La Generalitat rescata un plan para pagar un extra a los jueces que escriban sus sentencias en catalán

La Generalitat ha rescatado un viejo plan para premiar, económicamente, a los jueces que escriban sus sentencias en catalán. Solo un 5,3% de las resoluciones dictadas por la justicia en Cataluña están escritas en esa lengua, un porcentaje que se elevó hasta el 20% a principios de siglo gracias a los incentivos económicos. Es una de las medidas que este lunes ha anunciado el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, para impulsar el uso del catalán en la justicia, que se encuentra bajo mínimos.

Tras la reunión de la mesa del Pacto Nacional para la Justicia, el Govern ha ofrecido datos sobre el estado del catalán en ese ámbito. Además del escaso número de resoluciones y sentencias, también es muy bajo el porcentaje de documentos escritos en ese idioma que dan inicio a los procedimientos (5,6%). En el 80% de los casos en que se solicita explícitamente la tramitación de un procedimiento en catalán, la opción se incumple, según ha explicado el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

La Generalitat trabaja en un plan para que jueces y funcionarios judiciales perciban una bonificación económica cuando escriban en catalán sus resoluciones y sentencias. Espadaler rescata así un plan que ya se puso en marcha en el año 2000, durante el último mandato de Jordi Pujol al frente de la Generalitat. Los incentivos económicos, que estuvieron vigentes hasta el año 2005, permitieron elevar de forma notable ese porcentaje.

En paralelo, está en marcha desde hace años un convenio entre Justicia y el Colegio de Abogados Catalanes (CICAC) por el que los abogados de oficio reciben una bonificación de 25 euros cuando inician actuaciones judiciales en catalán. El Govern destinará, este año, 500.000 euros al impulso de la lengua en la asistencia jurídica y se ha comprometido a ampliar ese extra a los abogados privados.

El Govern trasladará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la posibilidad de que su centro de documentación judicial pueda traducirse automáticamente al catalán gracias a una herramienta de inteligencia artificial (IA) que está desarrollando. En la reunión se ha planteado la posibilidad de impulsar que el conocimiento del catalán cuente como mérito en el proceso de selección de los miembros de la carrera judicial.

El plan piloto en el que se inspira el Govern de Salvador Illa se puso en marcha en el año 2000 y preveía una retribución, entonces, de 600 euros por semestre. Desde el año 2004, sin embargo, algunos jueces y letrados dejaron cobrar; en particular, los que hacía más de dos años que participan en el plan o los que llevaban más de dos años en Cataluña. Las condiciones eran “muy complejas” y difíciles de aplicar y se acabó abandonando, según fuentes del Departamento de Justicia, que está trabajando ahora en el nuevo plan y todavía no ha definido las retribuciones.