Collboni acelera el proyecto de la ‘rambla verde’ de Vallcarca y prevé expropiaciones y derribos en dos años

Segundo anuncio de calado sobre el barrio de Vallcarca de Barcelona en la misma semana. Si el martes el gobierno del alcalde Jaume Collboni anunciaba que inicia los trámites administrativos para desalojar las chabolas del barrio declarándolas infraviviendas; este jueves el ejecutivo ha explicado que aprieta el acelerador para “desencallar” el plan urbanístico pendiente desde 2002 que prevé convertir uno de los lados de la avenida de Vallcarca en una “rambla verde” desde la plaza de Lesseps hacia arriba, en dirección Collserola. La número dos de Collboni, Laia Bonet, ha detallado que el consistorio ha iniciado los trámites de expropiación de las fincas afectadas por la construcción de esta futura zona de paso, estancia y verde. Para ello ha aprobado una dotación de 7,6 millones de euros. Las fincas a expropiar son cuatro en las que hay viviendas (15 familias) y negocios que se ubican entre las calles de Ballester y Agramunt, a continuación del solar donde estuvo el meublé conocido como La Casita Blanca. Fincas, todas ellas, que también tienen fachada en la calle de Bolívar.

“El Ayuntamiento quiere desencallar este mandato una situación que está enquistada [la ejecución del plan urbanístico] y sacar Vallcarca de una situación de provisionalidad en la que está desde hace demasiado tiempo”, ha manifestado Bonet en una comparecencia con la arquitecta jefa del consistorio, Maria Buhigas. La arquitecta ha explicado que se convocará proceso participativo y que el desnivel que existe entre la avenida y la calle de Bolívar se salvará con zonas llanas, para aprovechar el espacio, y que habrá vegetación y zonas de juego y de estancia.

“Se trata de desencallar dos elementos muy importantes y ganar un nuevo espacio verde para los vecinos de Vallcarca y todo el distrito de Gràcia” ha resumido la teniente de alcalde antes de afirmar que antes de fin de mandato estarán listas las expropiaciones y derribos, “para comenzar las obras” a partir de 2027. La segunda obra a la que se refería es la construcción de un depósito pluvial, justo en la manzana de las expropiaciones, que habrá que hacer antes de las obras de la futura rambla.

522 pisos, 204 públicos

Bonet ha recordado que el plan que ahora se quiere acelerar contempla la construcción de un total de 522 pisos, 204 público. De este paquete de vivienda asequible ya hay dos edificios en la misma avenida de Vallcarca (uno ya ocupado por adjudicatarios y otro que será para afectados urbanísticos del propio plan), un futuro edificio en la calle Mare de Déu del Coll, otro en la calle de Farigola, y dos más que son promociones delegadas en suelo municipal, junto al futuro parque central (a una cooperativa y a dos fundaciones).

En paralelo, comenzarán también en breve las obras del llamado “anillo de servicios” para reurbanizar el entorno de la calle de Farigola, en el círculo que dibujan esta calle y las de Mare de Déu del Coll, Medes, Cambrils, Argentera y Calendrau. En estas calles se reducirá el espacio para el tráfico, con pavimento de plataforma única, con prioridad para peatones, y sistemas de drenaje. Los trabajos prevén también canalizar los servicios para poder construir nuevas viviendas. Las obras comenzarán en abril, durarán 20 meses y la inversión prevista es de 6,78 millones de euros. Las obras del futuro parque central comenzarán en 2026.

Bonet ha insistido en que todo el proceso “irá acompañado de la atención social que requieren, fruto de dos décadas de inacción, personas en situación de vulnerabilidad que viven en espacios de infravivienda”, en relación a los asentamientos y viviendas ocupadas. “Una situación que la Barcelona del siglo XXI no se puede permitir”, ha sintetizado en una idea que expresó también el pasado martes.

Mientras, entidades del barrio entre las que figuran la asociación de vecinos Som Barri, el Sindicato de Vivienda de Vallcarca, l’Heura Negra o la cooperativa de vivienda Ruderal han denunciado la “falta de diálogo” del ejecutivo municipal a la hora de abordar la transformación y han pedido un espacio de participación. Aseguran que el proyecto urbanístico en su totalidad obligará a desplazar a 300 vecinos. Las entidades lamentan que en lo que va de mandato (casi dos años) “no se ha promovido ningún espacio de participación”.