La Generalitat advierte sobre la elevada inversión inmobiliaria en Cataluña: “Es un lastre”

La crisis de la vivienda no solo está teniendo un elevado impacto social, sino que también está erosionando la competitividad de la economía catalana. Y no solo por las restricciones que impone a los trabajadores la falta de pisos asequibles en Barcelona y su área metropolitana, que concentran el grueso de las ofertas de trabajo. También por el “elevado peso del capital inmobiliario” en Cataluña, que “destaca por una baja productividad” y cuya proporción sobre el total de la inversión está “con creces” por encima del que tiene en Alemania, Francia, Italia o Estados Unidos, según un informe elaborado por la Generalitat para la última reunión del Consejo para la Productividad y el Liderazgo Económico al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Este exceso de inversión inmobiliaria improductiva es un lastre para la PTF [productividad total de los factores, un indicador clave que mide la eficiencia con que una economía emplea sus recursos]”, expone el documento.

El informe elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva Económica, que aborda diez ámbitos económicos de primera magnitud y que fue repartido a los miembros del consejo en su reunión de febrero, aspira a ser la guía de trabajo para ese órgano hasta junio. De él deben derivarse un paquete de recomendaciones que podrían publicarse ese mes, coincidiendo con el Informe anual de la economía catalana. Siguiendo el modelo de la Comisión Europea, el documento sugiere institucionalizar la relación de la publicación de ese examen anual a la salud de la economía con la adopción de nuevas recomendaciones económicas. Y la vivienda está muy presente en este documento preliminar. No solo por tener un capítulo propio, sino también por destacar en el apartado de la inversión.

En el último año, algunos fondos han ido saliendo de Barcelona de forma más o menos silenciosa. Los anuncios en los portales inmobiliarios de pisos a la venta con un inquilino incluido son, en parte, resultado de esa marcha. En la última semana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a advertir a los inversores ante las denuncias de que muchas compañías están tratando de sortear la ley de Vivienda. “Si habéis venido a especular, os habéis equivocado. No es ni el país, Cataluña, ni el sector, el de la vivienda, para hacerlo. Y seguiremos por este camino”, avisó Illa, quien se dirigió muy en concreto a los fondos que se dedican a adquirir fincas para destinarlas al negocio del coliving: “No venga a especular, no venga a hacer trampas, no venga a decir que cogerá un edificio, lo rehabilitará y lo alquilará por habitaciones. Esto no, aquí no. En Cataluña no queremos eso. Y aplicaremos todo el peso de la ley”.

De hecho, el capital inmobiliario debe ser la principal preocupación de Illa, a tenor del documento. Cataluña tiene unos niveles de inversión en capital inferior a otros países de su entorno: es baja en capital intangible, que es altamente productivo; en infraestructuras públicas, en fuentes de producción de energía renovable e hidráulica, en mantenimiento ferroviario… En cambio, hay un elevado peso de la inversión inmobiliaria que, además, no está dirigiéndose a vivienda asequible ni a actividades más productivas. “Los altos rendimientos del mercado inmobiliario provocan una mala asignación de capital, haciendo desviar inversiones hacia activos menos productivos y limitando la entrada al mercado de empresas más productivas, en favor de empresas con activos inmobiliarios”, apunta el informe.

En concreto, el documento apunta que las elevadas rentabilidades que ofrece el ladrillo canalizan “grandes fuentes de deuda” y “desvían el capital” de sectores que tienen mayor potencial de crecimiento. Además, indica que el alto valor de los activos inmobiliarios en el balance de esas empresas, hinchado al calor de las revalorizaciones de la última década, puede estar enmascarando una “baja eficiencia operativa” y estar perjudicando a empresas más innovadoras.

El documento indica también que, paradójicamente, el elevado nivel de capital en el sector no está suponiendo una mayor construcción de pisos, tampoco asequibles. Y eso contrasta con la “excesiva demanda” que hay en Cataluña, en especial en el área de Barcelona y en las áreas turísticas. Ahí, adquirir una vivienda supone una “sobrecarga” que provoca un “problema social” sobre todo en los colectivos con las rentas más bajas e impide la atracción de talento en las regiones más dinámicas, frena la movilidad laboral hacia zonas con mejores oportunidades y reduce la inversión en capital humano y consumo productivo.

Hasta que no se solvente la crisis por la falta de vivienda, el documento indica dos vías para tratar de mitigar esa situación: el teletrabajo y una mejora de las infraestructuras, aunque admite que esta última medida puede conllevar el riesgo de “exportar la presión inflacionista a zonas tradicionalmente asequibles” y extender la problemática a más ciudadanos.

El informe aborda otros déficits de la economía catalana. Uno de ellos lo constituye la “transformación limitada” del sistema energético catalán en comparación con el resto de España y la UE. “El patrón de crecimiento de Cataluña es menos sostenible que el de España y el de la UE”, expone el documento, que recuerda que el “impulso” de la economía verde –retrasado respecto a España— puede reducir los costes de la energía y mejorar la productividad. El documento también explora la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial y concluye que, pese a ser uno de los cinco territorios con más penetración de Europa de las nuevas tecnologías durante cinco años consecutivos, esa transformación “no genera ganancias significativas de productividad”. Entre otros obstáculos, se expone la falta de una masa crítica suficiente que arrastre a más empresas, la emigración de profesionales capacitados, la fragmentación del ecosistema de innovación o el déficit de inversión que, en cambio, sí tiene el ladrillo.