Rebelión de los altos cargos catalanes ante la intención del Govern de abolir el teletrabajo

Rebelión entre los altos cargos del Govern ante la intención del Departamento de Presidencia de abolir su teletrabajo. La mitad de los 483 profesionales afectados han trasladado al consejero Albert Dalmau una carta en la que le reclaman que haga marcha atrás y que realice una “evaluación rigurosa” del impacto del empleo a distancia. “[La decisión del Govern] no se basa ni en evidencias, datos, ni mecanismo de evaluación”, señala la misiva, avanzada por Catalunya Ràdio y a la que ha accedido EL PAÍS. Fuentes del Govern defienden que trabajar desde casa “es incompatible con recorrer el país atendiendo las peticiones de los ciudadanos y las empresas” e insisten en que los equipos directivos deben hacer funcionar “la máquina de la administración a toda velocidad”.

Presidencia publicó el pasado 7 de enero una instrucción en la que suprimía el teletrabajo a los titulares de direcciones generales, secretarías generales, sectoriales; y sus asimilados orgánicamente. “Sus funciones requieren la presencia efectiva y constante para garantizar una comunicación fluida y una supervisión efectiva”, defendió. Según fuentes de la consejería, un centenar de directivos de los 483 que ejercen en la Generalitat empleaban el teletrabajo un máximo de dos días a la semana, tras recibir la luz verde de su departamento.

Ahora 237 altos cargos consideran que las argumentaciones de la administraciones no son válidas. “No tienen ningún apoyo científico, empírico ni se basan en ningún dato objetivo”, señala el texto. El colectivo entiende que ha asumido en los últimos cuatro años una modalidad “híbrida”, sin disponer de indicaciones de que sus funciones “no se estuvieran ejerciendo de forma correcta”. “El correcto desarrollo de las funciones se evalúa a finales de cada año dentro del concepto de productividad y también se revisa con la renovación de la autorización de teletrabajo”, sostienen los altos cargos, que remarcan que el teletrabajo aumentó la calidad del trabajo en equipo, según una encuesta elaborada en 2020 a trabajadores de la Generalitat.

En su justificación, la carta considera que la interlocución profesional “se seguirá haciendo por medios digitales” y que la instrucción de Presidencia “ni se adapta al contexto estratégico de una administración del siglo XXI ni favorece la conciliación”. Además, acusa al Govern de haber “perjudicado” la imagen de los empleados públicos.

Fuentes del Govern defienden que la instrucción es una forma de “compromiso” y de prestigiar la dirección pública profesional. “Queremos unos directivos públicos que dirijan sus equipos y recorran el país atendiendo a las peticiones de ciudadanos y empresas”.

La medida de Presidència perfila la reestructuración de la administración pública para optimizar su eficiencia, uno de los primeros objetivos del Govern de Salvador Illa. La Mesa de la Función Pública aprobó en 2021 una estructura de dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo para los funcionarios. Patronales y sindicatos no encuentran un consenso a la hora de plantear el teletrabajo: los primeros proclaman la importancia de la presencialidad y las entidades sindicales entienden que el empleo a distancia no ha reducido la productividad en aquellos campos donde es posible.

Desde la pandemia, la cifra de empleados que trabajan a distancia se ha duplicado en Cataluña, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE, en el tercer trimestre de 2024. Pasó de un 8,6% en 2019 al 16,4% actual. Se considera teletrabajo habitual aquel tipo de jornadas que emplean a distancia el 30% de la jornada. Cataluña es la segunda comunidad autónoma donde más se teletrabaja, solo después de Madrid, donde lo hacen más del 25% de los ocupados por la concentración de trabajadores de la función pública en la capital.