El vicepresidente valenciano carga contra los empresarios que “succionan recursos públicos”

El vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, de Unides Podem, sigue marcando perfil propio a cuenta de los empresarios dentro del Gobierno de la Generalitat, integrado también por el PSPV-PSOE y Compromís, y presidido por el socialista Ximo Puig. Illueca ha criticado este lunes las operaciones urbanísticas en las que acaban predominando “intereses de una minoría y de empresarios raritos y oscuros como el señor [Vicente] Boluda”, que “están demasiado acostumbrados a que sus éxitos dependan de las subvenciones púbicas” y de “seguir succionando los recursos públicos”.

Illueca ha respondido de este modo a las declaraciones que hizo hace 10 días Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que cargó contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y contra su partido, Podemos, por calificar a su amigo y presidente de Mercado, Juan Roig, de “capitalista despiadado”. Illueca ya salió en defensa de Belarra y criticando a Roig, si bien Ximo Puig, primero, y luego la vicepresidenta, Aitana Mas, de Compromís, se distanciaron de sus palabras.

El vicepresidente ha hecho estas manifestaciones a los periodistas tras reunirse con representantes de la Comisión Ciutat-Port de València para tratar asuntos relacionados con el modelo de ciudad, entre ellos la ampliación norte del puerto de Valencia, con quienes ha asegurado coincidir en su voluntad de “avanzar hacia un modelo más sostenible”.

Además, el vicepresidente ha cuestionado que detrás de estas grandes obras en la Comunidad “lo que hay es destrucción del territorio y corrupción, y no podemos permitir que eso vuelva”. “Lo hemos vivido en el pasado y no podemos permitir que ese pasado nos atrape otra vez”, ha advertido.

Illueca ha reivindicado que la Generalitat “tiene que escuchar las demandas ciudadanas que están empujando para frenar una operación que puede degradar nuestro territorio y poner en cuestión ecosistemas fundamentales y queridos como es el caso de la Albufera”, asumiendo de este modo las tesis de la plataforma que rechaza el puerto.

El vicepresidente ha trasladado asimismo su “satisfacción” por el encuentro que ha mantenido hoy con la Comisión Ciutat-Port de València y las “coincidencias” con las demandas de esta organización que “tienen que ver con la voluntad de avanzar hacia un modelo más sostenible”, también en relación con la ampliación norte del puerto.

Por su parte, David Adrià, miembro de la Comisión Ciutat-Port de València, ha valorado positivamente que el consejero haya querido reunirse con la plataforma ciudadana y social, en la que tendría que ser una actuación “rutinaria” y ha defendido que “querer paralizar la ampliación es querer una Valencia más limpia, saludable y sostenible”. Adrià ha insistido en que “revertir esta ampliación es saldar la deuda histórica que el Puerto tiene con La Punta, Nazaret y el Parque Natural de la Albufera”.

La organización cívica tilda además este proyecto de “extemporáneo”, que además “ignora las numerosas declaraciones de emergencia climática que se han hecho a lo largo de los últimos años”. Advierte también que “devalúa la imagen de la ciudad de Valencia como espacio puntero en cuestiones de sostenibilidad en toda Europa” y “perjudica gravemente” su entorno natural, “en clara contradicción con la capitalidad verde”.

El puerto de Valencia ha probado acometer la ampliación norte, que se paralizó en 2012 con el dique de abrigo ya construido, con una inversión cercana a los 1.500 millones de euros entre el capital público y privado. El puerto considera que no necesita una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), al iqguel que el Miisterio de Transportes, mientras que el alcalde de valencia, Joan Ribó, de Compromís, la reclama. Los socialistas no se oponen a la ampliación, mientras que los valencianistas y Unides Podem se han manifestado en contra.

7.100 viviendas para rehabilitar

Por otra parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha firmado este lunes acuerdos con la Generalitat y varios ayuntamientos para impulsar la rehabilitación de un total de 7.158 viviendas en 23 municipios de la Comunidad Valenciana.

De esas más de 7.100 viviendas afectadas por esta rehabilitación, 196 son de titularidad pública y 6.962 de titularidad privada, y se ubican en 31 entornos residenciales de 23 municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

La firma, que ha sido presidida por la ministra Raquel Sánchez, se ha realizado en presencia del vicepresidente segundo y consejero de Vivienda, Héctor Illueca, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó.