Pisos turísticos y el fin de la barra libre

La gallina de los huevos de oro que es el turismo se ha convertido en una de las carpetas más incómodas del gobierno municipal de Barcelona. Los récords de visitantes que se acumulan año tras año en una ciudad con cerca de 20 millones de pernoctaciones han dejado de ser motivo de júbilo para pasar a ser una preocupación más del equipo del alcalde Jaume Collboni. Nadie -o casi- quiere perder turismo pero el riesgo de desbordamiento es evidente, y ello supone una gran losa sobre los barceloneses: el precio y la falta de vivienda.

El alcalde parece haber captado este mensaje que ya se destila en las encuestas. El turismo es la cuarta preocupación de los barceloneses tras la inseguridad, la vivienda y la limpieza, según el último barómetro municipal. Semanas atrás, el equipo de gobierno ya dio las primeras señales de querer hacer frente a esta preocupación con el anuncio de que pretende reducir el número de cruceros en la ciudad. Pero a sabiendas de que esta reducción depende en última instancia del Puerto de Barcelona y no tanto del consistorio, ahora emite otra señal más clara: Hay que poner freno al descontrol de los pisos turísticos y cerrarlos. Por su impacto sobre el precio y disponibilidad de la vivienda, sí, pero también para evitar que vecinos y turistas acaben compitiendo por este recurso -con evidente inferioridad de condiciones de los primeros- y para ordenar el fenómeno turístico.

Al fin y al cabo, no tendría sentido que el plan de limpieza y orden público sobre el que Collboni ha edificado buena parte de su primer año al frente de la alcaldía -el llamado Pla Endreça-, no afectara también al sector turístico. La Barcelona de 2024 no puede estar ordenada si no hay un turismo ordenado. El mensaje, al fin y al cabo, es el mismo que comienzan a lanzar muchas de las grandes urbes globales que viven presionadas por el aumento de visitantes: turismo sí, pero con turistas durmiendo en hoteles y no en las casas que otrora eran viviendas. Desde Nueva York hasta Ámsterdam, muchas ciudades comienzan a tomar medidas y nadie entendería que no se hiciera lo mismo en Barcelona.

Tiempo habrá para evaluar la efectividad del plan lanzado ayer por el Ayuntamiento. Extinguir ni más ni menos que las 10.000 licencias en el plazo de cinco años a partir de la aplicación estricta del decreto catalán sobre viviendas turísticas parece una labor titánica. Si lo consiguen y la medida no se devalúa, Collboni podrá apuntarse un tanto político sin precedentes. Si se queda en una declaración de intenciones, la desilusión de muchos vecinos desesperados por la falta de vivienda y por las molestias que provocan los pisos turísticos puede tener un efecto demoledor. En Barcelona, como en otras ciudades globales, está en manos de los poderes públicos demostrar que el turismo también se puede gobernar.

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