento y defensa letrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Según las asociaciones, EEE ya ha adjudicado por otros 95.000 euros la contratación de procuradores para esta misma “guerra judicial” a un despacho de abogados en Madrid.

Por ello, recriminan a la Administración que quiera “quedarse tuerto para que tu enemigo se quede ciego” y prefiera “gastarse el dinero público en abogados madrileños antes que en agricultores valencianos”.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, y el secretario general de la Unió, Carles Peris, tachan de “kafkiano y ridículo el teatro que está montando la Administración al recurrir contra la valoración del Jurado de Expropiación, con amplia presencia de la Administración, y al ofrecer a los expropiados que los defienda la Abogacía del Estado si deciden no personarse, que naturalmente pagará con dinero del Estado para enfrentarse a la misma Administración”. “Yo me lo guiso, yo me lo como, y que lo paguen los agricultores”, han censurado.

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Las organizaciones agrarias critican que EEE “ha decidido ir a los tribunales a pesar de que en la mayoría de procesos se suele tener en cuenta el justiprecio que avala el Jurado Provincial de Expropiación, un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de legalidad, veracidad y acierto”.

Además del presupuesto asignado, el sector añade que EEE “podría derrochar más si contrata peritos independientes y, en caso de perder los pleitos y ser condenado en costas, debería sufragar los gastos de la defensa de los expropiados y los intereses, en torno al 10% del total litigado, derivados del retraso de los pagos durante los años que dure el juicio”.

AVA-Asaja y la Unió han dirigido una carta conjunta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para solicitarle “un punto de encuentro que permita proporcionar una solución beneficiosa para los propietarios de los terrenos”.

“El máximo representante de las valencianas y los valencianos tiene una excelente oportunidad para demostrar que está a nuestro lado y que desea que la iniciativa empresarial de Volkswagen sea positiva para el conjunto de la sociedad y no se pague a costa del bolsillo de los agricultores”, han expuesto.

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