Los clubes náuticos catalanes se resisten a echar el ancla por la Ley de Costas

Cada palo que aguante su vela. Contra viento y marea, algunos clubes náuticos catalanes resisten desde al menos seis años las advertencias de derribo que llegan desde el Ministerio para la Transición Ecológica por el incumplimiento de la Ley de Costas. La normativa vigente desde 1988, modificada en 2014, establece que las instalaciones costeras no pueden superar los 300 metros cuadrados en dominio público con una licencia máxima de 30 años. Dos clubes fueron derribados hace tres años por superar este límite: el CN de Cabrera de Mar y el CN Pineda de Mar. Ahora, cuatro de los ocho que rebasan ese área están a punto de desaparecer.

Carlos Sánchez es presidente del CN Bétulo de Badalona, una de las 33 sociedades catalanes federadas que desarrollan sus actividades en la playa. Recibió a finales de abril la notificación de derribo. “Es como si me dijeran que tengo que jugar al fútbol en mi piso de 80 metros cuadrados. Es una barbaridad”, describe a EL PAÍS por teléfono. El club badalonés cuenta con 750 socios y genera alrededor de 30 puestos de trabajo durante todo el año. Utiliza más del espacio permitido por la ley para guardar materiales como tablas, barcos veleros e impartir talleres marinos. “No somos una discoteca en medio de la playa. Cumplimos una labor a escala social, deportiva y educativa muy importante”, asegura Sánchez, que acaba de recurrir la orden de derribo: “Hemos puesto la demanda. Toca esperar. Lucharemos hasta el final”.

Entre la Costa Dorada, la Costa Brava y la de Barcelona hay 600 kilómetros de playa donde 68 clubes federados realizan regatas, clases de natación o paddle surf. También se celebran eventos deportivos, como la Copa del América de vela que comienza el 22 de agosto. “Luego sacamos pecho de los regatistas de aquí”, comenta el presidente del CN Bétulo, que está considerado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). Es una de las alternativas a las que se aferran los clubes para intentar sobrevivir.

La declaración como BCIL no es suficiente para asegurar la vida de los clubes. La Ley de Costas solo deja de ser efectiva si el reconocimiento cultural se eleva a escala nacional (BCIN), como explica Gonzalo Fuster, vicepresidente del Club de Mar de Sitges, que cerrará sus puertas a finales de septiembre si no se calman las aguas. “No tiene ningún sentido. Enriquecemos el tejido social de la comunidad local, formamos parte de su patrimonio y dinamizamos un deporte emblemático de Cataluña que se están cargando”, argumenta Fuster, quien explica que el club, donde trabajan 35 personas a lo largo del año y acuden 550 socios, tiene “varios frentes judiciales abiertos”.

Los otros dos clubes que pueden echar el ancla por la Ley de Costas son el CN de Torredembarra y el CN de Vilassar de Mar. Jesús Majem, presidente de la entidad vilasarense, también está inmerso en la lucha para flexibilizar una normativa que no se ajusta a la realidad. “Teníamos una concesión originaria de 1967 para 99 años, pero la modificación de la ley lo redujo a 30 años. Demarcación de Costas no quiere prorrogarnos la licencia porque hay una diferencia de la superficie concedida con respecto a la que utilizamos hoy en día”, explica por teléfono Majem, quien asegura que también iniciará el camino judicial que recorren ahora el CN Bétulo o el CM de Sitges. “Tendremos que ir al Tribunal Superior de Cataluña y después a otras sedes”, asegura.

La Generalitat es quien debe debe reconocer a los clubes como BCIN, como ocurre con las bibliotecas o museos que protegen el patrimonio histórico. Los clubes náuticos de Cataluña, tanto los portuarios como los de playa, formarán una plataforma para proteger su labor y lograr una flexibilización de la normativa vigente. “Somos entidades sin ánimo de lucro que promovemos valores que te forman como persona y deportistas que consiguen medallas mundiales”, defiende Fuster. El presidente del CN Vilassar, que genera alrededor de 100 puestos de trabajo durante todo el año, lo corrobora: “Cuando [las autoridades] han comprobado el papel que desempeñamos y la gente que participa en todas nuestras actividades, se dan cuenta de que hay que encontrar una solución”. Este centro deportivo colabora en programas de formación escolar, tiene 2.000 socios y otros 2.000 particulares en verano.

La Ley de Costas depende del Ministerio para la Transición Ecológica, que preside Teresa Ribera. Pero es la Generalitat quien tiene desde 2008 la potestad para conceder las licencias. Desde el Ministerio explican a este periódico que existe “una comunicación fluida” con el Govern para dar una solución a estos clubes que se encuentran en una situación “de alegalidad o ilegalidad” y que generan arraigo social en Cataluña. Una portavoz del Departamento de Territorio, que aún encabeza Ester Capella, insiste en que el Ejecutivo catalán no ha emitido ninguna orden de cierre. “Se están estudiando detenidamente con el Ministerio las posibilidades de legalizar las instalaciones existentes. En cualquier caso, solo comunicaremos una obra que haya dictado el Ministerio”, explica esta representante, quien remarca que los clubes deben adaptarse a la normativa y que algunos “solo requieren pequeñas modificaciones”.

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