Junts y su encrucijada en la política nuclear

Junts apostó este jueves en el Congreso por abstenerse y tumbar la propuesta del PP de prorrogar el calendario del cierre de las nucleares. Su decisión generó alborozo en las filas socialistas, que entendieron que los diputados del partido de Carles Puigdemont rompían su plan de votar siempre en contra del Gobierno. La líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, atribuyó la abstención a que la propuesta popular no estaba bien hecha técnicamente. El partido está ahora ultimando su posición para las tres centrales catalanas, dice que quiere huir de posiciones maniqueas entre nucleares y renovables y avisa de que el despliegue de la energía verde está muy retrasado en Cataluña. La alcaldesa de Vandellòs, Assumpció Castellví, de Junts, a favor de la prórroga, ratifica que el debate sigue abierto y que el voto de su partido en el Congreso no es el definitivo.

Cataluña cuenta con tres centrales nucleares que, de acuerdo con el plan del Gobierno, tienen este calendario de cierre: Ascó I en 2030; Ascó II, en 2032 (la propiedad no ha pedido la prórroga) y 2035 en Vandellòs. No tienen, por tanto, avisan en Junts, la misma prisa que en Almaraz, que tiene programada su clausura en 2027. En la dirección de Junts cunde la idea de que la energía nuclear sigue siendo, hoy por hoy, una fuente energética válida y eficaz, pero hay dudas sobre qué efectos conlleva abogar abiertamente por la prórroga operativa de las tres centrales. La diputada Pilar Calvo, responsable de esa área en el grupo de Junts, afirma que están trabajando para poner “blanco sobre negro” una propuesta para las tres centrales y avisa que el plan de cierre del Gobierno actualmente no es viable.

Calvo desliza que el apagón de abril ha comportado un cambio de escenario y puesto en riesgo la garantía del suministro. “En Cataluña tenemos un 60% de dependencia de la energía nuclear cuando en el resto del Estado es de un 20%”, señala. La diputada afirma que el calendario fijado por el Gobierno para Cataluña no es realista y acusa al president Salvador Illa de hacer “seguidismo” con el Gobierno y no actuar. “Queremos hacer una transición verde, no estamos en contra, pero sin poner en riesgo a la industria, a los usuarios y a los consumidores”, afirma.

El debate es espinoso porque apostar abiertamente por la nuclear supone un riesgo para la imagen pública de un partido que durante años ha hecho maniobras para arrancarse las etiquetas de conservador de derechas, que tan de forma desacomplejada portaba la antigua CiU. Pero la realidad es que la demonización de los reactores ha marcado durante años el relato energético en Cataluña, pero nunca se pusieron las bases para buscar un suministro alternativo. De momento, Junts pide una montaña de informes: dos al Gobierno sobre la concreción del plan de Transición Justa y otro sobre la prolongación de la vida nuclear; reclamar al PP y Vox qué precio eléctrico están dispuestos a pagar por alargar esa vida y pedir al operador un informe sobre la seguridad del suministro y reclamar a UNESA el retraso en publicar el informe sobre la situación económica-financiera de la actividad eléctrica.

A la espera de la posición definitiva, una de las hipótesis es que Junts se incline por una prórroga contenida en el tiempo y no definitiva, como busca el PP. Tanto Calvo como el diputado Josep Maria Cruset avisaron de que no negociarán con el Gobierno. “Dijimos que votaríamos en contra de sus iniciativas, pero eso no es una carta blanca al PP”, afirmó en 3CAT, perplejo de que el PSOE lo encajara como una victoria cuando era solo una enmienda sin trascendencia jurídica. Assumpció Castellví, alcaldesa de Vandellòs, de Junts, no compartió esa abstención y se muestra a favor de alargar la vida de la planta. “Lo que se votó no es definitivo. Hay un debate y eso es bueno para el partido. La postura se está gestando, pero la energía nuclear es muy necesaria para mantener la estabilidad en la red”, señala al tiempo que dice que esa postura no quiere decir estar en contra de las renovables. y que las alienta.

La alcaldesa tiene la impresión de que el plan del Gobierno está “caduco” y sostiene que este tipo de decisiones deben hacerse sobre criterios técnicos y no ideológicos. Con una población de 7.200 habitantes, la mayoría, sostiene la alcaldesa, está a favor de la central por los puestos de trabajo que genera (1.800 empleos), por la estabilidad en la red y la seguridad que la envuelve pese al accidente de 1989. “La gente lo recibe mucho más a favor que en contra”, dice. Castellví sostiene que Illa va lento en la implantación de renovables, pero añade que la sociedad en general debería poner más fácil su instalación, aunque ella sea la primera en no dar permisos si tienen que “trinchar más” el territorio.

Junts tiene una fuerte implantación municipal, un terreno donde el despliegue de las renovables tiene capacidad para levantar ampollas. Ya sea con parques eólicos o instalación fotovoltaica, la afectación paisajística y el impacto visual es notable y genera un fuerte rechazo social. Un ejemplo reciente se ha vivido en Tarragona, donde el proyecto de un parque eólico, con seis aerogeneradores para generar 30 megavatios de potencia, ha generado oposición en los ayuntamientos de Riudecanyes, Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs y Riudoms. Todos son municipios cercanos a la nuclear de Vandellòs.