Illa se enfrenta a la hora de la verdad con las cuentas catalanas de 2026

En tres semanas vence el primer plazo para que los departamentos del Govern catalán envíen la información necesaria para el borrador de las cuentas de 2026. Tras dos prórrogas consecutivas, la aprobación de un nuevo Presupuesto representa la hora de la verdad para el Ejecutivo que preside Salvador Illa desde hace un año. Los socialistas catalanes, que necesitan el voto de ERC y Comunes en el Parlament, se enfrentan a una negociación donde depende tanto lo que ha pasado en Cataluña como de los compromisos pendientes que se han de tramitar en el Congreso, como la financiación singular.

La última vez que la Generalitat tuvo Presupuestos fue en 2023, cuando aún ERC gobernaba y socialistas y Comunes se avinieron a apoyar las cuentas. Los de 2024 no pudieron ver la luz por la negativa de los de Jéssica Albiach —a causa del plan del Hard Rock— y eso precipitó el adelanto electoral que terminó por desbancar a Pere Aragonès y aupar a Illa.

Desde las filas de Junts, el principal partido de la oposición, no desaprovechan ninguna ocasión para echarle en cara a Illa que incumpliera una de sus promesas hechas tras tomar posesión como president: que comenzaría el 2025 con unas nuevas cuentas en vigor. Illa primero aseguró que intentaría tener las para 2024, una meta que se enterró justo 15 días después de la toma de posesión. Las energías se concentrarían, se argumentó entonces, en las del 2025, que fueron las que Junqueras enterró en enero pasado, alegando entonces que los socialistas no cumplían los compromisos que tenían pendientes.

ERC y también los Comunes se han dedicado a arañar acuerdos en las negociaciones de los suplementos de crédito de la Generalitat, el único elemento que le permitía mover movilizar fondos extra por un total de casi 4.000 millones de euros, procedentes de anticipos y de liquidación de las cuentas. En paralelo, tanto el Gobierno central como el catalán se han prodigado en gestos para mostrar que se avanzaba en puntos como el traspaso de Rodalies, el nuevo modelo de financiación singular y el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y así prepararla para que asuma la gestión futura de todos los tributos sostenidos en el Estado.

El pasado mes de abril, durante el Congreso que entronizó a Junqueras como líder absoluto de los republicanos, el discurso sobre la actitud de los socialistas catalanes viró. Tras un análisis de la situación de los compromisos, se dijo oficialmente que se avanzaba en cumplimiento. Sin embargo, el choque por la financiación singular ha hecho saltar todo por los aires y ERC optó por endurecer de nuevo su posición.

El propio Junqueras y otras voces de peso en el partido aceptan públicamente que hay complicidades con el Govern, pero es el Ministerio de Hacienda el que no se aviene a los cambios. En ERC se aferran a los compromisos de ambas investiduras como un todo, con lo cual el margen de negociación del equipo que lidera la titular de Hacienda, Alicia Romero, está de entrada ante un muro complicado de franquear. Difícil, pero no imposible: en las negociaciones de la hacienda catalana y la financiación singular, el exvicepresident y los suyos se han cuidado de no ir contra Romero, preservando los puentes y focalizan los ataques en la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

Los socialistas catalanes han cumplido con puntos importantes del acuerdo de investidura de Illa, más allá de la financiación. Por ejemplo, han respetado y dado luz verde a normas heredadas del Gobierno de Aragonès y que se habían quedado a medio trámite, como la de creación de la Agencia Social y Sanitaria, la del Estatuto de los Municipios Rurales o la de la Memoria Histórica. ERC también había hecho concesiones temporales a los socialistas y aceptado modulaciones de los compromisos. En el traspaso de las Cercanías catalanas, por ejemplo, se pasó de ser una empresa 100% catalana a aceptar iniciar con una compartida con el Renfe. Con la financiación singular, se extendieron los plazos de cumplimiento de recaudación del IRPF casi hasta hacerlos indefinidos.

La inverosimilitud de cualquier otro pacto con Junts o con PP y Vox para pactar las cuentas llevan a Illa a fiarlo todo a los socios de investidura para poder tener las cuentas. Tras un año de ondear la bandera del sosiego, el PSC necesita el músculo presupuestario para poder avanzar en promesas como la construcción de 50.000 pisos públicos hasta 2030.

Los socialistas descartan, al menos de momento, la posibilidad de un adelanto electoral, el error que cometió Aragonès hace dos años. No solo porque se crearía un elemento de tensión extra para ya la complicada situación de la política nacional, en la que Cataluña y su tiempo nuevo son los bastiones principales de Sánchez. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió dejaba a Illa como el ganador de las elecciones pero, por primera vez, por la parte baja de la horquilla, se abría el escenario a no repetir la mayoría de la investidura y crear un escenario de bloqueo, pues los independentistas tampoco sumarían sin los ultras de Aliança Catalana.