La ley de Memoria se suma el paquete de normas impulsadas por ERC que asume el Govern de Illa

No hay día en que una voz autorizada de Esquerra Republicana alerte de la necesidad de que el Govern que lidera el socialista Salvador Illa cumpla con los compromisos derivados del acuerdo de investidura. Es esa la condición si se aspira a un apoyo en los Presupuestos de la Generalitat para 2025. Uno de los puntos claves para los republicanos fue blindar la herencia programática y legislativa del mandato de Pere Aragonès y con el anuncio, este jueves, de que se rescatará el proyecto de ley de Memoria Democrática una parte importante de esa carpeta queda finiquitada.

La normativa, que ya había superado la fase de comparecencias parlamentarias y estaba a la espera de que se redactara el dictamen final, decayó por segunda vez cuando, en marzo de este año, se adelantaron las elecciones. El texto, que entre otras cosas implica la retirada de símbolos franquistas como el monumento sobre el río Ebro en Tortosa, se arrastraba desde cuando ahora diputada republicana Ester Capella estaba en el departamento de Justicia. En la última etapa la lideró Gemma Ubasart, logrando un apoyo muy transversal en la Cámara.

“Estoy convencida de que los grupos parlamentarios están todos de acuerdo en que hay que acelerar la tramitación porque tenemos el trabajo hecho”, ha explicado la propia Capella. La exconsejera pactó con el actual titular de Justicia, Ramon Espadaler, que se recupere el articulado con la redacción actual como proyecto de ley, se apruebe este martes en el Consell Executiu y se reinicie el trámite en la Cámara.

El pacto de investidura incluye una agenda de legislatura, con nueve normas que el Govern se comprometía a “impulsar durante el primer año de legislatura”. Con el anuncio de Capella, el Ejecutivo del PSC puede ya mostrar el avance en un total de cuatro de ellas. La primera fue la de creación de la Agencia Social y Sanitaria, que pasó por el beneplácito del Ejecutivo en enero pasado pero no pudo comenzar el camino en la Cámara. Illa hizo suyo el contenido y el pasado mes de octubre la aprobó el Consell Executiu.

La ley de eliminación del amianto, que Aragonès presentó días antes del adelanto electoral, pasó el pasado martes por la reunión semanal del Ejecutivo de Illa sin prácticamente cambios. Desde el Govern no han escatimado esfuerzos en reconocer la autoría de los trabajos previos, en un rosario de elogios que buscan remarcar que se está cumpliendo con honorar el legado del republicano.

El próximo pleno, además, comenzará el trámite de las proposiciones de ley con que ERC y Comunes buscan desbaratar las rebajas fiscales al juego, base angular del proyecto del megacasino del Hard Rock en Barcelona. Ferran Pedret, líder de la bancada del PSC, ha explicado que ese cambio normativo figura en los respectivos acuerdos de investidura y se dispone a una redacción a tres manos de un texto único. Ahí, sin embargo, tendrá que lidiar con la pugna entre las dos formaciones, en un punto sensible pues en su día fue lo que derivó en el adelanto electoral ante la negativa de los comunes a aprobar los Presupuestos de Aragonès.

El pasado pleno del Parlament, además, ya pasó el Estatuto de los Municipio Rurales que también impulsó el Govern republicano. La ley de Derechos Culturales, por su parte, tendrá que esperar hasta el primer semestre del próximo año para poder recibir la luz verde en el seno del Ejecutivo de Illa, han explicado desde el departamento de Cultura. El anterior equipo solo logró redactar el anteproyecto y aunque se insiste que se respetará ese trabajó será necesario que se complete con los dictámenes pendientes.

El resto de desarrollos normativos pendientes eran proposiciones de ley -es decir, promovidas desde la Cámara, no a iniciativa del Govern- impulsadas por ejemplo por las entidades sociales (la Ley del Tercer Sector Social) o la que busca erradicar la existencia de personas habitando en la calle en Cataluña. El gran reto para lo que queda del primer año de legislatura se ubicaría entonces en la futura ley de arrendamientos y de contratos de alquiler y una normativa para blindar la universalidad y gratuidad de la educación 0-3.