El Ayuntamiento de Barcelona insta al desalojo de las paradas de los pajareros de la Rambla y estos se niegan a entregar las llaves

El Ayuntamiento de Barcelona acaba de marcar la cuenta atrás para derribar -en las próximas semanas- los quioscos de los antiguos pajareros de La Rambla tras un periplo judicial que comenzó en 2011. Técnicos del Instituto de Mercados han visitado este jueves las once paradas de los expajareros pidiéndoles que le entregaran las llaves. El Consistorio alega que hay 20 sentencias judiciales contrarias a los intereses de los empresarios, que están trabajando sin licencia y con las obras de reforma del paseo pisándoles los pies. Una reforma aprobada en el pleno del Ayuntamiento y que prevé demoler todos estos quioscos. Ninguno de los responsables de las paradas ha entregado las llaves de sus negocios y el Consistorio ya ha anunciado que reclamará auxilio judicial para proceder a desalojar, utilizando a la Guardia Urbana, las paradas que acabarán demoliéndose.

El director de los servicios jurídico del Ayuntamiento, Manuel Mallo, asegura que los antiguos pajareros “saben que no tienen derecho” a continuar en sus paradas, pero están aprovechando la actitud “garantista” de la administración municipal. Mallo defiende que hay 20 resoluciones judiciales de juzgados ordinarios, pero también del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo y del Constitucional y “todas son favorables al Consistorio”.

El responsable de los servicios jurídicos ha dado la versión del Consitorio. En 1971 se autorizaron 11 paradas en la zona de Canaletes de la Rambla para vender animales de compañía, pienso y jaulas. Los paradistas siguieron su actividad cuando en 2003 el Parlament de Cataluña aprobó una ley de protección de animales que prohibía la venta de mascotas en vitrinas y jaulas expuestas al público. La normativa prohibía así la venta que se estaba efectuando en este paseo. El Ayuntamiento de Barcelona diseñó su propia ordenanza y dio un margen a estos empresarios para buscar como podrían adaptarse a la nueva situación. Fue tal la búsqueda de soluciones que en 2009 el Consistorio firmó un convenio para transformar estos negocios en paradas de helados, recursos turísticos, gofres y turrones. Dos años más tarde, en 2011, los tribunales declararon nulas estas licencias al entender que había incumplimientos procedimentales y por no haber pasado por el pleno la reconversión de estos negocios. Los paradistas recurrieron la decisión pero el Tribunal Supremo acabó sentenciando que las licencias eran nulas.

En 2016 el Plan Especial de Ordenación de la Rambla ya preveía la desaparición de estos quioscos y se empezó a barajar, entonces, la posibilidad de expropiar los quioscos, pero en verano de 2021 el Consistorio aseguró que no tenía que hacer ni siquiera eso porque habían transcurrido 50 años desde que comenzó la concesión en 1971 y por tanto ya había quedad extinguida. Los paradistas reclamaron a los tribunales y, según Mallo, los juzgados también confirmaron la versión del Consistorio.

“Ahora mismo no tienen ningún título ni licencia. Mientras tenían algún tipo de título se negoció con ellos y se les ofreció compensaciones para renunciar a las paradas, pero ellos entonces plantearon una Iniciativa Legislativa Popular para que el Parlament protegiera el mercado de pájaros como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, recuerda el letrado. La iniciativa se admitió a trámite, pero fue rechazada. Los pajareros recurrieron al Constitucional que advirtió de que el Parlament actuó correctamente y ahora se ha recurrido al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Con todos estos recursos los paradistas han ido consiguiendo alargar los plazos y mantenerse más días abiertos. Este jueves los técnicos del Ayuntamiento, después de un último revés contrario a los intereses de los expajareros, funcionarios del Instituto Municipal de Mercados acompañados por la Guardia Urbana han ido a solicitar las llaves de las paradas a los empresarios. Ninguno de los 11 las ha entregado. Xavier Cuenca, uno de los empresarios que posee cinco de las once paradas, ha asegurado a EL PAÍS que no se han entregado las llaves ya que todavía hay interlocutorias en los juzgado por resolver. “Además, todavía está judicializadas la nulidad de las licencias”, ha aclarado Cuenca.

El gerente del Instituto Municipal de Mercados, Màxim López, mantiene que el siguiente paso será en las próximas semanas pedir autorización judicial para desalojar las once paradas. De hecho, el gerente de promoción económica, Miquel Rodríguez, ya ha alertado que “no existe mucho margen” de negociación. “O acabamos la vía judicial o redactamos un acuerdo escrito, cerrado y con garantías para que los ellos abandonen las paradas en el día que determinemos”, ha alegado Rodríguez. El culebrón de las paradas de los antiguos pajareros llega a su fin y, según el Ayuntamiento, en cuestión de semanas los juzgados autorizaran su desalojo y el posterior derribo.

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