Abolir la prostitución divide al Gobierno valenciano: entre los efectos de la “ley seca” y “no hacer todo lo posible”

A menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas, los dos principales socios del Gobierno valenciano, los socialistas y Compromís, evidencian sus diferencias en asuntos sensibles como la abolición de la prostitución, que también divide a los colectivos feministas. Este viernes, tras el pleno del Consell, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Aitana Mas, de Compromís, respondió a la iniciativa parlamentaria del PSPV de esta semana de modificar las leyes autonómicas de carreteras y espectáculos para prohibir el consumo de prostitución. Mas sostuvo que “una ley seca contra la prostitución solo serviría para esconder un problema que tiene componentes sociales muy complejos”.

”No hay una posición única, es evidente”, recordó, al tiempo que incidió en que “no es una cuestión que esté en el acuerdo del Botànic”, en referencia al pacto para gobernar la Generalitat entre el PSPV, Compromís y Unides Podem, ni ha formado parte de los “seminarios de gobierno que definen las líneas de acción”, ni ha habido “tampoco debate entre los diferentes departamentos”.

En cuanto a la modificación que propone el PSPV en una acción política liderada por la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, la sucesora de Mónica Oltra afirmó que se basa en “un anteproyecto de ley que recibió alegaciones tanto de consellerias como de asociaciones”. “Yo hago una reflexión: yo creo que una ley seca para la prostitución solo serviría para esconder un problema que tiene componentes sociales muy complejos y que se tendrían que tratar más allá de una estrategia punitiva”.

”Lo primero no es legislar fines concretos que están más alejados de la realidad, sino procurar que la normativa no perjudique a la parte más vulnerable”. La vicepresidenta también defendió las políticas del Consell en esta materia y destacó que Labora, el servicio público de empleo que comanda el secretario autonómico Enric Nomdedéu, de Compromís, “ha formado e incorporado al mundo laboral a 99 mujeres víctimas de trata”. También se refirió al programa Alba, en marcha en la consejería de Igualdad que dirige, que ya ha atendido a 2.000 mujeres en esta situación.

“Hablamos de elementos y de políticas que van a la raíz del problema y que ponen medidas reales y efectivas”, subrayó Mas, antes de apuntar que el debate “se ha trasladado a Les Corts y serán los grupos los que tendrán que decidir”.

La réplica a la vicepresidenta llegó de la vicesecretaria general y de Igualdad del PSPV, Ana Domínguez, quien insistió este viernes en que la abolición de la prostitución es un objetivo “fundamental e irrenunciable” en la “agenda feminista” de su partido: “No podemos no hacer todo lo posible”. Las iniciativas socialistas registradas esta semana en Les Corts, en solitario y de forma urgente, buscan prohibir su práctica en zonas de dominio público y su publicidad en establecimientos.

En un comunicado, la socialista defendió que “para el feminismo no hay mujeres de primera ni mujeres de segunda”. “En la medida en que las víctimas de la prostitución son víctimas de violencia machista, no podemos no hacer todo lo posible para poner fin a esta forma de esclavitud de las mujeres”, aseveró. Domínguez puso el acento en la persecución del cliente consumidor, no de la prostituta.

La consejera de Justicia, Gabriela Bravo, instó el pasado miércoles a los ayuntamientos valencianos a que aprueben ordenanzas abolicionistas contra la prostitución según el modelo que su departamento puso a su disposición en mayo de 2022, que incluye multas a los proxenetas y a los clientes de sexo pagado con multas de hasta 1.500 euros.

Bravo se reunió en Paterna con su alcalde, el socialista Juan Antonio Sagredo, a quien felicitó por que su Ayuntamiento ha sido uno de los que ha aprobado una ordenanza abolicionista. Son nueve los municipios que han aprobado esta medida, ocho la están tramitando y otros 34 han manifestado su intención de hacerlo. “Pese a que estamos situando el debate sobre la prostitución en la opinión pública y dando pequeños pasos, los avances son escasos porque estos 51 municipios solo suponen el 9,4 % de las 542 corporaciones de la Comunitat Valenciana”, lamentó la consejera.