Los visados de oro concedidos en Barcelona doblan los de Madrid

Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares, Girona y Valencia. Son, de más a menos, las provincias donde más visados de oro (por compra de viviendas de más de 500.000 euros) autorizó el Gobierno a ciudadanos extracomunitarios entre 2014 y 2023. Barcelona, con 7.561 de estos permisos de residencia, dobló los permisos concedidos en Madrid (3.990) y Málaga (3.976). Alicante, Baleares, Girona y Valencia rondaron el millar por provincia. Son datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y corresponden a la primera década de vigencia de la Ley de Emprendedores del gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2013. La ley pretendía fomentar la economía en plena salida de la crisis económica que sucedió a la burbuja inmobiliaria. Y además de medidas para los emprendedores domésticos facilitaba la concesión de permisos de residencia a personal altamente cualificado, investigadores o inversores en empresas o en ladrillo. En el caso de la visa de oro, facilita el permiso de residencia, pero no obliga a vivir ni un solo día en la vivienda comprada, ni siquiera en España. En total, en la última década España ha concedido casi 250.000 permisos de residencia a directivos e inversores extranjeros extracomunitarios.

Los datos publicados por el Ministerio sobre la concesión de visados de oro, adelantados por On Economía, permiten apreciar grandes diferencias entre provincias. Barcelona y Madrid, por ejemplo, comparten que los principales compradores fueron de países asiáticos. Pero en Barcelona el segundo colectivo más numeroso fueron compradores europeos de países no comunitarios (de Rusia o Ucrania, apuntan fuentes del sector inmobiliario) y el tercero América del Norte; mientras en Madrid, tras los asiáticos se situaron compradores de países de América central y del sur, América del Norte (esencialmente mexicanos, añaden las mismas fuentes) y en cuarto lugar europeos extracomunitarios. En Málaga, la inmensa mayoría de estos permisos se concedieron a europeos no comunitarios, seguidos de asiáticos y africanos. En Valencia, asiáticos y europeos fueron los principales compradores. Y en Alicante, Baleares y Girona, sobre todo europeos extracomunitarios.

Las cifras también muestran en todos los casos que durante los primeros años de vigencia de la ley 13/2014 apenas se concedieron visas de oro, pero una vez se comenzaron a solicitar la progresión fue ascendente, con un ligero bajón o frenada por la pandemia. Después, se han disparado en todas las provincias citadas. El caso más exagerado es el de Baleares, donde se saltó de 40 visados en 2020, a 168 el año siguiente, y 353 en 2023.

Avalancha antes del fin de los visados por compra de vivienda

Bufetes de abogados y agentes de la propiedad inmobiliaria o inmobiliarias especializadas en este sector coinciden en que las elevadas cifras de 2023 apuntan a una avalancha de compras de viviendas de más de 500.000 euros desde que en abril de ese año el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a hablar de la posibilidad de restringir estos permisos. Un anuncio que se materializó esta misma semana, aunque la concesión de permisos sigue en vigor hasta que el Senado ratifique la modificación de la norma.

La economista experta en fiscalidad y Agente de la Propiedad Inmobiliaria Eva Cano confirma que las compras de viviendas de 500.000 euros se han disparado en Barcelona recientemente. Un periodo que coincide, además, con la escasez de bolsa de pisos para arrendar (por la huida de la oferta al alquiler de temporada, buscando esquivar las regulaciones de precios), con lo que hay agentes del sector que han trasladado parte de su actividad a la vivienda de lujo para extranjeros. Cano detalla el aumento que las compras de inmuebles de más de 500.000 euros han experimentado en los últimos años respecto al global de transacciones en el conjunto de España: “Si en 2020 fueron un 5,6% del total, en 2023 se doblaron hasta representar un 11%”. “Estos compradores han tirado del mercado en un momento de caída, donde agentes o inmobiliarias que se dedicaban a la intermediación doméstica se han abierto a trabajar con este perfil de extranjero, ha resultado positivo para el sector y ha ayudado a profesionalizar el colectivo”, añade. La experta, tesorera de la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario (AMPSI), celebra además que estas compras y las elevadas rentas de sus compradores repercuten en los impuestos que recaudan las administraciones, como el de transmisiones patrimoniales.

Un seguro para clases acomodadas de países inestables

Otros actores del sector, sin embargo, apuntan que parte de las compras de inmuebles de más de 500.000 euros las hacen ciudadanos extracomunitarios que apenas han estado en las ciudades donde compran o incluso nunca las han pisado. Bien porque compran estas viviendas como inversión para alquilarlas; bien porque las compran como seguro si algún día tienen que abandonar su país: es el caso, apunta, de compradores de China, Rusia o Ucrania, y países de Latinoamérica, como México, Colombia o Venezuela. “Para algunos compradores la visa oro permite venir a España, pero para otros es la oportunidad de salir, tener un permiso de residencia si en su país la situación política o de inseguridad empeora”, apunta una fuente legal.

Desde el bufete RCD, con presencia en varias ciudades españolas, el responsable de derecho fiscal, Jorge Sarró, confirma la existencia de inversores que “quieren tener una residencia a modo de seguro” y recuerda que de todos los permisos que concede la Ley de Emprendedores de 2013, el que se otorga por la compra de viviendas de más de 500.000 euros “es el único que no exige residencia efectiva en España”. Sarró cita, advirtiendo de que puede ser anecdótico, a “personas de cierta edad de California (Estados Unidos) que ante la eventualidad de que ganara [las elecciones Donald] Trump se han interesado por estos visados”. La presencia de estadounidenses ha aumentado en zonas de litoral, como la Costa del Sol o la Costa Brava.