Un fondo buitre inmobiliario amenaza a 120 familias valencianas: “Me da miedo hasta salir a comprar”

En la mayoría de los casos, cada vez llama una persona distinta. Lo hacen todas las semanas. Advierten, avisan, “nos amenazan”, según las palabras de algunos de los vecinos de más de un centenar de viviendas de Valencia que fueron adquiridas al Sabadell por fondo Cerberus. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) estima que son unas 120 familias de los barrios de La Fuensanta, La Torre, El Cabanyal, Orriols o Zaidia, entre otros, las que se ven sometidas a esas amenazas del fondo buitre que exige, a unos, incrementos desorbitados en el alquiler y, a otros, el desalojo de las viviendas.

Viky y Aída (prefieren no dar su apellido por miedo a represalias) viven a unos tres kilómetros de distancia, en la ciudad de Valencia, pero coinciden en varias cosas. La casa en la que viven es propiedad del mismo fondo, las dos tienen hijos y ninguna de ellas tiene a dónde ir si les echan de su piso. “Podemos estar unos días en casa de familiares pero después, ¿qué?”, se pregunta Aida. Sin embargo, los caminos que han recorrido hasta llegar al mismo punto son diferentes.

Viky tiene 45 años y dos hijos a su cargo. Hace cinco años se metió en un alquiler de 600 euros. Entre su marido y ella no pudieron hacerle frente y les ofrecieron un contrato de tres años con un alquiler social, de 133 euros. “Estábamos de maravilla”, recuerda. A los dos años empezaron las notificaciones. Primero, de la compra del piso por parte de un fondo, después, con las advertencias de que iba a tener que abandonarlo y que la posibilidad de prorrogar que estipulaba su contrato inicial desaparecía. Intentó ponerse en contacto con los nuevos propietarios pero no hubo manera. “No me contestaba nadie”, asegura. Después empezaron a ofrecerle dinero para que se fuera: “Empezaron por 4.000 y fueron bajando pero es que, ¿a dónde voy yo con 4.000 euros?”. Y llegó la demanda. De momento, no pueden echarla porque los desahucios para personas vulnerables, como ella, están paralizados hasta el 31 de diciembre. Pero, tal como describe, está siempre con el “ay” en la boca porque alguno de los muchos mediadores que se han puesto en contacto con ella le advirtieron de que si salía de casa, igual no podía volver a entrar. “Me ha miedo hasta salir a comprar. Solo salgo cuando puedo dejar a mi hijo, de 16 años, y aprovecho ese momento”, relata con angustia. “Tengo hipertensión, ataques de ansiedad y hay muchos vecinos igual”, explica antes de proferir insultos contra el Gobierno.

El portavoz de la PAH en Valencia, José Luis González, advierte del “drama” que puede llegar en unos meses “ante la posibilidad de que haya desahucios de forma masiva” cuando finalice el llamado “escudo social” y también como consecuencia del aumento de los tipos que gravan las hipotecas “los partidos han de entender que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental”. De hecho, en una misiva remitida a las Cortes valencianas, el colectivo Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda (en el que participa la PAH) considera que el proyecto de Ley de Vivienda Estatal no va a resolver los problemas hasta que no incluya la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes del desahucio y la regulación efectiva de los precios del alquiler. “Tampoco se avanza nada en la reivindicación básica de que las viviendas y el resto de activos de la Sareb se incorporen al parque público de vivienda, que debe contar también con la cesión de las viviendas vacías de la banca rescatada”, alegan. A fecha de mayo de este mes, la Sareb tenía 45.147 viviendas en toda España, de los que más de 4.800 están en la Comunidad Valenciana, por detrás de las más de 12.000 de Cataluña y lejos de las 2.800 de Madrid.

Aída también tiembla por lo que pueda pasar el 31 de diciembre Ella firmó un préstamo en 2005 pero con la crisis pasó de tener una hipoteca de 700 euros a tener que pagar 1.300. “No pudimos hacer frente y dejamos de pagar”, recuerda. Le ofrecieron una dación en pago que vio como una salida ya que iba acompañada de un alquiler social, con un contrato de tres años, por poco más de 150 euros al mes. El piso cambió de propietarios y ahora lleva dos años sin pagar nada. “Me obligaron a ser una okupa”, alega. También está demandada. También le ofrecieron dinero por dejar su hogar, la vivienda en la que entró con 18 años, la mitad de los que tiene ahora. “Los vecinos me conocen, saben que no doy problemas y me apoyan”, cuenta.

Pero el caso no solo afecta a personas vulnerables, tal como advierte González, desde la PAH. Miguel (nombre ficticio) es un jubilado que ingresa, junto a su esposa, 1.800 euros al mes. Su arrendador, el mismo que el de Aída y Viky, le pide cerca de 900 euros al mes cuando, hasta ahora, pagaba 200. “Y si no aceptábamos, nos teníamos que ir a la calle”, relató Miguel al que el psiquiatra de la seguridad social le ha medicado para la ansiedad y para conciliar el sueño, según publicó Levante-EMV.

Tanto en el caso de Aída como en el de Viky, como en la mayoría de los casos de las 120 familias afectadas, los inmuebles fueron vendidos por el Banco Sabadell al fondo Cerberus. “A algunos de ellos han pasado a pedirles 900 euros de alquiler, además del pago del IBI o de las cuotas de la comunidad”, aseguran. Esta redacción ha tratado, sin éxito, conocer la versión del fondo inmobiliario.