Jordi Pujol pide a la Audiencia Nacional que valore su estado de salud y decida si debe someterse a juicio

Si nada lo impide, Jordi Pujol se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 24 de noviembre. Habrán pasado 11 años y cuatro meses desde que confesó, públicamente, que su familia mantuvo durante décadas una fortuna oculta a Hacienda en Andorra. A los 95 años, la presencia del expresidente catalán en el juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional centra todos los focos. La defensa de Pujol ha aportado tres informes médicos que describen su estado de salud (incluidas sus capacidades cognitivas) para que el tribunal decida si lo ve apto para afrontar el proceso, según han explicado a EL PAÍS fuentes cercanas a la familia.

Pujol ha rechazado que su defensa solicite su expulsión del proceso por “demencia sobrevenida”, una posibilidad que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aquellas personas que han perdido su capacidad de comprender los hechos de los que se le acusa. Esa circunstancia es la que alegó, con éxito, su mujer, Marta Ferrusola, al estar aquejada de alzhéimer. Ferrusola fue exculpada del caso Pujol antes de fallecer en julio de 2024. El expresidente, sin embargo, ha expresado su deseo de afrontar el juicio y de prestar declaración, una voluntad que ha frenado a la familia cualquier posibilidad de plantear una demencia sobrevenida.

La defensa del expresidente ha explorado otra vía: ha entregado documentación al tribunal sobre el estado de salud de Pujol. Se trata de tres informes médicos que se limitan a “describir” su estado físico e intelectual y que inciden en el posible deterioro cognitivo que padece. El objetivo es que la clínica forense de la Audiencia Nacional valore esos documentos y examine la conveniencia de que el proceso contra Pujol siga adelante o, en todo caso, en qué condiciones.

Si el tribunal concluye que Pujol está en condiciones de ser juzgado, tendrá que decidir también sobre la necesidad de que esté presente, físicamente, en Madrid. Está por ver si lo decide antes del 24 de noviembre o bien una vez espera a la primera jornada del juicio, cuando todos los acusados deberán estar ya presentes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El entorno de Pujol ha reservado ya una habitación de hotel para esa semana, ante la eventualidad de que tenga que acudir.

Es habitual que las personas de edad avanzada o con salud precaria que son sometidas a una causa penal soliciten ausentarse del juicio la mayoría de las sesiones, excepto algunas: el día de la declaración, el día de los informes finales de la Fiscalía, etcétera. En el caso Pujol, cuyo extenso calendario de sesiones está aún por pulir, está previsto que los acusados declaren al final (previsiblemente, en abril de 2026), una práctica cada vez más extendida en los tribunales españoles, para que tengan conocimiento de toda la prueba que se ha practicado con anterioridad.

Declarar por videoconferencia

La defensa de Pujol, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, ha pedido de forma expresa a la Audiencia Nacional que su cliente no acuda físicamente al juicio y que pueda seguir las sesiones (y, en su caso, prestar declaración) por videoconferencia. Consultado por este diario, un portavoz de la Audiencia Nacional asegura que no tienen conocimiento por ahora de la petición de Pujol para declarar de forma telemática.

A medida que se acerca la fecha del juicio, el debate sobre la capacidad de Pujol de afrontarlo con garantías crece. Hasta el actual inquilino del Palau de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha pedido al tribunal que considere si es oportuno que un hombre de esa edad y con una salud delicada acuda a las sesiones de un proceso largo y complejo. “¿Tiene que ir una persona de 95 años a juicio? A mí me parece que debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud. Y creo que la justicia tiene mecanismos para tomar en consideración esta cuestión", se ha preguntado en una entrevista el president, uno de los dirigentes que, en los últimos tiempos, ha contribuido a restaurar la imagen pública de Pujol, muy dañada desde la confesión de la fortuna oculta.

En esa entrevista, Illa matizó que distingue entre “la persona que gobernó Cataluña 23 años” y “las cuestiones que afectan a su familia y eventualmente a él mismo”. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Pujol y otras penas para sus siete hijos, en una causa con otros 16 acusados. Según la investigación, la familia Pujol Ferrusola aprovechó su posición privilegiada en Cataluña (Pujol presidió la Generalitat entre 1980 y 2003) para “acumular un patrimonio desmedido” procedente de actividades corruptas. La familia replica que la fortuna oculta en Andorra procede de un “legado” que el padre de Pujol, Florenci, dejó en el extranjero a su nuera y a sus nietos antes de morir, una tesis que rechaza la Fiscalía.