Archivada la causa judicial por corrupción contra el exalcalde de La Seu Albert Batalla

El juzgado de instrucción número 2 de La Seu d’Urgell (Lleida) ha archivado de forma definitiva la investigación que mantenía abierta contra el exalcalde Albert Batalla (PDeCAT) y otros cargos y funcionarios de su ayuntamiento por delitos de corrupción. El juez concluye que no existen indicios de delito y accede la petición de las defensas (respaldada por la Fiscalía) de cerrar un caso que nació con una denuncia anónima presentada apenas una semana antes del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 y que supuso el registro del Ayuntamiento de La Seu y del Consell Comarcal.

Batalla, que fue alcalde de La Seu entre 2008 y 2019, celebra el archivo de la causa, pero lamenta el tiempo transcurrido. “Ha acabado como, desde el primer día, dijimos que acabaría. La denuncia anónima tenía una clara intención política tanto por el contenido como por el momento elegido”, señala Batalla, que tiene 46 años y es consultor en materia de sostenibilidad en una empresa privada. “Nunca supimos quién tuvo la iniciativa, pero tendría que rectificar porque ha resultado ser una denuncia falsa”.

La denuncia se presentó el 27 de septiembre de 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción, que inició sus pesquisas y acabó presentando una querella ante los juzgados de La Seu. La investigación judicial comenzó hace cinco años. En marzo de 2019, agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la sede del Ayuntamiento de La Seu d’Urgell y del Consejo Comarcal del Alt Urgell por orden del juez, que había abierto la causa por delitos contra la administración pública, prevaricación, malversación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Según relataba la querella, Batalla y otros cargos del consistorio y del consejo comarcal utilizaron empresas públicas y privadas a modo de pantalla para beneficiarse de la adjudicación de servicios públicos. La Fiscalía también les acusaba inicialmente de obtener ayudas públicas “de forma arbitraria” para “enriquecerse personalmente”. La investigación judicial se dividió en dos patas: la que afectaba al ayuntamiento y la que afectaba al consejo comarcal, que llevaron a declarar como investigados a Batalla y a los tenientes de alcalde Jesús Fierro y Mireia Font. Pese a que las causas se archivaron en un momento inicial, la Guardia Civil siguió aportando datos que mantuvieron vivas las pesquisas.

El auto de archivo, dictado en febrero, subraya en ninguna de las líneas de investigación se han hallado indicios de delito. En lo que toca al consejo comarcal, los agentes investigaron la gestión presuntamente irregular de fondos Feder para la limpieza de caminos forestales, para la instalación de fibra óptica o para calderas de biomasa. También indagaron supuestas irregularidades en la gestión diaria del ayuntamiento: fraccionamiento de contratos, adjudicación de servicios y necesarios, pagos por estudios y proyectos nunca ejecutados o la contratación de medio centenar de trabajadores que no habían pasado un proceso selectivo.

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