Illa y Collboni fijan su hoja de ruta pese a las turbulencias de los socios de investidura

Las instituciones catalanas han logrado los últimos meses esquivar la sensación de zozobra que invade la política española con la ofensiva judicial y política de las derechas contra Pedro Sánchez y unos socios de investidura que parecen no querer mantener el apoyo al Gobierno central si no hay claras y vistosas contrapartidas a cambio. Los cuatro primeros meses del Govern de Salvador Illa en Cataluña han sido relativamente plácidos tanto por los 100 días de gracia que le ha concedido de facto la oposición como, sobre todo, porque los partidos que podían haberle complicado la vida -Esquerra, los comunes y Junts- han estado inmersos en procesos congresuales nada fáciles.

Esta semana la oposición sí ha dado señales de alerta a Illa, que se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos y a rectificar anuncios como la supresión de la obligatoriedad de la asignatura de literatura en el bachillerato para adaptarse a la Lomloe. Pero el presidente ha respondido, a estas señales de alerta, presentando su plan de gobierno para dejar claro que hay mucha legislatura por delante. Lo mismo ha querido hacer el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sujeto a la misma necesidad de pactos que el presidente catalán. El alcalde logró el viernes aprobar la primera parte del paquete presupuestario con la aprobación de las ordenanzas fiscales gracias a un pacto de última hora con los comunes.

Illa se propone culminar lo que los socialistas llaman “normalización” de la vida política catalana apoyándose en sus socios de investidura -ERC y comunes- y intentando, al mismo tiempo, que Junts, principal partido de la oposición no tome represalias en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Junts ha irrumpido esta semana con la exigencia de que, más allá de la amnistía judicial de la que sigue pendiente, tanto Sánchez como Illa le apliquen lo que él denomina “amnistía política”. Traducido, significa que los dos líderes socialistas acepten reunirse normalmente con él como ya lo ha hecho el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Illa siempre se ha evitado dar portazo a una reunión con Puigdemont pero tampoco ha querido concretar fechas. “El encuentro se producirá cuando sea útil”, afirman fuentes del Palau de la Generalitat, que dan a entender que este encuentro podría producirse si ayuda a desencallar cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado.

De momento Illa se afana en demostrar que cumple con sus socios de investidura. Este viernes presentó el plan de Govern, la hoja de ruta de la investidura, en la que destacan los acuerdos tanto como con los republicanos como con los comunes. Ante las críticas por falta de cumplimiento que salen de la boca del recién reelegido presidente de ERC, Oriol Junqueras, el Govern responde que durante el próximo año se aprobará el 40% del paquete legislativo que pactaron para la investidura. Hasta ahora el esfuerzo se ha centrado en ir aprobando leyes que el Ejecutivo de Pere Aragonès había dejado encauzadas en un intento de dar señales de cierta continuidad con las políticas de los republicanos.

Cuestión a parte es la financiación. La intención del Govern es no abrir formalmente este melón hasta tener aprobados los presupuestos catalanes, pero ERC pide avances claros antes de ni siquiera empezar a negociar las cuentas. De momento este tira y afloja ya se ha saldado con que los Presupuestos para 2025 no podrán entrar en vigor el 1 de enero -como casi cada año- y muchas voces dentro del Govern ya hablan de que difícilmente podrán aprobarse antes de marzo, cuando ERC acabará la segunda parte de su convulso proceso congresual.

Mientras tanto, Illa se propone desarrollar algunos aspectos de su plan de gobierno, que rehúye las medidas efectistas y busca asentar el mensaje de que su Gobierno ha venido para resolver cuestiones pendientes desde hace años, como las infraestructuras contra la sequía, el plan de energías renovables, la desburocratización de la sanidad pública o la ampliación del aeropuerto del Prat.

Lo mismo busca Jaume Collboni en el frente del Ayuntamiento de Barcelona. A la espera de una cada vez más incierta voluntad de ERC de sumarse al equipo de gobierno para fortalecer la estructura, Collboni consiguió el viernes aprobar las ordenanzas fiscales para 2025, lo que debe garantizar los ingresos del Ayuntamiento y enfoca su acción política. En un marco de congelación de los impuestos, Collboni ha querido destacar que el lobby turístico no tiene barra libre para crecer indefinidamente y ha aprobado medidas quirúrgicas como la subida del IBI para hoteles de lujo -pasa del 1, al 1,17%- y se aumenta la tasa para autocares de uso turístico, que pasarán a pagar 80 euros frente a los 20 actuales.