El mes negro de Pujol y Mas

En el Palau de la Música sonaba la Toccata y fuga en re menor, BWV 565 de Bach, la misma composición que utilizó Billy Wilder para mostrar en El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard) egos infinitos y ganas de recuperar el esplendor perdido. Era el 23 de julio de hace 15 años cuando los mossos entraban en el edificio modernista de Domènech i Montaner, de donde brotaba un manantial de corrupción. La banda sonora era indicada para el momento: Artur Mas había fracasado en el intento de suceder a Jordi Pujol desde 2003, pero el horizonte de 2010 se atisbaba como la gran esperanza de Convergència de volver al poder por la puerta grande, después de siete años barbechando en la oposición.

Nada debía arruinar ese objetivo. En noviembre de 2010, Artur Mas aseguraba en la recta final electoral: “Todo esto [del caso Palau] es una burbuja que quedará en nada; cortadme el cuello si la Generalitat es una administración corrupta bajo un Gobierno de CiU”. “A tres semanas de las elecciones se les ve el plumero; hagan lo que hagan el cambio llegará a Cataluña porque el pueblo lo quiere”, concluyó Mas. Su mentor, Jordi Pujol, remachó el clavo, estableciendo similitudes –todo un clásico– entre el caso Banca Catalana y el caso Palau. “En estas cosas yo ya tengo experiencia… Y al final nada de nada”. Efectivamente, en mayo de 1984, el entonces presidente de la Generalitat ya se presentaba como víctima del Gobierno central y de la fiscalía: “Han hecho una jugada indigna; a partir de ahora de ética y de moral hablaremos nosotros, no ellos”, proclamó ante sus seguidores en la plaza de Sant Jaume con motivo de la querella de Banca Catalana, finalmente archivada.

Pero esta vez no sucedió lo mismo. Artur Mas llegó al poder presidencial en diciembre de 2010. La “burbuja” que pronosticaba, sin embargo, ha acabado siendo un remolino que ha engullido a Convergència, hasta hacerla desaparecer. Y todo empezó ese 23 de julio, después de que el Juzgado de Instrucción Número 30 de Barcelona hubiera aceptado la querella de la fiscalía contra Fèlix Millet –presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música– por falsedad y apropiación indebida. Tras unos sospechosos ingresos y la circulación vertiginosa de billetes de 500 euros desde el Palau, apareció la trama de corrupción que durante 10 años –de 1999 a 2009– alimentó a Convergència. El partido de Pujol y Mas cobró, al menos, 6,6 millones de euros en comisiones ilegales. Ferrovial, la empresa constructora de obras faraónicas como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 de metro, camuflaba las mordidas como donaciones altruistas al coliseo modernista. El importe de esas comisiones suponía el 4% de la obra adjudicada: 2,5% para Convergència Democràtica y 1,5% para Millet y su director financiero, Jordi Montull.

El fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, recordaba en este diario –al cumplirse 10 años del registro policial en el Palau en conversación con el periodista Jesús García– que mientras sonaba Bach al órgano y la policía procedía al registro, el móvil de Millet sonó: era el futuro presidente de la Generalitat quien se interesaba por cómo iba el registro. “¡Es que es Mas! ¡Es Mas!”, se justificaba Millet ante el fiscal, que entonces desconocía el alcance de esa simbiosis entre burgueses parasitarios y CDC.

A pesar de que las trituradoras funcionaron a pleno rendimiento durante muchos días en el Palau para no dejar rastros comprometedores, hubo material suficiente para una dura condena. Artur Mas ya reconoció en 2017 que Convergència se había financiado “en la frontera de la moralidad”. La sentencia demostró que el partido había cruzado la línea de la legalidad. Y es que julio y sus calores –entre el 15 aniversario del inicio del caso Palau y el 10 cumpleaños de la confesión de Jordi Pujol– se antoja un mes negro para el nacionalismo conservador catalán y su patrimonial concepto del poder.

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