Los expertos valencianos piden que la financiación se calcule por la población y sin fondos que la desvirtúen

Los expertos valencianos designados por la Generalitat y las Cortes Valencianas para la reforma de la financiación autonómica han concluido este miércoles que el borrador presentado en diciembre por el Ministerio de Hacienda no es suficiente para solucionar la infrafinanciación valenciana, por lo que apuestan por que el nuevo modelo se base en el criterio de población ajustada, sin disfunciones ni fondos ad hoc. También piden que se aborde la deuda histórica acumulada en los últimos años y se compense a las autonomías peor financiadas hasta que el nuevo modelo entre en vigor.

El Ministerio de Hacienda presentó hace mes y medio a las comunidades autónomas un esqueleto del futuro sistema de financiación y dio de plazo hasta el 31 de enero para que lo estudiaran y presentasen alegaciones. El Comité de Expertos ha presentado hoy a los grupos parlamentarios sus conclusiones a cinco días de que concluya el periodo de consultas.

Según el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que se ha reunido a mediodía con el Comité de Expertos y representantes políticos y sociales para abordar su contenido, la Comunidad Valenciana incorpora cinco grandes demandas. La población ajustada en que tiene que basarse el cálculo del futuro modelo tiene que hacer desaparecer los fondos discrecionales que impiden un reparto justo. “Pedimos la eliminación de las variables no poblacionales; son injustificadas y generan asimetrías inaceptables”, ha señalado Puig.

La Generalitat propone “cambios técnicos para recalcular las variables con una finalidad: hacerlas más reales” y plantea que, en sanidad, se utilice la población de derecho por tramos de edad, en lugar de la población protegida. Además, solicita que, en materia educativa, se incluya la totalidad de la población de 0 a 17 años y que, en enseñanza superior, se ponderen las tasas netas de escolarización.

En servicios sociales, solicita que se incorpore la población dependiente de menos de 65 años y se ajuste el peso de esta variable al que realmente tiene en el gasto social. Además, con respecto al resto de servicios sociales, sugiere una ponderación superior a la planteada.

Reclama que el nuevo sistema de financiación “tenga suficiencia, es decir, que garantice la financiación de la sanidad, la educación, los servicios sociales y el resto de funciones y que también se adapte según la evolución de la población”.

Y para propiciar esta “suficiencia dinámica”, Puig insta a una redistribución más eficiente de los recursos entre la Administración central, autonómica y local. “Un reparto que atienda mejor las responsabilidades asignadas a cada nivel competencial y que amplíe la participación de las comunidades en los distintos impuestos”, ha señalado el presidente.

Por último, solicita que el nuevo modelo incluya una solución para la deuda autonómica histórica, derivada de tantos años de infrafinanciación. Según recoge el informe de los expertos, es imprescindible revertir las consecuencias de la política de estabilidad presupuestaria desarrollada por el Gobierno a partir de 2009 porque detrajo parte de la participación autonómica en la recaudación de los tributos compartidos y fijó objetivos de déficit no proporcionados. La combinación de ambas decisiones mantuvo los recursos autonómicos por debajo de las necesidades con la consiguiente acumulación de deuda.

El consejero de Hacienda, Vicent Soler, ha destacado que el documento de alegaciones es fruto de la unidad y el “rigor” para alejar la propuesta valenciana de “cualquier mirada partidista”. Una unidad que ve más importante que el contenido del documento, donde ha garantizado que se han realizado “todas las revisiones” que correspondía con total libertad.

Soler ha recordado que quedan “muchos meses para estudiarlo”, de cara a la futura negociación de la reforma de la financiación autonómica y ha confiado en que el documento de alegaciones “se envíe a Madrid tal y como está”, dado que el comité de expertos que asesora a la Generalitat en esta materia se constituyó en 2013 y tiene “todas las garantías”.

Puig ha asegurado que el Gobierno valenciano “hace suyo” el informe de los expertos y ha solicitado la cohesión y la unidad de todas las fuerzas políticas para lograr “el gran acuerdo de una España justa”.

“Los valencianos queremos equidad, no privilegios; queremos transparencia, no discrecionalidad; queremos suficiencia dinámica, no rigidez; queremos compensación de la deuda, no olvido; queremos, en una palabra, justicia”, ha indicado Puig, que considera esta “una reivindicación de toda la sociedad valenciana y de todas las fuerzas políticas”.